El Gobierno de Javier Milei ha anunciado que apelará el fallo del juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó al Ministerio de Capital Humano informar en un plazo de 72 horas un plan para el reparto inmediato de los alimentos que se encuentran guardados en dos depósitos ubicados en Buenos Aires y Tucumán.

Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó en una conferencia de prensa que, si bien el Gobierno siempre ha sido respetuoso de la Justicia, utilizará los instrumentos legales a su alcance cuando no esté de acuerdo con una decisión judicial, como es el caso del fallo de Casanello. Adorni sostiene que la distribución de alimentos no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública en la que la Justicia no debería entrometerse.

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Además, el portavoz aseguró que los alimentos almacenados en los depósitos están destinados a la respuesta ante eventuales catástrofes y no para la asistencia de los comedores comunitarios, contrariamente a lo denunciado por el dirigente social Juan Grabois y diversos comedores sociales que reclaman la falta de provisión de alimentos.

La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue revelada por una investigación periodística del sitio web El Destape y recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia de Grabois. Ante esta situación, el juez Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, que elabore un plan de distribución de los alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato.

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Además, el magistrado solicitó al Ministerio que presente un informe detallado del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán), incluyendo el tipo de alimento, las fechas de adquisición y expiración de la mercadería, así como los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha.

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La decisión del Gobierno de Milei de apelar el fallo de Casanello genera interrogantes sobre la gestión de la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables de la sociedad y la transparencia en el manejo de los recursos destinados a tal fin. La resolución de este conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tendrá un impacto significativo en la distribución de alimentos y la atención a las necesidades básicas de la población en situación de pobreza.