Milei defiende su plan en los medios: crecimiento y desregulación para transformar Argentina
El presidente Javier Milei delineó en una extensa columna publicada en Infobae las bases conceptuales y operativas de su estrategia
La administración libertaria presentó una hoja de ruta económica que combina disciplina fiscal, desarrollo del capital humano y liberalización de mercados como pilares fundamentales para revertir décadas de estancamiento. El presidente Javier Milei delineó en una extensa columna publicada en Infobae las bases conceptuales y operativas de su estrategia, estableciendo comparaciones históricas que abarcan desde la revolución industrial hasta las reformas menemistas, mientras proyecta un futuro de expansión sustentado en sectores estratégicos como energía, minería y tecnología.
El mandatario trazó un recorrido histórico de 300.000 años para contextualizar el fenómeno del crecimiento económico moderno. Según su análisis, la humanidad vivió en condiciones de subsistencia extrema hasta finales del siglo 18, cuando aproximadamente 800 millones de personas habitaban el planeta y al menos el 95 por ciento sobrevivía con menos de un dólar diario. La transformación radical llegó con la revolución industrial, multiplicando la población global por diez y elevando el producto per cápita quince veces, cambios que en términos proporcionales equivaldrían a los últimos tres segundos de un día completo.
La estrategia gubernamental se fundamenta en principios económicos clásicos que priorizan la acumulación de capital físico y humano como motores del desarrollo. El ejecutivo rechaza explícitamente las recetas keynesianas de estímulo al consumo mediante déficit fiscal y redistribución del ingreso, argumentando que estas políticas socavan los derechos de propiedad y desincentivan tanto el ahorro como la inversión. También descarta los modelos de crecimiento basados en exportaciones, señalando que implican exportar ahorro nacional y reducir la inversión doméstica.
El ajuste fiscal implementado alcanza el 15 por ciento del producto bruto interno, distribuido entre 5 puntos porcentuales en el Tesoro Nacional y 10 puntos en el Banco Central. Esta contracción del gasto público del 30 por ciento en términos reales busca efectos múltiples: eliminar la emisión monetaria para controlar la inflación, restaurar los equilibrios de precios relativos y devolver recursos al sector privado para potenciar el ahorro y la inversión. Las proyecciones oficiales anticipan que la inflación será historia hacia mediados de 2026.
La política de déficit cero garantiza una relación deuda-producto estable, asegurando la solvencia intertemporal del Estado. Este factor explica parcialmente la reducción del riesgo país desde los 3.000 puntos básicos al momento electoral hasta niveles cercanos a los 600 puntos actuales. La administración sostiene que mantener el equilibrio fiscal en la línea financiera permitiría un crecimiento per cápita del 4 por ciento anual durante más de una década, constituyendo un piso mínimo considerando que se alcanzó reduciendo gastos sin incrementar la presión tributaria.
Los resultados preliminares contradicen las predicciones pesimistas que auguraban una depresión económica sin control inflacionario. La tasa de variación mensual de precios mayoristas se redujo cincuenta veces, mientras el nivel de actividad medido por el estimador mensual de actividad económica registró en diciembre de 2024 un incremento del 6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. El gobierno afirma que 10 millones de argentinos salieron de la pobreza durante este proceso, convirtiendo la curva de Phillips en una reliquia teórica obsoleta.
El Ministerio de Capital Humano emerge como eje central de la estrategia de desarrollo a largo plazo. La cartera conducida por Sandra Pettovello abarca seis áreas fundamentales: niñez y familia, salud, educación, recapacitación laboral, trabajo y sistema previsional. Esta estructura busca abordar integralmente las dos generaciones de capital humano, desde la nutrición y salud infantil hasta la formación continua de la fuerza laboral adulta, reconociendo que este factor explica aproximadamente 70 puntos porcentuales del crecimiento económico según estudios empíricos citados.
