La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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Las instituciones no son el decorado del sistema económico: son su arquitectura operativa. Cuando esa arquitectura se fractura —por comportamientos que contradicen las reglas que el propio poder proclama— el daño no se circunscribe a la esfera política ni a la judicial. Se propaga, con una lógica sistémica precisa, sobre las decisiones de inversión, la formación de expectativas y la sostenibilidad de cualquier programa económico.
Desde que Douglass North formalizó la relación entre instituciones y desempeño económico —trabajo que le valió el Nobel en 1993—, la ciencia económica dispone de un instrumental teórico robusto para comprender por qué países con dotaciones similares de recursos naturales, capital humano y acceso a financiamiento externo divergen de manera persistente en sus trayectorias de desarrollo. La respuesta no reside en las variables tradicionales del modelo neoclásico. Reside en la calidad de las reglas del juego —formales e informales— que estructuran los incentivos de los agentes económicos.
Una institución, en el sentido de North, es toda restricción humanamente construida que condiciona la interacción social. Las constituciones, los contratos, los sistemas judiciales y las convenciones culturales son todos instituciones. Y su función económica esencial es reducir la incertidumbre: permiten que los agentes proyecten consecuencias previsibles sobre sus decisiones, calculen riesgos con parámetros estables y adopten compromisos de largo plazo que de otro modo no tomarían. Cuando las instituciones son débiles, predatorias o sencillamente inconsistentes con el discurso que las sostiene, esa función se degrada. Y con ella, la capacidad de una economía de atraer inversión productiva, sostener la innovación y generar empleo de calidad.
La Argentina de 2026 no enfrenta únicamente un problema de inflación persistente o de sectores productivos rezagados. Enfrenta un problema de credibilidad institucional que, en el contexto de la economía política del desarrollo, opera como multiplicador negativo sobre cada una de las demás variables macroeconómicas. Los casos $LIBRA y Adorni son las expresiones más visibles —y analíticamente más relevantes— de ese deterioro.
En la teoría de la información aplicada a la economía pública, la señalización presidencial constituye uno de los activos institucionales de mayor valor en mercados emergentes con historial de volatilidad. Cuando el ejecutivo habla, los agentes privados ajustan sus expectativas. Esa capacidad de influencia sobre la formación de expectativas es, en sí misma, un bien público cuya preservación exige estándares de comportamiento rigurosos.
El caso $LIBRA representa, en ese marco analítico, la privatización ilícita de ese bien público. La promoción presidencial de un instrumento criptográfico que colapsó en pocas horas —con pérdidas de inversores individuales estimadas en más de 100 millones de dólares, según distintas fuentes judiciales— no es únicamente un escándalo. Es la demostración empírica de que el canal de señalización del poder ejecutivo argentino puede ser capturado por operadores privados con intereses especulativos directos. Y esa demostración tiene consecuencias económicas que trascienden ampliamente el monto de las pérdidas materiales del episodio.
La consecuencia sistémica más relevante es la elevación estructural de la prima de riesgo institucional que todo inversor de mediano plazo incorpora en su función de decisión. Esa prima no aparece en los registros diarios del riesgo soberano ni en los informes de los organismos multilaterales; se manifiesta en la velocidad con que los compromisos de inversión se materializan —o no—, en los plazos que los operadores exigen antes de comprometer capital en sectores no extractivos, y en el descuento implícito que los mercados aplican a los anuncios de política económica cuando la coherencia entre discurso y comportamiento institucional ha sido comprometida. En economías con alta incertidumbre estructural, como la argentina, ese descuento puede ser determinante para la diferencia entre un ciclo de inversión sostenido y uno que se agota antes de alcanzar masa crítica transformadora.
La economía institucional distingue entre las reglas formales —normas escritas, leyes, regulaciones— y las reglas informales —convenciones, códigos de conducta, percepciones de legitimidad—. Esta distinción es fundamental para comprender por qué el caso Adorni representa un vector de daño cualitativamente diferente al de $LIBRA, aunque igualmente severo en sus implicaciones económicas.
El proyecto político que conduce la actual administración construyó su legitimidad discursiva sobre una proposición normativa específica: que la "casta" política opera bajo una lógica de privilegio que el nuevo modelo vendría a erradicar. Esa proposición no es un argumento económico técnico; es una regla informal que estructura las expectativas sociales sobre cómo opera el poder y, en consecuencia, qué costos distributivos resultan políticamente tolerables durante el proceso de ajuste.
Las revelaciones que rodean al jefe de Gabinete —que involucrarían presuntos comportamientos patrimoniales inconsistentes con la declaración jurada, el uso de recursos públicos de manera incompatible con el discurso de austeridad, y nexos de interés entre el ejercicio de la función pública y la actividad comercial del entorno familiar— constituyen una fractura directa en esa regla informal. Y cuando la regla informal que sostiene la legitimidad de un programa de ajuste se fractura, el programa pierde la base social de tolerancia que le permite operar sin que el costo político de sus decisiones impopulares se vuelva prohibitivo.
Traducido al lenguaje de la economía política: un gobierno cuya legitimidad discursiva ha sido comprometida tiene menor capacidad para sostener medidas de consolidación fiscal, para negociar reformas estructurales con actores intermedios —sindicatos, cámaras empresariales, legisladores— y para preservar los acuerdos con organismos multilaterales cuando las condiciones externas se deterioran. El escándalo Adorni no es un problema de imagen: es una reducción observable de la capacidad operativa del programa económico.
El diagnóstico institucionalista exige propuestas que operen en la misma dimensión en que se identificaron los problemas. No alcanza con comunicar equilibrios macroeconómicos ni con ratificar funcionarios cuestionados como señal de fortaleza política.
Lo que el momento requiere, en primer término, es la implementación de un sistema de supervisión de conflictos de interés con estándares comparables a los de las democracias consolidadas de la OCDE: declaraciones juradas con verificación cruzada automatizada, inhabilitaciones temporales para contratación con el Estado en el entorno familiar de los funcionarios, y auditorías independientes sobre el uso de recursos públicos en representación oficial. Estas no son medidas cosméticas: son mecanismos de señalización institucional que reducen estructuralmente la prima de riesgo para el inversor privado.
En segundo término, la arquitectura regulatoria del ecosistema de activos digitales requiere una reforma que establezca con precisión los límites de la señalización pública en mercados especulativos. La inexistencia de esa regulación no es un logro de la libertad de mercado: es una omisión normativa que genera externalidades negativas reales sobre los inversores minoristas y sobre la credibilidad del Estado como institución de coordinación económica.
En tercer término, y con mayor alcance estratégico, Argentina necesita reconocer que ningún programa de estabilización puede consolidarse de manera duradera sin una base institucional que le otorgue densidad y previsibilidad. La reducción del déficit es condición necesaria; la calidad de las instituciones que administran ese equilibrio es la condición que determina si el logro se sostiene o se evaporar en el próximo ciclo político. Las economías que aprendieron a crecer de manera consistente —Corea del Sur, Irlanda, Polonia— no lo hicieron a pesar de sus instituciones: lo hicieron precisamente porque las construyeron con rigor, coherencia y visión de largo plazo.
La Argentina tiene esa capacidad. Lo que le ha faltado, con dolorosa recurrencia histórica, es la voluntad política de ejercerla antes de que el costo de no haberlo hecho sea demasiado alto para ignorarlo.
Gustavo Rodolfo Reija | CEO Netia Group SAS
