Sin Cristina en el tablero electoral, con la alianza LLA-PRO estancada y el Radicalismo confundido, la elección en PBA es un enigma

El escenario político en la provincia de Buenos Aires atraviesa una etapa de redefiniciones estratégicas que trasciende la coyuntura inmediata para configurar el tablero electoral de septiembre. Mientras la atención mediática se concentra en el arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner y los esfuerzos del justicialismo por exhibir cohesión, los espacios opositores desarrollan análisis profundos sobre sus alternativas de cara a los comicios del 7 de septiembre.

La detención de la expresidenta en su departamento de Constitución generó un efecto catalítico que otorgó centralidad renovada al peronismo bonaerense, forzando a las demás fuerzas políticas a recalibrar sus estrategias en función de esta nueva dinámica. El justicialismo aprovecha esta coyuntura para proyectar una imagen de unidad que contrasta con las incertidumbres que atraviesan sus competidores electorales.

Las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza enfrentan obstáculos significativos que ponen en riesgo un acuerdo que durante semanas parecía encaminado hacia su concreción. Los resultados de las elecciones porteñas, que evidenciaron la supremacía libertaria en las urnas, intensificaron las conversaciones entre ambas fuerzas, aunque paradójicamente también endurecieron las posiciones de los seguidores de Javier Milei.

La intransigencia demostrada por los dirigentes mileístas genera fricciones crecientes que amenazan con descarrilar las tratativas. Un referente de primera línea del espacio macrista confió que la persistencia en ningunear a los intendentes podría derivar en competencias separadas, revelando la profundidad del malestar existente entre los jefes comunales del partido fundado por Mauricio Macri.

Los alcaldes del PRO expresan su descontento de manera cada vez más explícita ante la cúpula libertaria, que se niega a reconocerles espacios privilegiados en la conformación de las listas electorales. Esta tensión refleja diferencias conceptuales sobre la valoración del poder territorial y la experiencia de gestión que aportan quienes administran municipios desde hace años.

Durante las discusiones, los intendentes del PRO establecieron como condición irrenunciable el respeto por sus armados territoriales en los distritos donde ejercen influencia directa. Esta demanda se fundamenta en la legitimidad que otorga el conocimiento del terreno y las redes construidas a través de años de gestión municipal, elementos que consideran indispensables para cualquier proyecto electoral competitivo.

Las negociaciones se encuentran estancadas precisamente en este punto neurálgico, pese a las declaraciones públicas que insisten en que "terminarán juntos". Un dirigente vinculado a un intendente de peso confesó que no existen avances concretos en prácticamente ninguno de los distritos donde el PRO ejerce gobierno, evidenciando la magnitud de las diferencias existentes.

Los próximos días resultarán decisivos para destrabar el conflicto, ya que está programado un encuentro entre los jefes comunales del PRO y Cristian Ritondo, presidente del partido en la provincia. Esta reunión podría definir el futuro de la alianza o confirmar la ruptura que algunos sectores ya consideran inevitable.

El calendario electoral impone presiones adicionales que no permiten dilaciones indefinidas. El 9 de julio representa la fecha límite para el cierre de alianzas, mientras que el 19 de julio constituye el plazo final para la presentación de listas. Estas fechas inmovibles obligan a las fuerzas políticas a adoptar definiciones concretas en las próximas semanas, dejando poco margen para especulaciones estratégicas.

Los libertarios mantienen su apuesta a replicar el desempeño obtenido en otras elecciones provinciales, donde La Libertad Avanza logró resultados satisfactorios. Esta confianza refuerza su posición negociadora, aunque también incrementa los riesgos para el PRO en caso de competir de manera aislada en un contexto donde la fragmentación suele beneficiar al oficialismo.

El panorama en la Unión Cívica Radical bonaerense presenta complejidades similares, aunque con matices particulares derivados de su estructura interna y tradición política. El partido inició una serie de reuniones sección por sección con el objetivo explícito de provincializar la elección, alejándola de las dinámicas nacionales que podrían resultar perjudiciales para sus aspiraciones locales.

La estrategia radical contempla la utilización de sus 27 intendentes como demostración de poder territorial, presionando con la posibilidad de competir bajo sello propio si las condiciones de eventuales alianzas no resultan satisfactorias. Esta carta de negociación refleja la confianza en su capacidad de gestión municipal y el reconocimiento ciudadano acumulado a través de administraciones exitosas.

Miguel Fernández, exintendente de Trenque Lauquen y actual presidente del Comité provincial, lidera el sector que percibe en el desdoblamiento electoral una oportunidad para instalar una "agenda bonaerense" independiente de la polarización nacional. Esta visión busca capitalizar temas específicamente provinciales que podrían generar diferenciación respecto a las propuestas de alcance nacional.

Sin embargo, la UCR está lejos de alcanzar una postura unificada que permita definiciones estratégicas claras. En este escenario de incertidumbre, ninguna opción resulta descartada de manera definitiva, manteniendo abiertas múltiples alternativas que serán evaluadas conforme evolucionen las circunstancias políticas.

Una de las posibilidades bajo consideración consiste en reeditar Juntos por el Cambio, coalición vigente en numerosos distritos, incorporando a La Libertad Avanza como socio adicional. Quienes promueven esta alternativa priorizan la derrota del kirchnerismo por encima de sus reservas respecto al liderazgo de Javier Milei y sus métodos políticos.

Otros sectores adoptan distancia deliberada del gobierno nacional y sus modalidades de gestión, explorando incluso acercamientos con la administración de Axel Kicillof. Un armador radical que mantiene diálogo con diversos sectores internos reveló que "la mayor parte de la UCR del interior no quiere ir ni con Milei ni con Kicillof", describiendo una posición de equidistancia que complica las definiciones.

Esta postura podría impulsar una modalidad de libre albedrío distrital, permitiendo que cada sección adopte el acuerdo más conveniente según sus particularidades locales. Esta flexibilidad reconoce la diversidad territorial de la provincia y las diferentes correlaciones de fuerza existentes en cada municipio.

La estrategia se emparenta con la propuesta nacional de Facundo Manes, quien recientemente lanzó un espacio superador del radicalismo tradicional pero manteniendo raíces en la UCR. Su entorno confirmó la participación en las elecciones de este año como preparación para 2027, cuando intentarán la aventura presidencial ofreciendo una alternativa a la polarización entre Milei y el peronismo kirchnerista.

Maximiliano Abad, senador nacional y referente del radicalismo bonaerense, mantiene conversaciones abiertas con todos los sectores, incluyendo al oficialismo nacional. Un armador del interior cercano a Abad confirmó la existencia de diálogos, aunque enfatizó la necesidad de evaluar cada sección individualmente antes de adoptar compromisos definitivos.

Esta posición genera incomodidad en sectores del radicalismo que recuerdan debates similares durante la conformación de la alianza con el PRO que llevó al poder en 2015. En aquella oportunidad también existieron discusiones intensas sobre los valores del espacio macrista, aunque finalmente no impidieron el acompañamiento que resultó exitoso electoralmente.

El desarrollo de los próximos días resultará crucial para definir el mapa de alianzas que competirá en septiembre, en un contexto donde cada fuerza evalúa cuidadosamente sus opciones mientras observa los movimientos de sus competidores y las señales que emite el electorado bonaerense.