Burford solicita a la Justicia estadounidense el traspaso de las acciones del Estado argentino en YPF tras fallo por expropiación

Burford, el bufete de abogados inglés que se convirtió en el principal beneficiario del juicio por el que el Estado argentino fue condenado a pagar USD 16.000 millones, ha solicitado a la Justicia estadounidense que todas las acciones que el Estado posee en YPF (el 51% del paquete accionario) pasen a su nombre. Esta petición surge ante la falta de pago por parte de Argentina y la ausencia de negociaciones luego de la condena que llegó el año pasado.

La demanda, que ya lleva más de 9 años de trámite y se encuentra en proceso de apelación, se originó después de que la jueza Loretta Preska fallara en contra del país, encontrándolo culpable de expropiar incorrectamente la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido de Burford incluye también las acciones de YPF que están en manos de las provincias. En noviembre del año pasado, la jueza Preska indicó que las acciones pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Se espera que Preska tome una decisión en la primera semana de junio.

La ley de Expropiación establece que está prohibida la transferencia futura de las acciones sin la autorización del Congreso de la Nación, votada por las dos terceras partes de sus miembros. Sin embargo, si la jueza falla a favor de Burford y el Estado no cumple, Argentina entraría en desacato con la corte norteamericana, una situación que ya ocurrió hace casi 10 años con el juez Thomas Griesa.

A comienzos de marzo, comenzaron a llegar los pedidos de reconocimiento de la sentencia, el paso previo a las solicitudes de embargos de bienes del Estado. Argentina apeló la medida, pero nunca presentó avales por los USD 16.000 millones, lo que desencadenó el pedido de embargo y la actual solicitud de traspaso de acciones.

El presidente Javier Milei ha hablado sobre el caso, reconociendo que el país no cuenta con los USD 16.000 millones para pagar, pero asegurando que tiene la voluntad de hacerlo. Como solución, propuso la creación de un nuevo impuesto, al que denominó "tasa Kicillof", en referencia al actual gobernador bonaerense, quien era viceministro de Economía en 2012 y uno de los impulsores de la expropiación.

La situación actual pone de manifiesto la complejidad del caso y la urgencia de encontrar una solución que evite mayores perjuicios para el Estado argentino y sus bienes. Las próximas semanas serán cruciales para conocer el desenlace de esta disputa legal y su impacto en la propiedad de YPF.