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title: "EL SUPERÁVIT QUE SE PAGA CON DEUDA: $5,6 BILLONES EN FACTURAS IMPAGAS SOSTIENEN EL RELATO FISCAL"
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date_published: "2026-04-25T08:34:00-03:00"
date_modified: "2026-04-25T08:44:04-03:00"
tags:
  - "Crisis"
  - "Deuda"
  - "Economía"
  - "Economía Argentina"
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  - "Política"
  - "Superávit"
  - "Superávit Fiscal"
author_name: "Gustavo Rodolfo Reija-CEO Netia Group SAS"
category_name: "Economía"
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category_description: "Economía, finanzas, administración, estrategia, negocios, argentina, milei, caputo, bcra, dólar, dolarización, devaluación, déficit fiscal"
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# EL SUPERÁVIT QUE SE PAGA CON DEUDA: $5,6 BILLONES EN FACTURAS IMPAGAS SOSTIENEN EL RELATO FISCAL

El ancla fiscal del programa económico tiene una fisura que los datos oficiales ya no permiten disimular. Mientras en marzo el gobierno logró obtener un superávit primario de $930.284 millones, datos de la Tesorería General revelaron que en el mismo período la deuda flotante —gastos devengados pero no pagados— creció $2 billones, pasando de $1,95 billones en febrero a $4,04 billones. Lo que implica que el 74% del superávit primario se explica porque el Tesoro gasta y no paga.

La dimensión del salto no tiene precedentes en la gestión actual. Según análisis de mercado, se trata de la mayor suba en pesos constantes desde diciembre de 2023. La deuda flotante del primer trimestre equivale al 9,7% del total devengado, por encima del 7,5% observado en el mismo período de 2025. Los rubros más afectados revelan la naturaleza real del ajuste: gastos de capital con deudas equivalentes al 41,8% de lo devengado, bienes y servicios con el 29,8%, y remuneraciones con el 11,3%. Lo que el superávit no paga no desaparece. Se acumula como obligación cierta en los libros de la Tesorería y, eventualmente, alguien tiene que pagarlo.

La consecuencia operativa ya es visible en la economía real. La crisis en el transporte automotor del AMBA por falta de pago de subsidios y la interrupción de servicios por parte de prestadores del sistema de salud para jubilados son síntomas de la misma patología: el Estado transfiere su déficit de liquidez al sector privado, destruye el capital de trabajo de las empresas y paraliza el multiplicador del gasto. El proveedor que no cobra del Estado retrasa pagos a sus propios proveedores. El efecto dominó profundiza la recesión que el propio programa necesita revertir para sostener la recaudación que financia el superávit que promete mantener.

Ese es el circuito autodestructivo que los datos fiscales de abril de 2026 documentan con precisión contable. Y se agrava por el lado de los ingresos.

La recaudación tributaria nacional acumula ocho meses consecutivos de caída real. El primer trimestre de 2026 cerró con una baja del 7,3% interanual, y del 9,4% respecto a 2023. No es un episodio puntual. Es la contracción efectiva de las bases imponibles que resulta del deterioro de la actividad económica real. Los derechos de exportación cayeron 35% en marzo y acumulan cerca de 38% en el trimestre, por la reducción de alícuotas que disminuyó la contribución del sector exportador al sostenimiento fiscal. Los recursos de la Seguridad Social, que representan el 28% del total, cayeron 2,3% en marzo y 3,8% en el trimestre, reflejando la fragilidad del empleo formal y los salarios reales.

La pérdida consolidada de recaudación real en el primer trimestre fue de $4,2 billones entre Nación y provincias. La combinación es la que cualquier manual de finanzas públicas advierte como insostenible: ingresos que caen, gastos que se postergan para simular equilibrio, y actividad económica que se contrae por el efecto combinado de ambos fenómenos.

El mecanismo tiene nombre técnico y es conocido por todo analista fiscal: la divergencia entre resultado base caja y resultado base devengado. Si el Tesoro hubiera honrado sus compromisos devengados en marzo, el superávit se habría transformado en un déficit de $274.060 millones. Eso no significa que el gobierno mienta sobre el superávit. Significa que el superávit existe en la contabilidad de caja pero no existe en la contabilidad de compromisos reales asumidos. La diferencia entre ambas mediciones es la deuda flotante, y esa deuda, en algún momento, tiene que pagarse.

Fuentes técnicas del propio Ministerio de Economía estiman que la deuda flotante acumulada en lo que va de 2026 ronda los $5,6 billones, equivalentes a USD 4.000 millones. En los últimos días se ordenó un recorte adicional del 2,5% del gasto total del presupuesto a ejecutar antes del 30 de abril, combinando una reducción del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos de capital. La poda se ejecuta en un contexto donde los ingresos apenas alcanzan para cubrir salarios y el resto de las erogaciones permanece frenado.

El problema de fondo, desde la perspectiva desarrollista que orienta este análisis, no es que el superávit sea contablemente frágil. Es que la estrategia de sostenerlo mediante compresión del gasto real destruye exactamente la base productiva que genera la recaudación futura que haría al superávit genuinamente sustentable. Recortar obra pública elimina la inversión que genera actividad transaccional. Recortar ciencia destruye la capacidad de innovación que genera valor agregado exportable. Postergar pagos a proveedores rompe cadenas de pago que generan empleo formal que tributa aportes y contribuciones.

El superávit fiscal argentino de 2026 no está siendo erosionado por un shock externo. Está siendo consumido por las consecuencias internas de su propio mecanismo de sostenimiento. Una economía que pierde 22.000 empresas, que opera su industria al 53% de capacidad, que destruye 300.000 puestos formales y que acumula ocho meses de caída recaudatoria no puede sostener un superávit genuino por compresión infinita del gasto. La compresión tiene un límite físico: cuando ya no queda qué comprimir, lo que queda es dejar de pagar. Y eso es exactamente lo que muestran los $4 billones de deuda flotante de marzo.

La erosión del superávit no se revierte con un anuncio ni con un acuerdo multilateral. Se revierte reconstruyendo la base productiva que genera recaudación genuina. Eso requiere instrumentos de política productiva que el programa vigente desmanteló. Mientras esos instrumentos no existan, el ancla fiscal seguirá dependiendo de postergar pagos y comprimir gasto real. Ambas herramientas tienen fecha de vencimiento. Y los datos de la Tesorería General sugieren que esa fecha está más cerca de lo que el relato oficial admite.

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