La marcha federal universitaria, llevada a cabo el 23 de abril, tuvo una adhesión masiva en reclamo de una actualización del presupuesto destinado a la educación superior pública en Argentina. Según los organizadores, más de 800 mil personas se movilizaron en la Ciudad de Buenos Aires, y un millón y medio si se suman las marchas en todo el país.

El documento final, leído por la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández De Piccoli, destacó que las universidades públicas atraviesan un período crítico debido a la política implementada por el gobierno nacional. Los gastos de funcionamiento, como el mantenimiento de edificios, becas, comedores, laboratorios y servicios básicos, han sido congelados a valores de septiembre de 2023, lo que representa un fuerte ajuste en términos reales.

Además, se mencionó que más del 90% de lo que el Estado destina a la Educación Superior está dirigido a salarios de docentes y no docentes, quienes han perdido un 50% de su poder adquisitivo respecto a la inflación. El documento resaltó la consigna "¡Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza!".

Durante el acto en Plaza de Mayo, referentes de los derechos humanos, como Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, se dirigieron a la multitud presente. El cierre del acto fue con la lectura del documento consensuado entre las autoridades de las universidades nacionales, exigiendo más presupuesto y destacando la importancia de la educación pública para el desarrollo y la soberanía del país.

Por otro lado, el Gobierno admitió que la auditoría de las universidades públicas, mencionada por la funcionaria Sandra Pettovello, en realidad depende de la Auditoría General de la Nación (AGN) y no del gobierno nacional, como se había anunciado previamente.

La masiva movilización dejó en claro el apoyo de la sociedad argentina a la educación pública y su reclamo por una actualización del presupuesto universitario, considerado insuficiente frente a la inflación y el deterioro de las condiciones de trabajo de docentes y no docentes.