Magnitud del recorte: de US$135.000 millones a US$97.000 millones
Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal cuantificó la dimensión del ajuste implementado por el Ejecutivo nacional. Cuando Alberto Fernández dejó la presidencia en diciembre de 2023, el gasto público rondaba los US$135.000 millones anuales. Al cierre de 2025, la administración libertaria habrá ejecutado aproximadamente US$97.000 millones en erogaciones totales.

La diferencia de US$38.000 millones representa la mayor contracción del gasto estatal en la historia argentina reciente. Medido como proporción del producto bruto interno, la caída alcanza 6,5 puntos porcentuales en apenas dos años. El informe del IARAF utiliza dólares de noviembre de 2025 para homogeneizar la comparación entre ambos períodos.

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Programas sociales: el sector más golpeado por la motosierra
Las transferencias a programas de asistencia social registraron el mayor impacto del ajuste gubernamental. El Gobierno recortó US$7.836 millones en este rubro específico durante el bienio analizado. Las erogaciones pasaron de US$14.728 millones en 2023 a apenas US$6.892 millones en el ejercicio actual.

La reducción se concentró principalmente en programas que funcionaban con intermediación de organizaciones sociales. El Ejecutivo eliminó o reestructuró múltiples iniciativas que canalizaban fondos a través de movimientos piqueteros y agrupaciones territoriales. Esta decisión generó tensiones con sectores que dependían de esos recursos para su operación cotidiana.

AUH: la única partida que creció durante la gestión Milei
La Asignación Universal por Hijo se convirtió en la herramienta central de la política social libertaria. Este programa aumentó US$1.901 millones respecto del último año de gestión del Frente de Todos. Las transferencias pasaron de US$2.777 millones a US$4.678 millones entre 2023 y 2025.

El Gobierno priorizó las transferencias directas a familias por sobre los programas intermediados por organizaciones. Esta estrategia busca eliminar la discrecionalidad en la asignación de recursos sociales según funcionarios del Ejecutivo. La AUH representa actualmente el principal instrumento de contención social del Estado nacional.

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Jubilaciones: licuación del bono y pérdida de poder adquisitivo
El sistema previsional también sufrió recortes aunque en menor proporción que otros rubros del presupuesto. El gasto en jubilaciones cayó US$1.967 millones, desde US$43.231 millones a US$41.264 millones anuales. La reducción obedece principalmente a la licuación del bono complementario de $70.000 para haberes mínimos.

El Gobierno además no actualizó los haberes correspondientes a enero y febrero de 2024 según la fórmula vigente. Esta decisión generó pérdidas en el poder adquisitivo de los jubilados durante el primer trimestre de gestión. Los aumentos posteriores no lograron compensar completamente el deterioro inicial de las prestaciones previsionales.

Inversión pública: caída del 73% en obras de infraestructura
La inversión real directa registró uno de los desplomes más pronunciados del ajuste fiscal libertario. El rubro pasó de US$8.289 millones en 2023 a apenas US$2.137 millones en el ejercicio actual. La poda alcanzó los US$6.158 millones, equivalente a una contracción del 73% interanual.

Esta reducción puede generar consecuencias para el funcionamiento futuro de la economía según advierte el IARAF. La paralización de obras públicas afecta tanto la actividad de la construcción como la provisión de infraestructura productiva. El Gobierno argumenta que priorizó el equilibrio fiscal por sobre la expansión del gasto de capital.

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Transferencias a provincias: recorte del 94% en recursos
Las transferencias de capital a los estados subnacionales sufrieron el mayor ajuste porcentual de todo el presupuesto. Este rubro cayó 93,8% respecto de los niveles registrados durante el último año del gobierno anterior. En 2025, las provincias recibirán apenas el 6% de lo que percibían en 2023.

El recorte tensionó las relaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores de distintos signos políticos. Varios mandatarios provinciales reclamaron la restitución de fondos para sostener servicios esenciales en sus jurisdicciones. El Gobierno nacional argumenta que las provincias deben realizar sus propios ajustes fiscales.

Empleo público: 50.000 trabajadores menos y salarios licuados

Los salarios del sector público nacional registraron una reducción de US$4.660 millones en el bienio analizado. El gasto pasó de US$17.767 millones a US$13.107 millones entre ambos ejercicios presupuestarios. La caída obedece tanto a la pérdida de poder adquisitivo como a la eliminación de más de 50.000 puestos.

El Gobierno implementó un congelamiento de vacantes y no renovó contratos de empleados bajo modalidades transitorias. Los salarios estatales perdieron varios puntos contra la inflación durante el primer semestre de 2024. La reducción de la planta estatal forma parte central del programa de estabilización macroeconómica.

Superávit fiscal: el Gobierno cumple las metas con el FMI
El Ministerio de Economía informó que el superávit acumulado alcanzó el 1,7% del PBI en noviembre pasado. Esta cifra ubica al Ejecutivo dentro del rango de cumplimiento pactado con el Fondo Monetario Internacional. El año cerraría con un resultado positivo de entre 1,3% y 1,5% del producto.

En diciembre el Gobierno recibirá US$685 millones por la privatización de las represas del Comahue. Estos fondos extraordinarios compensarán el déficit estacional generado por el pago de aguinaldos a empleados públicos. La meta acordada con el organismo multilateral ronda los $10,4 billones de superávit primario anual.