Cuenta regresiva a los Superpoderes: Milei pierde facultades delegadas para ejecutar reformas el 8 de Julio

La administración de Javier Milei enfrentará una transformación fundamental el 8 de julio cuando expiren las facultades delegadas otorgadas por el Congreso mediante la Ley Bases, herramienta legislativa que durante 12 meses permitió implementar reformas estructurales sin requerir aprobación parlamentaria específica para cada medida. La expiración de estos instrumentos jurídicos representa el final de una etapa caracterizada por transformaciones aceleradas del aparato estatal bajo la denominada estrategia de la motosierra.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, emerge como la figura más impactada por esta transición, considerando que su cartera ministerial fue diseñada específicamente para ejecutar las reformas habilitadas por las prerrogativas extraordinarias. El funcionario había instalado relojes de cuenta regresiva en las oficinas ministeriales para mantener presente entre su equipo la proximidad del vencimiento, evidenciando la centralidad temporal de estas atribuciones en la estrategia gubernamental.

Las facultades delegadas constituyen una práctica institucional utilizada por todos los presidentes argentinos desde 2002, permitiendo que el Poder Ejecutivo ejerza temporalmente competencias constitucionales del Congreso mediante decretos sujetos a revisión parlamentaria posterior. En el caso particular de la gestión libertaria, estas atribuciones se activaron tras la sanción de la Ley Bases durante 2024, estableciendo un plazo inicial de 12 meses con posibilidad de prórroga por periodo equivalente.

La administración actual descartó solicitar extensión de estas prerrogativas, decisión comunicada oficialmente en mayo por el propio Sturzenegger, aunque fuentes gubernamentales reconocen privadamente que carecen del consenso parlamentario necesario para obtener renovación. Esta situación coloca al gobierno en una encrucijada estratégica donde deberá adaptar su metodología reformista a procedimientos legislativos convencionales que requieren mayorías y negociaciones políticas complejas.

El marco legal de emergencia administrativa, económica, financiera y energética justificó constitucionalmente estas delegaciones, habilitando al Ejecutivo para implementar recortes de personal, modificaciones organizacionales, fusiones institucionales y eliminaciones de organismos estatales. Los objetivos declarados incluían mejorar funcionamiento gubernamental y reducir sobredimensionamiento estructural para disminuir déficit fiscal, metas alineadas con la filosofía económica libertaria.

Sin estas atribuciones especiales, modificaciones futuras en organismos como ANMAT, INTA, INTI, ENACOM, SENASA o CONICET requerirán tramitación parlamentaria completa, proceso significativamente más lento y sujeto a negociaciones políticas. Aunque el Congreso negó facultades para disolver estos entes específicos, sí habilitó modificaciones estructurales profundas y eliminación de competencias, herramientas ampliamente utilizadas durante el período de vigencia.

La conversión de empresas estatales en sociedades anónimas, transferencias a jurisdicciones provinciales, y modificaciones de fondos fiduciarios también quedarán condicionadas a aprobación legislativa específica después del 8 de julio. Esta limitación operativa obligó al gobierno a acelerar implementación de reformas pendientes durante los meses finales de vigencia de las facultades extraordinarias.

Entre las transformaciones ejecutadas mediante estos instrumentos destaca la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, medida emblemática del enfoque desregulatorio. Simultáneamente se disolvió el Instituto Nacional Juan Domingo Perón y se reestructuró el Instituto Nacional del Teatro con desvinculación del 20% del personal, ejemplificando la metodología aplicada sistemáticamente.

Las modificaciones al Banco de Datos Genéticos y eliminación de fondos fiduciarios como el de Integración Socio Urbana, destinado a obras en barrios populares, ilustran el alcance sectorial de las reformas. Durante abril, 5 empresas públicas incluyendo Fabricaciones Militares, Empresa de Navegación Aérea y Administración General Puertos fueron transformadas en sociedades anónimas mediante estos procedimientos extraordinarios.

La reciente eliminación de la Marina Mercante y creación de un Régimen de Excepción sectorial generó movilización de 70 gremios ante el Ministerio de Desregulación, evidenciando resistencias organizadas a las políticas implementadas. Esta protesta trascendió la medida específica para manifestar repudio a los 47.000 despidos registrados en el sector público desde diciembre de 2023, cifra mayoritariamente atribuible a eliminación de más de 200 áreas administrativas.

El gobierno exhibe estos recortes como cumplimiento exitoso de promesas electorales, destacando ahorros fiscales estimados en 1.885 millones de dólares resultantes de la reestructuración estatal. Para la administración libertaria, estas reducciones representan materialización concreta del espíritu ideológico que caracteriza al movimiento La Libertad Avanza, razón por la cual Milei frecuentemente reconoce públicamente la labor de Sturzenegger denominándolo "el coloso".

La vinculación entre el ministro de Desregulación y las facultades delegadas trasciende aspectos operativos para abarcar la génesis misma de su cargo, creado posteriormente a la sanción de la Ley Bases que habilitó gran parte de las medidas implementadas. Esta conexión estructural explica por qué Sturzenegger emerge como el funcionario más vulnerable ante la expiración de estas atribuciones extraordinarias.

Los relojes de cuenta regresiva instalados en dependencias ministeriales simbolizan la conciencia temporal que guió las acciones reformistas durante este período. Sturzenegger explicó que buscaba mantener entre su equipo plena conciencia del tiempo disponible para ejecutar transformaciones programadas, reconociendo implícitamente que su función principal se encuentra íntimamente ligada a estas prerrogativas temporales.

Las medidas aceleradas durante las semanas finales incluyen reestructuraciones pendientes del INTA, organismo responsable del desarrollo tecnológico agropecuario que perderá su carácter descentralizado. Similares modificaciones afectarán a ANMAT, perdiendo intervención en importaciones comerciales de medicamentos de bajo riesgo, y al INTI, que también abandonará su estructura descentralizada actual.

La conflictividad social derivada de estas políticas se manifiesta en movilizaciones de la Central de Trabajadores Argentinos y sectores de la Confederación General del Trabajo, aunque para la administración libertaria estos cuestionamientos representan resistencias esperables a transformaciones necesarias. La narrativa oficial presenta estos conflictos como costos inevitables de modernización estatal indispensable.

Un proyecto de diputados libertarios contempla solicitud de prórroga para las facultades delegadas, aunque hasta el momento no registra movimiento legislativo significativo. La ausencia de gestiones activas para obtener extensión sugiere aceptación gubernamental de esta transición hacia procedimientos parlamentarios convencionales para futuras reformas.

La caída de estas atribuciones extraordinarias marcará un punto de inflexión en la metodología gubernamental, obligando a desarrollar estrategias alternativas para continuar transformaciones estatales mediante negociación política y construcción de consensos parlamentarios. Esta evolución institucional representará una prueba significativa para la capacidad adaptativa de una administración caracterizada por decisiones unilaterales y reformas aceleradas.

El impacto sobre la gestión gubernamental comenzará a evidenciarse inmediatamente después del 8 de julio, cuando cualquier modificación organizacional requiera tramitación legislativa completa. Esta nueva realidad institucional demandará habilidades políticas diferentes y estrategias de construcción de mayorías que hasta ahora no constituyeron prioridades para una administración acostumbrada a implementar cambios mediante decretos ejecutivos respaldados por facultades extraordinarias.