Según fuentes oficiales, esta medida generará un ahorro significativo para el erario público, estimado en 42,000 millones de pesos anuales. La decisión fue formalizada mediante la Resolución Nº 35/2024, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la Secretaría de Transporte
Economía01/10/2024 13News-EconomíaEl gobierno argentino ha tomado medidas drásticas en el sector ferroviario, disolviendo una empresa estatal y despidiendo a más de 1,300 empleados. Esta decisión forma parte de una serie de acciones destinadas a reducir el gasto público y mejorar la eficiencia en la administración estatal.
La empresa afectada, Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), era una de las cinco subsidiarias de Trenes Argentinos. A pesar de su nombre, DECAHF no operaba trenes directamente, sino que se encargaba de la gestión de personal y otros recursos humanos relacionados con el sector ferroviario. La disolución de esta entidad resultó en el despido de 1,388 trabajadores.
Según fuentes oficiales, esta medida generará un ahorro significativo para el erario público, estimado en 42,000 millones de pesos anuales. La decisión fue formalizada mediante la Resolución Nº 35/2024, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la Secretaría de Transporte.
DECAHF había sido creada como sucesora de la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, con el propósito de diseñar, organizar y ejecutar diversas actividades relacionadas con la capacitación, formación y gestión de recursos humanos en el ámbito ferroviario. Entre sus unidades se encontraban el Archivo Histórico Documental Ferroviario, el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria y el Museo Nacional Ferroviario "Raúl Scalabrini Ortiz".
Sin embargo, el gobierno actual argumenta que la empresa se había desviado de sus objetivos originales. Según un comunicado oficial, entre 2019 y 2023, DECAHF se involucró en la realización de obras públicas que no estaban contempladas en su estatuto y en la contratación de artistas populares para eventos, actividades que se consideraron ajenas a sus funciones principales y orientadas a satisfacer intereses político-partidarios.
La Secretaría de Transporte afirmó que durante ese período, la empresa gastó 10 millones de dólares en obras consideradas innecesarias para el sector ferroviario y 80 millones de pesos en la contratación de artistas para espectáculos. Además, se señaló que cada una de las cinco empresas ferroviarias contaba con un área de género sobredimensionada, con personal que en muchos casos no asistía a sus puestos de trabajo y cuyas funciones se duplicaban.
El gobierno justificó esta decisión como parte de sus esfuerzos por reducir el gasto estatal y eliminar estructuras consideradas innecesarias. Se argumentó que, en un país con un 53% de pobreza, no se puede permitir el gasto en sueldos privilegiados o en estructuras redundantes.
Es importante mencionar que algunos empleados de DECAHF, que desempeñan funciones específicas, mantendrán sus puestos pero serán absorbidos por otra empresa. La mayoría de los trabajadores afectados no estaban contratados bajo la modalidad habitual del sector público, sino que tenían puestos fijos.
Paralelamente a la disolución de DECAHF, el gobierno también eliminó el Instituto Argentino del Transporte, un ente creado en 2014. Según las autoridades, este instituto "nunca funcionó ni emitió una decisión o acción" desde su creación. Originalmente, se había establecido con el objetivo de participar en la elaboración del Plan Estratégico del Transporte, brindar asesoramiento al Ministerio, y fomentar la investigación y capacitación en el sector.
La resolución que dio fin al Instituto Argentino del Transporte argumenta que muchas de sus funciones y tareas se superponían con las responsabilidades de otras áreas de la Administración Pública Nacional, como la Secretaría de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial, que ya tienen a su cargo la planificación y ejecución de políticas relacionadas con el transporte.
Estas medidas se enmarcan en una política más amplia de reducción del gasto público y reestructuración del Estado implementada por el gobierno del presidente Javier Milei. Desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023 hasta julio de 2024, se han despedido a 28,000 trabajadores públicos, lo que representa una reducción del 5.7% del personal estatal. En las empresas del Estado, la nómina se redujo en casi 9,900 empleados.
Según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, estos recortes han permitido un ahorro de 36,000 millones de pesos. El gobierno sostiene que estas acciones son necesarias para equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan.
La disolución de DECAHF y la eliminación del Instituto Argentino del Transporte han generado debates sobre el futuro del sector ferroviario en Argentina y el impacto de estas medidas en la calidad del servicio y en la preservación del patrimonio histórico ferroviario. Algunos críticos argumentan que la eliminación de estas entidades podría resultar en la pérdida de conocimientos especializados y en la discontinuidad de programas de capacitación y desarrollo en el sector.
Por otro lado, los defensores de estas medidas sostienen que son necesarias para modernizar y eficientizar el sistema ferroviario argentino, eliminando estructuras burocráticas innecesarias y redirigiendo los recursos hacia la mejora de la infraestructura y los servicios de transporte.
El impacto a largo plazo de estas decisiones en el sector ferroviario argentino aún está por verse. Mientras tanto, el gobierno continúa con su política de reducción del gasto público y reestructuración del Estado, argumentando que estas medidas son fundamentales para la recuperación económica del país y la mejora de los servicios públicos.
La disolución de Trenes Argentinos Capital Humano y la eliminación del Instituto Argentino del Transporte representan un cambio significativo en la gestión del sector ferroviario en Argentina. Estas acciones, enmarcadas en una política más amplia de austeridad y eficiencia, buscan reducir el gasto público y optimizar los recursos del Estado. Sin embargo, el éxito de estas medidas y su impacto en la calidad y eficiencia del transporte ferroviario en el país solo podrán evaluarse en el mediano y largo plazo.
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