Carolina del Sur avanza en normativa para invertir hasta 10% de fondos estatales en Bitcoin con límite de 1 millón de BTC

Un nuevo capítulo se abre en la relación entre las administraciones estatales y las criptomonedas en Estados Unidos. Los legisladores de Carolina del Sur han presentado una propuesta que podría transformar radicalmente el manejo de recursos públicos y establecer un precedente nacional en materia de diversificación financiera gubernamental mediante activos digitales.

El proyecto de ley H4256, denominado "Ley de Reserva de Activos Digitales Estratégicos", contempla autorizar al tesorero estatal para destinar hasta el 10% de los fondos públicos a inversiones en Bitcoin, estableciendo un tope máximo de adquisición de un millón de unidades de esta criptomoneda.

La iniciativa legislativa destaca el carácter descentralizado del Bitcoin como una característica diferencial que podría proporcionar protección frente a procesos inflacionarios y turbulencias económicas. Los promotores de la normativa argumentan que incorporar criptoactivos al portafolio de inversiones estatales permitiría fortalecer la posición económica de Carolina del Sur mediante una diversificación estratégica de sus reservas financieras.

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El documento legislativo establece mecanismos específicos para garantizar una gestión prudente y transparente de estos activos digitales. "El Tesorero del Estado deberá supervisar periódicamente las tenencias de activos digitales para asegurar el cumplimiento de este límite. La reserva de Bitcoin no puede exceder 1 millón de BTC", especifica el texto del proyecto.

Para salvaguardar la integridad de estas inversiones, la propuesta contempla que los activos sean custodiados directamente por el tesorero estatal a través de soluciones de almacenamiento seguro, ya sea mediante un custodio cualificado o productos cotizados en bolsa emitidos por entidades financieras reguladas. Un aspecto fundamental del proyecto es la prohibición explícita del préstamo de estos activos digitales, medida orientada a preservar su disponibilidad e integridad.

"La cantidad que el Tesorero del Estado puede invertir en activos digitales de un fondo especificado en esta sección no puede superar el 10% del total bajo administración y debe adherirse a las mejores prácticas de almacenamiento seguro y mitigación de riesgos. Los activos digitales no pueden ser prestados", enfatiza el documento en su sección de restricciones operativas.

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El marco normativo propuesto incluye mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la transparencia en la gestión de este innovador componente de las finanzas estatales. Entre estos requisitos destacan la presentación de informes bienales detallando las tenencias criptográficas y su valor equivalente en dólares estadounidenses.

Un elemento distintivo del proyecto es el mandato de publicar las direcciones públicas de todas las tenencias de activos digitales en un sitio web oficial del estado, facilitando así el seguimiento por parte de la ciudadanía. Esta medida representa un paso significativo hacia la democratización de la información financiera gubernamental en el ámbito de las inversiones no tradicionales.

Adicionalmente, el tesorero estatal estaría obligado a implementar evaluaciones y auditorías independientes periódicas sobre los procedimientos de gestión de estos activos digitales, lo que constituye una salvaguarda adicional para garantizar el manejo adecuado de los recursos públicos invertidos en criptomonedas.

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La propuesta también considera la posibilidad de que los habitantes de Carolina del Sur puedan contribuir mediante donaciones de activos digitales a la reserva estatal, estableciendo un proceso facilitado por proveedores autorizados para este fin. Este mecanismo abre una vía novedosa para la participación ciudadana en la conformación de las reservas estatales.

En caso de ser aprobada, la legislación establecería un horizonte temporal definido hasta el 1 de septiembre de 2035, proporcionando un marco cronológico para la implementación y evaluación de esta estrategia de inversión en el mediano plazo.

La iniciativa de Carolina del Sur se inserta en una tendencia creciente a nivel nacional. Según datos de Bitcoin Laws, 24 de los 50 estados han introducido proyectos legislativos relacionados con la creación de reservas estratégicas de Bitcoin, lo que evidencia un movimiento coordinado hacia la integración de activos digitales en las estructuras financieras públicas estadounidenses.

Este fenómeno responde a diversos factores, incluyendo preocupaciones sobre la estabilidad del dólar como reserva de valor frente a la elevada emisión monetaria, la búsqueda de alternativas de inversión con potencial de apreciación, y el reconocimiento progresivo de las criptomonedas como una clase de activo legítima en el ecosistema financiero global.

La propuesta legislativa de Carolina del Sur podría marcar un punto de inflexión en la adopción institucional de criptomonedas, especialmente considerando el significativo volumen máximo establecido de un millón de Bitcoin. En el contexto actual del mercado, donde la oferta total de esta criptomoneda está limitada a 21 millones de unidades y aproximadamente 19,5 millones ya han sido minados, una adquisición de esta magnitud representaría aproximadamente el 5% de toda la oferta existente de Bitcoin.

Los defensores de iniciativas como la de Carolina del Sur argumentan que la inclusión de Bitcoin en reservas estatales podría proporcionar beneficios significativos, incluyendo protección contra la inflación, diversificación del portafolio de inversiones, y posicionamiento estratégico en una tecnología emergente con potencial transformador.

Sin embargo, los críticos señalan los riesgos asociados a la volatilidad inherente de los criptoactivos, las consideraciones regulatorias aún en evolución, y las implicaciones fiscales y presupuestarias de destinar fondos públicos a instrumentos de inversión relativamente nuevos y no tradicionales.

Conforme avanza la tramitación legislativa del proyecto H4256 en Carolina del Sur, otros estados observan con atención el proceso, potencialmente preparándose para introducir iniciativas similares adaptadas a sus contextos específicos. Esta dinámica podría configurar un nuevo paradigma en la gestión financiera gubernamental a nivel subnacional en Estados Unidos, con implicaciones sustanciales para el mercado de criptomonedas y el sistema financiero tradicional.

El resultado de este tipo de iniciativas podría influir significativamente en la legitimación de Bitcoin como reserva de valor institucional y potencialmente catalizar su adopción por parte de otros niveles de gobierno y entidades financieras tradicionales, consolidando su transición desde un instrumento especulativo hacia un componente establecido del sistema financiero global.