A poco de asumir la actual administración nacional se dictó el Decreto 88/2023 a través del cuál se prorrogó la ley de Presupuesto General de la Administración Nacional vigente en el año 2023 para el Ejercicio fiscal 2024.

La decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 genera un doble efecto: por el lado de los gastos, fija un techo nominal a los mismos mientras que, por el lado de los ingresos, permite redistribuir en forma discrecional el excedente de recursos fiscales que se obtengan por sobre lo obtenido en el 2023.

Hagamos algo de historia.

El proyecto de Presupuesto que dejó Massa

El presupuesto 2024 elaborado por la gestión Massa, proyectaba un total de Gastos (Corrientes + Capital) de $ 67.844.268.955.282, con una inflación proyectada del 69.5% anual, una tasa de crecimiento de 2.7% y un nivel de déficit primario de 0.9% del producto. 

Para llegar a ese nivel de déficit primario se ponía el acento en la recuperación del sector agropecuario, luego de la sequía del 2023, y en el extraordinario crecimiento de los recursos fiscales a ser percibidos en concepto de retenciones al sector agropecuario. 

La previsión era que tal concepto pasaría, en porcentaje del producto, de representar el 0.63% de la recaudación total a un 1.43% en 2024.

Este proyecto, que no llegó a ser tratado, se basaba en una previsión inflacionaria totalmente alejada de la realidad, que subestimaba los ingresos fiscales proyectados y sobre estimaba los gastos.

Asumido el gobierno de Milei se toma la decisión de no dar tratamiento al proyecto mencionado y prorrogar el vigente para el año 2023.

Es obvio que, desde un punto de vista nominal, dado el régimen de alta inflación por el que nuestra economía está transitando, los recursos fiscales 2024 excederán, nominalmente, los montos presupuestados para el ejercicio fiscal del año pasado.

Esta situación generará un excedente de recursos fiscales que el gobierno podrá redistribuir en forma discrecional entre las distintas partidas que componen el Presupuesto.

En el siguiente cuadro se detalla el punto de partida del gobierno para la ejecución fiscal de este año en relación al Presupuesto 2023 prorrogado.

Dado el set de medidas económicas puestas en marcha, que no constituyen un Plan de Estabilización Integral, sino que apuntan a lograr un reacomodamiento de los precios relativos, sincerando valores artificialmente contenidos, y la licuación de la base monetaria y los pasivos remunerados del Banco Central, con el objeto de sanear la hoja de su balance, es esperable una caída considerable del producto ya que, de todos sus componentes, sólo el sector exportador tendrá una dinámica de crecimiento importante.

Por el lado del consumo, tanto privado como público, se pueden proyectar caídas importantes así como también en los niveles de inversión pública, ante la suspensión de la obra ejecutada por el Estado.

Dado este escenario, la cuestión básica a responder es: en un año en el cual la caída del producto puede rondar el 3.5%, y con una inflación proyectada de más del 200%, ¿cuál será el incremento real de los recursos fiscales?

El año 2023 presentó una caída importante de ingresos como resultado de la sequía que afectó al campo y la consiguiente caída en producción y liquidación de divisas, repercutiendo en un faltante de divisas sustancial y en caída en la recaudación impositiva por derechos de exportación.

Es de esperar que en este año esta situación se revierta y el campo vuelva a fortalecer la recaudación vía retenciones. 

En este sentido, el haber quitado del proyecto de Ley Ómnibus el paquete fiscal que preveía un incremento de los porcentajes de retenciones, es de esperar una disminución en el impacto que, por esa vía, el Tesoro tenía previsto recaudar.

Haber eliminado en su totalidad el paquete fiscal significa, para el gobierno, la renuncia a aproximadamente 1.5 puntos del PBI en recaudación impositiva, lo que obligará a incrementar el nivel de ajuste del gasto en otros rubros a efectos de compensar tal disminución.

Es importante aquí considerar que, hasta el momento, el principal motor del ajuste fiscal es el denominado “efecto licuación”, producto de la caída, en términos reales, de todos los rubros de gastos que componen el Presupuesto en relación a la tasa de inflación.

Desde esta óptica, la inflación está jugando un rol importante colaborando con el objetivo de llegar al superávit fiscal del 2% comprometido con el FMI.

Más allá de la Ley Ómnibus y el DNU N° 70/23, el gobierno se encontrará, durante este año, ante la necesidad de realizar un delicado equilibrio entre lograr la mayor licuación posible del gasto real sin que esto implique una caída de la actividad tal que, por vía de baja de la recaudación, haga que se ingrese en un círculo vicioso en el cual, como un perro que se muerde la cola, la caída real de la recaudación lleve a una nueva reducción del gasto ad infinitum.

En un escenario de estas características las tensiones internas del modelo se intensificaran ya que se volvería ilusorio converger al equilibrio presupuestario que se requiere para lograr una baja sostenible de la inflación.

Evitar caer en este círculo vicioso deberá ser un asunto de extrema importancia que el gobierno deberá tener entre sus máximas prioridades.