Hay una forma de leer la economía argentina en 2025 que resulta razonablemente optimista: el PBI creció 4,4% según el Estimador Mensual de Actividad Económica, la inflación desaceleró respecto del pico de 2024, el riesgo país perforó los 600 puntos básicos y el BCRA acumula reservas. Hay otra forma de leer exactamente el mismo período que conduce a una conclusión radicalmente distinta: desde que asumió la actual administración, desaparecieron 22.608 empresas con trabajadores registrados, se destruyeron 288.815 puestos de trabajo formales, y la industria manufacturera opera en el nivel de utilización de capacidad más bajo desde la salida de la convertibilidad. Ambas lecturas usan datos oficiales. La diferencia está en qué variables se mira y con qué horizonte temporal.

El informe de Fundar que sistematiza los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo establece que la caída en la cantidad de unidades productivas durante los primeros 25 meses de gestión es la más pronunciada de cualquier gobierno desde 2003, comparable en magnitud al impacto registrado durante la pandemia de 2020. En el último año calendario se perdieron 10.392 firmas, una contracción del 2,1% del universo empresarial total. Acumulado desde noviembre de 2023, la baja alcanza el 4,4% del stock de empresas formales. Son quince meses consecutivos de caída mensual y veintidós meses de descenso interanual ininterrumpido. No hay forma metodológicamente seria de describir esa trayectoria como volatilidad transitoria.

El crecimiento que no genera empleo ni empresas

La expansión del PBI de 2025 tuvo un motor sectorial preciso y geográficamente concentrado: agro, petróleo, minería e intermediación financiera. Esos sectores tienen en común una característica estructural que los distingue del resto de la economía: alta productividad por trabajador, baja intensidad de empleo por unidad de producto, y encadenamientos productivos hacia el resto del tejido industrial notablemente más débiles que los de la manufactura. Un yacimiento de Vaca Muerta que duplica su producción no genera el mismo efecto multiplicador sobre el empleo formal, el comercio minorista y la industria de autopartes que una fábrica de electrodomésticos operando al 80% de su capacidad.

El resultado de ese crecimiento asimétrico es estadísticamente verificable: el empleo registrado cayó 1% interanual en 2025, equivalente a 106.200 puestos formales menos respecto de diciembre del año anterior, según el Sistema Integrado Previsional Argentino. La recuperación parcial vía monotributo —que registró incrementos en el período— no compensa la destrucción de empleo asalariado en términos de calidad del ingreso, estabilidad contractual ni cobertura previsional.

La triple pinza sobre el tejido productivo

Tres variables operan en forma simultánea sobre la viabilidad de las empresas industriales y del comercio formal. El atraso cambiario —con el tipo de cambio oficial BNA cayendo nominalmente en 2026 mientras la inflación acumula cerca de 6% en el bimestre— encarece la producción local en dólares y mejora la competitividad relativa del producto importado. La apertura de importaciones sin política de reconversión sectorial expone a las firmas nacionales a competencia de economías con costos laborales, energéticos y fiscales estructuralmente más bajos. Y la caída del consumo interno —traccionada por la pérdida de poder adquisitivo real del salario y la destrucción de empleo formal— reduce la demanda que esas empresas necesitan para sostener su operación.

El dato del INDEC sobre capacidad instalada sintetiza el resultado: 53,6% en enero de 2026, peor inicio de año desde 2002. Más de la mitad de las empresas industriales relevadas reportaron carteras de pedidos por debajo de lo normal. El 45,6% de las firmas encuestadas por la Unión Industrial Argentina manifestó dificultades para afrontar pagos de salarios, impuestos o compromisos con proveedores. Casos como FATE —que cerró su planta en San Fernando tras perder participación de mercado frente al ingreso de neumáticos importados— o los ajustes de dotación en Newsan, Whirlpool y Quilmes ilustran que el deterioro no se limita a las microempresas sino que atraviesa la estructura productiva en todos sus estratos.

La respuesta desarrollista que el programa no formula

El programa de estabilización vigente opera sobre la premisa de que la corrección de los desequilibrios macroeconómicos —déficit fiscal, emisión monetaria, brecha cambiaria— es condición suficiente para que la inversión privada reactive el aparato productivo de forma autónoma. Esa premisa tiene sustento teórico en economías con tejido industrial consolidado, acceso fluido al crédito de largo plazo y mercados de capitales profundos. No lo tiene en una economía donde el crédito al sector privado representa menos del 9% del PIB, donde la tasa de interés real es positiva y elevada, y donde el horizonte de planeamiento empresarial se mide en trimestres y no en años.

Una política industrial desarrollista para el contexto argentino actual requiere al menos cuatro intervenciones simultáneas. Primero, un tipo de cambio diferencial para exportaciones industriales de valor agregado que neutralice el efecto del atraso cambiario sobre la competitividad manufacturera sin afrontar una devaluación general con impacto inflacionario. Segundo, líneas de crédito productivo de largo plazo a tasa subsidiada canalizadas a través de la banca pública —BICE, Banco Nación— para financiar reconversión tecnológica en sectores con capacidad instalada ociosa. Tercero, compras públicas con contenido nacional mínimo obligatorio en sectores estratégicos —energía, defensa, salud, infraestructura— que generen demanda garantizada para la industria local sin requerir subsidios directos al productor. Cuarto, una política activa de sustitución competitiva de importaciones que no opere como prohibición —con el costo de eficiencia que eso implica— sino como gradualismo arancelario condicionado a metas de producción, empleo e inversión verificables por sector.

Ninguna de esas medidas es incompatible con el equilibrio fiscal. Todas son incompatibles con la inacción. Veintidós mil empresas que cerraron no vuelven a abrir cuando la inflación perfore el 1% mensual. El tejido productivo destruido no se reconstruye por el solo efecto de la estabilidad nominal. Se reconstruye con política industrial activa, financiamiento accesible y una demanda interna que el salario real sostenido en el tiempo —y no comprimido como ancla antiinflacionaria— es la única variable capaz de garantizar de forma estructural.

El crecimiento sin empleo y sin empresas no es un modelo de desarrollo. Es un modelo de extracción.

Por Redacción 13News - Unidad de Análisis Económico | Netia Group SAS. Fuentes: Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Fundar, INDEC (EMAE, Encuesta de Capacidad Instalada), Secretaría de Trabajo (SIPA), UIA (Encuesta de Coyuntura Industrial).