Cae la confianza del consumidor según la Universidad Di Tella

La economía doméstica argentina atraviesa su momento más complejo desde fines de 2023, con una contracción de la confianza del consumidor que alcanzó 13.87% en agosto, marcando el deterioro más pronunciado en 20 meses según los registros de la Universidad Torcuato Di Tella. Esta caída supera significativamente la registrada en diciembre del año pasado y refleja el impacto acumulado de una política salarial restrictiva que mantiene los ingresos por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno.

La crisis de confianza presenta características geográficas distintivas que evidencian las tensiones del modelo económico actual. La Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires experimentaron el mayor impacto, mientras que las regiones del interior manifestaron una contracción más moderada del 7.07%. Esta divergencia territorial sugiere que los centros urbanos más desarrollados absorben con mayor intensidad las presiones del ajuste macroeconómico.

Los indicadores sectoriales confirman la profundidad del estancamiento económico. Los autoservicios mayoristas registraron una disminución del 1.8% en junio respecto al mes anterior, alcanzando niveles desestacionalizados que constituyen un mínimo histórico desde 2017 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esta performance contrasta con el comportamiento de los supermercados, que exhibieron un crecimiento marginal del 0.2% mensual, evidenciando una tendencia hacia el estancamiento más que hacia la recuperación.

El segmento de centros comerciales, tradicionalmente asociado con el consumo de bienes durables y los sectores de ingresos medios, experimentó su primera contracción interanual desde noviembre de 2024. Este retroceso resulta particularmente significativo porque refleja el deterioro del poder adquisitivo en estratos socioeconómicos que históricamente mantuvieron patrones de consumo más estables durante períodos de ajuste.

La morosidad financiera ha alcanzado niveles críticos que no se observaban desde 2021. Los préstamos personales presentan una tasa de incumplimiento del 6.4%, mientras que las tarjetas de crédito registran un 4.4% de morosidad. En el segmento familiar, estos porcentajes se elevan al 6.5% y 4.9% respectivamente, configurando un escenario de estrés crediticio que se intensifica por la alta volatilidad de las tasas de interés y el encarecimiento generalizado del financiamiento.

El componente salarial constituye el factor determinante de esta crisis de confianza. Los empleados privados registrados han experimentado una pérdida real del 0.6% desde la asunción presidencial de Javier Milei, mientras que los trabajadores del sector público enfrentan una erosión del 14.3% en sus haberes desde noviembre de 2023. Esta dinámica salarial contrasta marcadamente con las expectativas de recuperación que típicamente acompañan los procesos de estabilización inflacionaria.

La consultora C-P Consultores destaca que la aceptación de pautas salariales restrictivas, ubicadas entre el 1% y 1.5% mensual, impide la recuperación del salario real pese a la desaceleración inflacionaria. Esta política deliberada refleja una estrategia gubernamental que prioriza la convergencia de precios sobre la recomposición de ingresos, generando tensiones sociales en un contexto electoral.

El economista Pablo Ferrari subraya que la administración actual ha establecido la reducción inflacionaria como bandera principal, relegando la recuperación salarial a un segundo plano. Esta orientación política explica la persistencia de la debilidad del consumo interno pese a los avances en materia de estabilidad de precios.

Los subíndices que componen la medición revelan el alcance generalizado del deterioro. La percepción sobre la Situación Personal se contrajo 12.89% mensual, mientras que la evaluación de la Situación Macroeconómica cedió 13.73%. El segmento de Bienes Durables e Inmuebles experimentó la mayor caída con un retroceso del 15.20%, evidenciando la postergación de decisiones de inversión familiar de largo plazo.

Las diferencias socioeconómicas en el impacto de la crisis resultan particularmente marcadas. Los hogares de menores ingresos registraron una contracción del 18.33% mensual en su confianza, superando ampliamente la disminución del 10.27% observada en los hogares de ingresos elevados. Esta disparidad confirma que las políticas de ajuste afectan desproporcionalmente a los sectores más vulnerables.

Las Condiciones Presentes, que evalúan la percepción actual sobre la economía personal y general, disminuyeron 14.89% respecto a julio, manteniendo no obstante un diferencial positivo del 21.76% frente a agosto de 2024. Las Expectativas Futuras también se deterioraron, con una contracción mensual del 13.10% y una caída interanual del 16.36%, sugiriendo que las perspectivas de mediano plazo se han enturbiado.

El Índice de Confianza del Consumidor de agosto se ubicó 3.64% por debajo del registro del año anterior, aunque conserva una distancia del 12.18% respecto al piso de enero de 2024, cuando alcanzó 35.60 puntos. Esta comparación histórica ilustra tanto la magnitud del ajuste actual como la distancia que resta para una recuperación sostenible.

Isaac Rudnik, del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana, enfatiza que la persistencia de la caída del consumo, combinada con una nueva contracción del Producto Bruto Interno, coloca al país en el umbral de una recesión técnica. Las estimaciones extraoficiales para julio anticipan retrocesos mensuales de la actividad económica, con proyecciones que oscilan entre el 0.1% de Analytica y el 0.3% de Equilibra.

El Banco Provincia, mediante su indicador PulsoPBA, reportó un incremento marginal del 0.2% en julio, pero las últimas cuatro semanas evidencian una contracción del 0.4%. De confirmarse esta tendencia, se configuraría la racha negativa más extensa en más de un año, consolidando un panorama recesivo que desafía las proyecciones oficiales de recuperación.

Rudnik advierte que el gobierno exhibe la contención inflacionaria como logro exclusivo, utilizando la reducción de la actividad económica, la competencia de productos importados más económicos y el mantenimiento artificial de un dólar subvaluado como herramientas antiinflacionarias. Sin embargo, cuestiona la sostenibilidad temporal de esta estrategia.

Paradójicamente, durante julio se registró una deflación mensual del 0.1% en la canasta básica de alimentos medida por ISEPCi, ubicándose en 863.126 pesos. Sectores como almacén experimentaron bajas del 0.04%, verdulería del 0.48% y carnicería del 0.01%, reflejando la efectividad de las políticas deflacionarias en el corto plazo pero también la debilidad de la demanda agregada.

Este escenario plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad del modelo económico actual, que privilegia la estabilidad nominal sobre la reactivación del consumo interno, generando tensiones sociales que podrían comprometer la sostenibilidad política del programa de ajuste estructural.