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Reforma del Código Penal: el Gobierno prepara más de 900 artículos para endurecer condenas

El proyecto ingresará al Congreso en sesiones extraordinarias con el respaldo de la nueva mayoría legislativa oficialista La Casa Rosada acelera los preparativos para enviar al Parlamento una reforma integral del sistema penal argentino. El equipo técnico encargado de la redacción mantiene reuniones semanales para cerrar un texto que superará los 900 artículos y modificará sustancialmente la legislación vigente desde hace más de un siglo

El proyecto representa una de las principales apuestas del Ejecutivo para el segundo tramo de la gestión libertaria. Con la reciente conquista de la primera minoría en Diputados, el oficialismo confía en obtener la aprobación parlamentaria durante el verano.

Sesiones extraordinarias: el calendario legislativo previsto
El cronograma oficial contempla el ingreso del proyecto a la Cámara Baja a partir del 10 de diciembre. Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta fin de mes y continuarán mediante prórroga durante febrero del próximo año.

Esta ventana temporal permitiría al oficialismo aprovechar el impulso político derivado del triunfo electoral de medio término. La estrategia busca evitar que el debate se dilate excesivamente y pierda centralidad en la agenda pública.

El Ejecutivo evalúa además la creación de una comisión bicameral específica para agilizar el trámite parlamentario. Esta instancia unificaría el análisis entre ambas cámaras y establecería un canal directo con los funcionarios responsables del proyecto.

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Endurecimiento de penas: los ejes centrales de la reforma
El borrador en discusión eleva significativamente los mínimos punitivos para delitos graves. Homicidios, robos agravados, narcotráfico, explotación sexual infantil y trata de personas figuran entre las figuras que recibirán sanciones más severas.

Según fuentes oficiales, aproximadamente el 82% de los delitos contemplados exigirá cumplimiento efectivo de la condena. Esta modificación apunta a reducir excarcelaciones tempranas y salidas anticipadas que generan rechazo social.

El texto incorporaría además nuevos agravantes vinculados a características de las víctimas. La edad y la profesión podrían constituir factores que incrementen las penas aplicables en casos específicos.

Otra novedad relevante involucra a funcionarios públicos. Quienes cometan delitos durante el ejercicio de sus cargos enfrentarían sanciones aumentadas y perderían beneficios previsionales especiales.

Femicidio: la figura legal que finalmente permanecerá
Pese a declaraciones previas del ministro Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno decidió mantener la tipificación del femicidio en el ordenamiento penal. La figura fue incorporada en 2012 y establece prisión perpetua para hombres que asesinen mujeres mediando violencia de género.

La decisión responde a cálculos políticos antes que a convicciones ideológicas. Fuentes gubernamentales reconocieron que eliminar esta categoría delictiva pondría en riesgo la aprobación general del proyecto.

"La política criminal argentina enfocó históricamente la vulnerabilidad femenina como eje prioritario. Remover esa figura expondría una reforma muy sólida a debates que podrían empantanarla", explicaron desde el entorno presidencial.

No obstante, el proyecto incorpora nuevas conductas punibles relacionadas con violencia de género. El ciberacoso y la difusión no autorizada de material íntimo serán tipificados específicamente. También se avanzará sobre infracciones en el ámbito doméstico para proteger a personas vulnerables.

Corrupción e imprescriptibilidad: una demanda postergada
El reclamo social de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción no será atendido en esta instancia. Fuentes técnicas argumentaron que tal modificación presenta obstáculos jurídicos difíciles de sortear.

"Resulta sencillo proponerlo públicamente, pero implementarlo genera complicaciones legales considerables", justificaron desde el equipo redactor. La alternativa elegida consiste en agravar las penas para funcionarios corruptos sin modificar los plazos de prescripción.

Respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, tampoco habrá cambios. Pese a que el Código vigente mantiene redacciones anteriores a la ley sancionada en 2020, el Ejecutivo confirmó que la despenalización continuará sin alteraciones.

Nueva composición del Congreso: el factor político decisivo
El escenario parlamentario favoreció notablemente al oficialismo tras las elecciones legislativas. La Libertad Avanza consolidó una bancada de 95 diputados, superando por dos escaños a Unión por la Patria.

Esta primera minoría habilita ventajas significativas para la conducción de la Cámara Baja. El presidente del cuerpo, Martín Menem, trabajará junto al ministro Diego Santilli para garantizar el tratamiento prioritario de las iniciativas gubernamentales.

El propio Javier Milei asistió a la sesión preparatoria donde juraron los nuevos legisladores. Desde un palco del recinto, acompañado por Manuel Adorni, Santilli y Karina Milei, presenció la conformación de la bancada que deberá aprobar su agenda reformista.

La ruptura del gobernador catamarqueño Raúl Jalil con el bloque peronista aportó dividendos adicionales. Tres diputados abandonaron esa bancada, mientras el oficialismo sumó al legislador Francisco Morchio, respondiendo al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio.

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Comisiones parlamentarias: la próxima batalla política
El control de las 46 comisiones permanentes constituye el siguiente objetivo oficialista. Como primera minoría, La Libertad Avanza accederá a mayor cantidad de presidencias y designará más integrantes propios en cada órgano.

El Ejecutivo prepara una convocatoria a los jefes de todos los bloques para negociar la distribución. La fecha permanece indefinida, aunque las conversaciones avanzan aceleradamente.

Una reforma histórica en debate
El proyecto representa la modificación más ambiciosa del sistema penal argentino en más de un siglo. Sus impulsores prometen terminar con décadas de legislación que consideran favorable a los delincuentes.

Los críticos advierten sobre riesgos de encarcelamiento masivo y sobrepoblación penitenciaria. El debate parlamentario determinará el alcance definitivo de una reforma que marcará el segundo año del experimento libertario en materia de seguridad y justicia.

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