El gobierno implementará una significativa reducción temporal en los derechos de exportación del sector agrícola, una medida que tendrá un impacto fiscal equivalente a 800 millones de dólares, representando aproximadamente el 0,13% del Producto Bruto Interno. Esta decisión, que entrará en vigencia mediante decreto, plantea nuevos desafíos en el equilibrio fiscal y genera presiones sobre las administraciones provinciales.

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La iniciativa, que absorberá casi la mitad del superávit financiero proyectado para 2024, se presenta como una respuesta anticipada a las demandas del sector agropecuario, que atraviesa un período crítico debido a la caída en los precios internacionales. Los datos de la Fundación Mediterránea indican que la soja cotizó en diciembre pasado a 361 dólares por tonelada en Chicago, marcando su nivel más bajo desde 2006 y una reducción del 27% respecto al promedio histórico 2002-2023.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó el anuncio para intensificar el llamado a gobernadores e intendentes para que reduzcan sus cargas impositivas locales. El funcionario argumentó que la disminución en las retenciones generará un efecto positivo en la recaudación de tributos coparticipables, beneficiando indirectamente a las arcas provinciales.

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La medida se produce en un contexto donde los derechos de exportación han representado históricamente entre el 2,6% y el 13,4% de los recursos tributarios nacionales. Para 2024, se estima que la recaudación por este concepto se ubicará entre el 1% y 1,1% del PIB, según análisis especializados. En la zona núcleo, estos gravámenes constituyen el 44% de una carga tributaria total que alcanza el 64% de la renta agrícola.

El timing del anuncio coincide con negociaciones técnicas en curso con el Fondo Monetario Internacional, aunque las autoridades económicas han enfatizado que no habrá modificaciones en el programa económico propuesto por Argentina. La decisión se materializa dos semanas antes de una reunión programada entre Caputo y la Mesa de Enlace agropecuaria, que había incluido la reducción de retenciones como punto prioritario en su agenda.

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Para una eliminación total de estos gravámenes, el Estado necesitaría contar con un superávit de 8.000 millones de dólares, según estimaciones oficiales. Las proyecciones del Ministerio de Economía sugieren que un crecimiento del PIB del 5% en 2025 podría generar recursos adicionales equivalentes a 1,2 puntos porcentuales del producto, aunque el consenso del mercado anticipa una expansión más moderada.

La situación del sector agropecuario se ve agravada por la pérdida de poder adquisitivo, que ronda el 30% en el mercado local. En las zonas extrapampeanas, el impacto es aún mayor, donde las retenciones representarán el 57% de una carga tributaria total que alcanza el 74% de la renta del sector en 2025.

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El gobierno ha señalado que cualquier reducción adicional en el esquema impositivo dependerá de un incremento sustancial en la recaudación tributaria, vinculado directamente con la recuperación de la actividad económica. Las autoridades enfatizan que se trata de un proceso gradual, condicionado por la necesidad de mantener el equilibrio fiscal alcanzado.