Gobernadores hacen equilibrio en la cuerda floja: reclaman fondos a Milei pero sostienen alianza con el gobierno

Los mandatarios provinciales transitan una compleja coreografía política que combina críticas públicas al ajuste gubernamental con respaldo parlamentario a las iniciativas libertarias. La reunión del Consejo Federal de Inversiones expuso reclamos unánimes por el desplome de recursos coparticipables que supera el 20% interanual, mientras horas después varios gobernadores formalizaban su adhesión al régimen de regularización de activos. Esta dualidad refleja el pragmatismo político en tiempos electorales y la necesidad provincial de mantener canales abiertos con el poder central.

El encuentro del martes en las oficinas del CFI congregó a la mayoría de los jefes provinciales con una agenda dominada por preocupaciones económicas compartidas. La caída de las transferencias federales y la paralización de obras de infraestructura vial emergieron como ejes centrales del debate, trascendiendo las diferencias partidarias entre los participantes. Ignacio Lamothe, titular del organismo, coordinó una sesión donde la unidad en los reclamos contrastó con las posteriores decisiones individuales de colaboración con Casa Rosada.

Los números del Centro de Economía Política Argentina dimensionan la magnitud del ajuste territorial. Durante mayo, los recursos de origen nacional experimentaron una contracción del 23,3% en términos reales, considerando una inflación mensual del 2%. La coparticipación federal de impuestos mostró un desplome aún más pronunciado, con una caída interanual del 26,2%. Estas cifras representan el impacto directo del programa de equilibrio fiscal sobre las finanzas subnacionales.

El análisis jurisdiccional revela que ninguna provincia escapó al recorte. Río Negro encabezó las pérdidas con una merma del 26,5% en sus recursos nacionales, mientras Salta registró la menor caída con 19,9%. En materia de coparticipación, las reducciones oscilaron entre 25,3% y 28,5%, evidenciando una distribución relativamente homogénea del ajuste entre todas las administraciones provinciales.

Hugo Passalacqua, gobernador misionero y aliado estratégico del oficialismo en el Congreso, sintetizó el mensaje unificado de sus pares. El mandatario destacó la demanda conjunta por una distribución equitativa de recursos según establece la Constitución Nacional y la necesidad de revisar la política de infraestructura pública. Su posición ilustra el delicado equilibrio entre colaboración parlamentaria y defensa de intereses territoriales.

Desde la oposición, Gildo Insfrán expresó con mayor contundencia las preocupaciones provinciales. El gobernador formoseño cuantificó el impacto del ajuste señalando que la reducción real de transferencias hacia las provincias más la Ciudad Autónoma supera el 20% respecto al período anterior. Su intervención incluyó referencias a la justicia social y el desarrollo con equidad territorial, conceptos ausentes en el discurso gubernamental actual.

La síntesis del encuentro se materializó en una solicitud formal de audiencia presidencial para abordar la situación de las cajas previsionales provinciales y explorar mecanismos de mejor distribución de recursos. Esta petición refleja tanto la urgencia de las necesidades territoriales como el reconocimiento implícito de la centralidad presidencial en las decisiones de política fiscal.

La velocidad de los acontecimientos políticos quedó evidenciada cuando, apenas dos horas después del cierre del CFI, siete gobernadores se trasladaron a Casa Rosada. Leandro Zdero de Chaco, Carlos Sadir de Jujuy, Rolando Figueroa de Neuquén, Alberto Weretilneck de Río Negro, Gustavo Sáenz de Salta, Marcelo Orrego de San Juan y Claudio Poggi de San Luis formalizaron su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias durante un encuentro con Guillermo Francos.

La representación misionera se concretó mediante Adolfo Safrán, ministro de Hacienda provincial, dado que Passalacqua no viajó a Buenos Aires. Esta participación refuerza el compromiso de Misiones con las iniciativas nacionales pese a los reclamos expresados horas antes en el foro federal.

Los antecedentes inmediatos incluyen las adhesiones previas de Osvaldo Jaldo de Tucumán, Raúl Jalil de Catamarca, Ignacio Torres de Chubut y Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Con estas incorporaciones, exactamente la mitad de las jurisdicciones provinciales respaldan formalmente el esquema de regularización de activos no declarados, popularmente conocido como plan de dólares del colchón.

El comunicado oficial posterior al encuentro detalló los alcances del acuerdo. El objetivo principal consiste en garantizar la implementación del nuevo régimen tributario simplificado, preservando tanto la información sobre consumos personales como los incrementos patrimoniales de los ciudadanos. Las provincias adherentes se comprometen a no establecer regímenes informativos adicionales sobre la situación patrimonial de los contribuyentes.