La fundamentación teórica se remonta a los trabajos de Robert Solow y Trevor Swan de 1956 sobre el modelo neoclásico de crecimiento, que inicialmente explicaba solo el 15 por ciento del desarrollo económico. La incorporación del capital humano, desarrollada en la Universidad de Chicago por Gary Becker, Hirofumi Usawa y posteriormente Paul Romer bajo la tutela de Robert Lucas Jr., elevó el poder explicativo al 85 por ciento según el trabajo de Gregory Mankiw, David Romer y David Weil de 1989.
La liberalización económica constituye el tercer pilar del programa. El gobierno cita evidencia empírica indicando que los países más libres crecen al doble de velocidad que los reprimidos, alcanzando un producto per cápita doce veces superior. Además, registran 25 veces menos pobreza en formato estándar y 50 veces menos en pobreza extrema, con una expectativa de vida 25 por ciento mayor. La administración adopta la definición de liberalismo de Alberto Benegas Lynch hijo, basada en el respeto irrestricto del proyecto de vida ajeno y el principio de no agresión.
Las instituciones fundamentales del modelo incluyen propiedad privada, mercados libres de intervención estatal, libre competencia con entrada y salida sin restricciones, división del trabajo y cooperación social. El ejecutivo argumenta que estos principios éticos occidentales constituyen condición suficiente para el crecimiento dinámico, citando a Jesús Huerta de Soto sobre la imposibilidad de que sistemas injustos sean eficientes, mientras todo sistema justo resulta necesariamente eficiente.
La política de desregulación, liderada por Federico Sturzenegger, se basa en liberar los rendimientos crecientes a escala que las regulaciones tradicionales suprimen en nombre de la competencia perfecta. El gobierno sostiene que la teoría neoclásica, al considerar negativos los rendimientos crecientes por generar estructuras concentradas, justifica intervenciones que terminan aniquilando el crecimiento económico. El decreto de necesidad y urgencia 70/23, la Ley Bases y las reformas estructurales implementadas superan en 25 veces la magnitud de las reformas menemistas, previamente consideradas las más ambiciosas de la historia argentina.
Los sectores identificados como motores del crecimiento futuro incluyen petróleo, gas, minería con énfasis en uranio, cobre, oro y litio, el sector agropecuario calificado como el mejor del mundo, desarrollo nuclear e inteligencia artificial. El régimen de incentivo a las grandes inversiones complementa este esquema, aprovechando la reducción del riesgo país, la menor distorsión inflacionaria y la presión impositiva decreciente para atraer capitales productivos.
La inserción internacional de estos sectores anticipa una apreciación del peso que el gobierno considera beneficiosa. Las divisas generadas se volcarán hacia el sector no transable de servicios, más intensivo en mano de obra y con mayor velocidad de creación de empleo. Esta dinámica sectorial busca compensar los efectos distributivos del ajuste inicial mediante la generación de oportunidades laborales en actividades de mayor valor agregado.
El discurso presidencial incluye críticas directas a quienes cuestionan el modelo, afirmando que rechazar las ideas libertarias solo puede obedecer a obstrucciones mentales o espirituales, o a intereses vinculados al saqueo estatal. También arremete contra las políticas verdes por su impacto negativo en la natalidad y el crecimiento demográfico, defendiendo posiciones antiabortistas desde una perspectiva económica además de moral.
La columna concluye con la afirmación de que Argentina está en condiciones de retomar el sendero del crecimiento sostenido, salvo que se retorne a políticas socialistas. El lema importado del trumpismo estadounidense, hacer a la Argentina grande nuevamente, sintetiza las aspiraciones oficiales de transformación estructural mediante la aplicación ortodoxa de principios de mercado y la eliminación de intervenciones estatales consideradas distorsivas.
Este programa económico integral representa una apuesta radical por revertir décadas de intervención estatal y déficit fiscal crónico. Su éxito dependerá de la capacidad para mantener los equilibrios macroeconómicos alcanzados mientras se implementan reformas estructurales profundas, en un contexto político y social que históricamente ha mostrado resistencia a ajustes de esta magnitud. El tiempo dirá si las proyecciones optimistas del gobierno se materializan o si las complejidades de la realidad argentina imponen límites a la ambiciosa agenda libertaria.
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