A junio de 2026, el gasto de capital del Sector Público Nacional representó el 1,57% del presupuesto total; en 2010 esa proporción alcanzaba el 13,49%. La inversión en obra pública registró una caída real del 87,2% respecto de igual mes de 2023 y varios programas viales, hidráulicos y de puentes ejecutan niveles cercanos a cero. La inversión pública en infraestructura se ubica en torno al 2% del PBI, frente a valores del orden del 5% en la mayoría de las economías que sostienen crecimiento elevado; el dato fue expuesto días atrás en el Consejo de Políticas de Infraestructura por la propia dirigencia industrial.

El agregado macroeconómico acompaña: la formación bruta de capital fijo descendió al 16,5% del PBI, el nivel más bajo desde diciembre de 2023 y apenas dentro del rango del 15% al 17% que suele considerarse necesario para compensar la depreciación del stock existente. La economía invierte para no descapitalizarse, no para ampliar su frontera de producción.

Lo que dice la teoría sobre el capital público

La discusión está razonablemente saldada en la literatura desde hace casi cuatro décadas. David Aschauer (1989) estimó que el capital público —rutas, puertos, redes de energía y agua— presenta una elasticidad sobre la productividad privada comparable o superior a la de buena parte del capital privado: la infraestructura no compite con la inversión privada, la habilita.

Robert Barro (1990) incorporó el gasto público productivo a la función de producción en un modelo de crecimiento endógeno, con una conclusión incómoda para cualquier programa de consolidación: por debajo de cierto umbral, recortar inversión pública no libera recursos para el sector privado, sino que reduce la tasa de crecimiento de largo plazo y, con ella, la base imponible futura. Albert Hirschman había denominado social overhead capital a esa plataforma sin la cual las actividades directamente productivas no encuentran rentabilidad; la ley de Verdoorn, retomada por Nicholas Kaldor, agrega la dimensión dinámica: la productividad es endógena a la escala, y no hay escala sin logística.

El propio FMI, en el World Economic Outlook de octubre de 2014, cuantificó lo mismo: en economías con infraestructura deficiente y proyectos bien seleccionados, el multiplicador de la inversión pública es elevado y el gasto puede incluso reducir el ratio deuda/PBI, porque el denominador crece más que el numerador.

Cómo lo resolvió el mundo desarrollado

Ninguna economía occidental alcanzó su nivel actual de ingreso sin una etapa prolongada de inversión pública en infraestructura. Estados Unidos financió con recursos del Tesoro el Interstate Highway System desde 1956 y volvió al mismo instrumento en 2021 con el Infrastructure Investment and Jobs Act, por 1,2 billones de dólares. La Unión Europea estructuró el NextGenerationEU en torno a 800.000 millones de euros, con eje en infraestructura energética y digital. Alemania sostiene desde 1948 al KfW, banca pública de desarrollo que financia aquello que el mercado de capitales no toma por plazo o por perfil de riesgo. Japón y

Corea del Sur, en los casos documentados por Alice Amsden y Dani Rodrik, combinaron inversión estatal en infraestructura con disciplina de desempeño exportador sobre el capital privado. El punto común no es el tamaño del Estado sino la composición del gasto: sociedades que aceptaron postergar consumo presente para construir activos con vida útil de varias décadas.

Composición, no solo resultado

La literatura sobre consolidaciones fiscales aporta el argumento decisivo. Alberto Alesina y Roberto Perotti mostraron que la durabilidad de un ajuste depende de su composición: los que se apoyan en la contención del gasto corriente tienden a sostenerse, mientras que los que descansan sobre el recorte de la inversión pública son más sencillos en el corto plazo y más costosos en el largo.

El equilibrio fiscal es condición necesaria de cualquier programa serio; la Argentina pagó demasiado caro haberlo ignorado. Pero es una restricción, no un objetivo de desarrollo. Un resultado financiero equilibrado obtenido mediante una reducción del 87% de la inversión en capital productivo, caídas de entre 94% y 100% en la ejecución de programas de infraestructura y la venta de activos —la concesión por veinticinco años de las cuatro represas del Comahue se contabilizó como ingreso de capital en el primer semestre— no constituye ahorro: constituye consumo de stock.

El costo que ya se está pagando

El deterioro no es abstracto: productores agropecuarios e industriales lo enfrentan como sobrecosto logístico frente a una competencia importadora que no lo tiene, y la construcción acumula una contracción cercana al 20% desde fines de 2023. Cada año sin inversión eleva además el monto necesario para recomponer: las estimaciones privadas lo ubican en torno a 1,7 puntos del PBI anuales hasta 2040, solo para sostener un crecimiento del 3%.

La inversión privada que efectivamente llega —energía, minería— necesita caminos, puertos, redes de transmisión y previsibilidad regulatoria para transformarse en encadenamientos productivos y no en enclaves. La agenda pendiente no consiste en elegir entre disciplina fiscal e infraestructura, sino en diseñar los instrumentos para sostener ambas: marcos de participación público-privada creíbles, financiamiento de largo plazo, criterios técnicos auditables de selección de proyectos y una regla que impida que el gasto de capital sea la variable de ajuste.

Estabilizar es indispensable. No es lo mismo que desarrollar.