Esta adhesión representa un respaldo significativo para la administración Milei en un contexto de escasez de divisas y presión sobre las reservas internacionales. Los gobernadores dialoguistas envían así una señal de colaboración mientras esperan reciprocidad en el alivio de las restricciones presupuestarias provinciales. La dinámica ilustra el intercambio político subyacente entre apoyo legislativo y recursos fiscales.

El doble discurso gubernamental no constituye una novedad en la relación entre provincias y Nación desde diciembre pasado. Los mandatarios provinciales navegan constantemente entre mantener vínculos funcionales con el poder central, elevar reclamos específicos como la judicialización de deudas previsionales y garantizar respaldo parlamentario a vetos presidenciales e iniciativas del Ejecutivo.

La evolución temporal de los reclamos muestra cambios en las prioridades pero persistencia en la demanda central de mayores recursos. La reducción de transferencias afecta directamente la capacidad operativa de las administraciones provinciales, limitando servicios esenciales y postergando inversiones críticas en infraestructura. Esta situación genera tensiones crecientes entre las necesidades territoriales y los objetivos de consolidación fiscal nacional.

Los tiempos electorales agregan complejidad adicional a estas dinámicas. Los gobernadores deben equilibrar su imagen ante electorados locales afectados por el ajuste con la necesidad pragmática de mantener canales operativos con el gobierno nacional. Esta tensión se manifiesta en declaraciones públicas críticas seguidas de gestos concretos de colaboración institucional.

La paralización de obras públicas emerge como tema particularmente sensible. Las rutas y la infraestructura vial representan no solo necesidades funcionales sino símbolos visibles de gestión gubernamental. Su abandono impacta tanto en la economía regional como en la percepción ciudadana sobre la eficacia administrativa provincial.

El pedido de un nuevo pacto fiscal sintetiza las aspiraciones provinciales de redefinir las reglas de distribución de recursos. Esta demanda trasciende coyunturas específicas y plantea interrogantes estructurales sobre el federalismo fiscal argentino. La concentración de decisiones en el poder central contrasta con las responsabilidades de gestión que permanecen en manos provinciales.

La estrategia de los gobernadores dialoguistas refleja cálculos políticos complejos. Mantener la alianza parlamentaria garantiza cierta influencia en decisiones nacionales y eventual acceso a recursos extraordinarios. Simultáneamente, expresar críticas públicas permite diferenciarse ante sus electorados y presionar por mejores condiciones de negociación.

El gobierno nacional enfrenta sus propios dilemas en esta relación. Necesita el apoyo provincial para aprobar legislación clave y legitimar su programa económico, pero debe mantener la disciplina fiscal como pilar de su estrategia antiinflacionaria. Esta tensión genera espacios de negociación donde ambas partes buscan maximizar beneficios minimizando costos políticos.

La adhesión al régimen de regularización patrimonial ejemplifica estos intercambios. Las provincias facilitan la implementación de una herramienta crucial para captar divisas mientras obtienen compromisos implícitos de futura consideración en la distribución de recursos. Este tipo de transacciones políticas caracteriza el funcionamiento del federalismo argentino en contextos de restricción fiscal.

Los próximos meses pondrán a prueba la sostenibilidad de estos equilibrios. El calendario electoral incrementará presiones sobre gobernadores para mostrar resultados tangibles mientras el gobierno nacional profundiza su programa de ajuste. La capacidad de mantener colaboración funcional en medio de tensiones crecientes determinará la gobernabilidad del sistema federal.

La experiencia histórica sugiere que estos arreglos informales tienen límites. Cuando las restricciones fiscales se tornan insostenibles para la gestión provincial cotidiana, los alineamientos políticos pueden modificarse rápidamente. Los gobernadores mantienen lealtades condicionales sujetas a la capacidad del poder central de atender mínimamente sus demandas.

El episodio del martes sintetiza las complejidades del federalismo argentino actual. Reclamos unificados en foros institucionales coexisten con adhesiones individuales a programas nacionales. Críticas públicas se combinan con colaboración parlamentaria. Esta dualidad refleja tanto el pragmatismo político como las contradicciones estructurales de un sistema que concentra recursos mientras descentraliza responsabilidades.

La resolución de estas tensiones determinará no solo la viabilidad del programa económico nacional sino también la calidad de los servicios públicos provinciales. El equilibrio entre consolidación fiscal y federalismo funcional representa uno de los desafíos centrales para la sustentabilidad política del modelo libertario. Los gobernadores continuarán navegando estas aguas turbulentas, buscando maximizar beneficios para sus territorios mientras minimizan costos políticos en un contexto de creciente polarización.