La ejecución presupuestaria de la Administración Nacional correspondiente al primer bimestre de 2026, elaborada por la Oficina de Presupuesto del Congreso con datos al 4 de marzo, ofrece una radiografía fiscal de notable complejidad analítica que trasciende la lectura lineal del superávit como indicador único de salud macroeconómica. La arquitectura de los números es simultáneamente un logro de disciplina fiscal y un mapa de tensiones distributivas, financieras y estructurales cuya resolución determina la sostenibilidad del programa de estabilización en el mediano plazo.

La geometría del superávit: lo que el número agrega y lo que desagrega

El primer bimestre de 2026 registró un superávit primario de $7,5 billones —con una mejora real interanual del 17,5%— y un resultado financiero positivo de $3,6 billones, consolidando una secuencia de equilibrios presupuestarios que el informe contextualiza históricamente como uno de los desempeños fiscales más sólidos de la serie comparable desde 2010. La lectura superficial celebra el dato. La lectura analítica desagrega su composición y encuentra una realidad más compleja.

Los ingresos totales de la Administración Nacional se redujeron 0,1% en términos reales interanuales, alcanzando $25,5 billones. Todos los componentes impositivos convencionales registraron contracciones reales: el IVA cayó 12,6% real interanual —afectado por la elevada base de comparación que incorporaba ingresos extraordinarios de la moratoria de la Ley 27.743 en el primer bimestre de 2025—; los derechos de exportación se desplomaron 39,7% real por la reducción de alícuotas aplicada durante 2025; los derechos de importación retrocedieron 21,5% real por la desaceleración de las compras externas; las contribuciones a la seguridad social cayeron 7,1% real; el impuesto al cheque retrocedió 6,6% real. La recaudación se sostuvo únicamente por dos fuentes de carácter no recurrente o extraordinario: las rentas de la propiedad —que crecieron 137,3% real impulsadas por intereses del Fondo de Garantía de la Seguridad Social— y los ingresos de capital derivados de la adjudicación del paquete accionario de centrales hidroeléctricas por $1,1 billones, una operación singular no replicable en períodos futuros.

Esta configuración plantea una interrogación estructural que el análisis desarrollista formula con precisión: un superávit fiscal construido sobre la base de ingresos extraordinarios no recurrentes y una contracción generalizada de la actividad económica formal no constituye una plataforma fiscal sostenible. Es el superávit de una economía que comprime su base tributaria mientras liquida activos para cerrar su ecuación presupuestaria.

El gasto primario cae 6,1% real: la anatomía distributiva del ajuste

Los gastos primarios retrocedieron 6,1% en términos reales interanuales durante el primer bimestre, con una desagregación que expone con nitidez meridiana los vectores específicos sobre los que recayó el peso del ajuste. Las pensiones no contributivas cayeron 68,5% real —explicado en parte por la falta de registro de pensiones por invalidez durante dos meses consecutivos, con un gasto estimado pendiente de registro de aproximadamente $0,7 billones— y los programas sociales retrocedieron 27,6% real por el congelamiento del valor nominal de las prestaciones desde mediados de 2024. La asistencia alimentaria cayó 23,1% real, con la Prestación Alimentar sin incrementos desde junio de 2024. Los gastos en personal del Poder Ejecutivo se contrajeron 10,8% real, con salarios que crecieron nominalmente apenas 14% interanual frente a una inflación acumulada de 32,6% en el mismo período —una pérdida real del poder adquisitivo de los trabajadores estatales de aproximadamente 14 puntos porcentuales—. Las transferencias a universidades nacionales cayeron 8,3% real, con salarios docentes que también crecieron apenas 14% nominal contra 32,6% de inflación.

La inversión en capital físico —el componente presupuestario con mayor capacidad de tracción sobre la formación bruta de capital fijo y el empleo de calidad— retrocedió 35,5% real interanual, con caídas específicas en obras de infraestructura hidráulica, transporte ferroviario e infraestructura penitenciaria. La función Industria del clasificador por finalidades y funciones ejecutó apenas $0,02 billones con una caída real del 12,4%, lo que en términos de política industrial representa una señal de virtual ausencia del Estado como agente activo de transformación productiva en el único ámbito presupuestario donde podría ejercer esa función de forma directa.

El dato que reorganiza toda la lectura: intereses al 95% real interanual

El elemento que modifica más profundamente cualquier interpretación lineal del ajuste es el comportamiento del gasto en intereses: $3,9 billones en el primer bimestre, con un crecimiento real interanual del 95,0% —prácticamente duplicándose en términos reales en doce meses— impulsado por mayores pagos sobre títulos públicos en moneda extranjera de largo plazo. Este único componente representa el 27,8% del crédito vigente ejecutado a febrero, el nivel de ejecución más elevado de toda la estructura presupuestaria, y su incidencia positiva de 8,9 puntos porcentuales sobre la variación total del gasto compensa parcialmente los recortes distributivos que reducen el gasto primario.

La ecuación que emerge es perturbadora en su lógica interna: el Estado argentino recorta jubilaciones, programas sociales, salarios estatales, universidades e inversión pública para generar el superávit primario que financia el servicio de una deuda cuyos intereses crecen al doble de la inflación. El resultado financiero positivo de $3,6 billones existe porque el superávit primario de $7,5 billones supera —apenas— el costo de los intereses de $3,9 billones. El margen es positivo pero estrecho, y su composición interna revela una transferencia neta de recursos desde los segmentos más vulnerables de la estructura presupuestaria hacia los acreedores financieros del Estado.

La restricción distributiva como limitante estructural de la estabilización

La perspectiva desarrollista aporta aquí la dimensión analítica que la mirada exclusivamente fiscal sistemáticamente omite. El gasto en servicios sociales —que representa $106,5 billones del crédito inicial, equivalente al 71,9% del total presupuestado— ejecutó con una caída real de 8,8% interanual. La función Salud retrocedió 37,9% real. Ciencia, Tecnología e Innovación cayó 12,6% real. Trabajo descendió 24,8% real. Vivienda y Urbanismo se contrajo 66,2% real. Estas cifras no son solo indicadores de austeridad fiscal: son la cuantificación presupuestaria de la erosión de las capacidades estatales en los dominios que determinan la productividad de largo plazo de la economía y la cohesión social que sostiene la viabilidad política de cualquier programa de estabilización extendido.

Un programa fiscal que genera superávit primario contrayendo simultáneamente la inversión social, la inversión física, la investigación científica y los salarios reales del sector público no está construyendo las condiciones para un crecimiento sostenible con inclusión. Está transfiriendo el costo del ajuste hacia los segmentos con menor capacidad de resistencia presupuestaria y menor poder de negociación político, mientras los intereses de la deuda absorben una proporción creciente de los recursos disponibles.

El superávit de febrero 2026 es real, verificable y políticamente relevante. La pregunta que el análisis riguroso no puede eludir es si la arquitectura distributiva sobre la que descansa ese superávit es socialmente sostenible en el horizonte temporal que la estabilización requiere para consolidarse como transformación estructural genuina. Los números de la OPC, leídos en su totalidad y no solo en su síntesis ejecutiva, sugieren que esa pregunta no tiene todavía una respuesta afirmativa.

Por Redacción 13News. Fuente primaria: OPC — Oficina de Presupuesto del Congreso, Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional, febrero 2026, datos al 4 de marzo de 2026.