Sturzenegger ahora plantea revisar 2.000 leyes y 700 mil decretos para eliminar burocracia
La administración de Javier Milei enfrenta una tarea colosal tras la expiración de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso. Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, reveló que aproximadamente 700 mil decretos aguardan evaluación dentro de un programa ambicioso de reforma institucional que apenas ha comenzado.
Durante una entrevista en Radio Mitre, el funcionario dimensionó el alcance del trabajo pendiente, aclarando que las atribuciones especiales representaron únicamente el 5% de la agenda transformadora prevista. El universo normativo bajo análisis abarca cerca de 2 mil leyes, mientras que la cantidad de decretos multiplica exponencialmente esta cifra, configurando un desafío administrativo sin precedentes en la historia reciente argentina.
La conclusión del período especial coincidió simbólicamente con la disolución de Vialidad Nacional, organismo que Sturzenegger caracterizó como emblema de las prácticas corruptas heredadas. Esta decisión complementa una estrategia iniciada con el cierre del INADI, institución que el ministro definió como símbolo del aprovechamiento político de recursos públicos.
El funcionario detalló que la reestructuración vial implica la división del organismo en 3 áreas diferenciadas, buscando eliminar el conflicto de intereses que permitía el autocontrol institucional. Esta medida responde directamente a las irregularidades judiciales detectadas en la entidad, configurando un antecedente para futuras intervenciones similares.
Sturzenegger cifró en 101 las medidas implementadas durante este primer año de gestión, generando ahorros estimados en 2 mil millones de dólares que, según su perspectiva, retornan directamente a los contribuyentes mediante la reducción de la presión fiscal. Esta cifra representa uno de los principales argumentos oficiales para justificar la profundidad del ajuste estructural emprendido.
El ministro contextualiza el uso de facultades delegadas dentro del marco constitucional establecido en el artículo 76, recordando que administraciones anteriores, incluyendo gobiernos kirchneristas y de Mauricio Macri, recurrieron a instrumentos similares. Sin embargo, diferencia el enfoque actual al sostener que Milei solicitó estas atribuciones para acelerar reformas preexistentes, no para gobernar permanentemente sin control parlamentario.
La estrategia oficial contempla una nueva fase de relacionamiento con el Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando el Ejecutivo evaluará el nivel de apoyo legislativo para determinar la viabilidad de impulsar las reformas contempladas en el Pacto de Mayo. Esta transición marca el inicio de una agenda más ambiciosa que requiere consensos amplios para su materialización.
Los fondos fiduciarios emergieron como uno de los focos principales de las investigaciones ministeriales. Sturzenegger narró el caso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, descubierto sin recursos durante los incendios en Chubut, revelando que los recursos destinados a la compra de aviones hidrantes fueron desviados hacia el pago de salarios en Télam. Esta situación ejemplifica, según el funcionario, un patrón sistemático de malversación detectado en la totalidad de fondos analizados.
La revisión de estos instrumentos financieros se apoyó en el artículo 5 de la Ley Bases, permitiendo el cierre de múltiples fondos considerados irregulares. Carlos Guberman y José García Hamilton, funcionarios del Ministerio de Economía, lideraron este proceso de auditoría que busca incrementar la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Respecto a los organismos descentralizados, el ministro criticó su tendencia a la autofinanciación mediante el cobro de trámites, práctica que considera generadora de burocracia innecesaria. Esta dinámica, argumenta, incentiva la complejización administrativa para generar ingresos propios, afectando negativamente a ciudadanos y empresas que deben enfrentar procesos costosos y redundantes.
El funcionario desarrolló una particular visión sobre el impacto social del Estado expandido, calificándolo como verdadera crueldad institucional. Desde esta perspectiva, la estructura burocrática sobredimensionada constituye una forma de ajuste permanente sobre la ciudadanía, obligada a financiar empleos improductivos y servicios ineficientes que no generan valor agregado real.
Esta filosofía se sustenta en datos demográficos alarmantes: aproximadamente 2,5 millones de argentinos emigraron durante la década previa a 2023, principalmente jóvenes y sectores medios que perdieron expectativas de progreso local. Sturzenegger interpreta este éxodo como respuesta social ante la presión tributaria insostenible y la degradación de servicios públicos.
En materia sectorial específica, el ministro abordó múltiples reformas en curso. La industria futbolística atraviesa discusiones sobre la incorporación de capital privado, respaldada mayoritariamente por los clubes siempre que los socios aprueben estas decisiones. Paralelamente, criticó las ventajas fiscales especiales creadas durante gestiones anteriores de Eduardo Duhalde y Sergio Massa.
Las modificaciones al Registro Nacional de la Propiedad Automotor presentan avances desiguales, reconociendo dificultades en la implementación de nuevos sistemas digitales. La reglamentación del código de tránsito introdujo cambios significativos, habilitando a cualquier concesionario para realizar verificaciones técnicas vehiculares, eliminando monopolios provinciales tradicionales.
Esta última medida enfrenta resistencias territoriales, aunque Sturzenegger anticipa que la adhesión provincial constituirá un eje central en futuras campañas electorales. La propuesta oficial enfatiza la reducción de gastos públicos como mecanismo para disminuir la carga impositiva, configurando una plataforma política diferenciada.
Finalmente, las reformas laborales incorporaron cláusulas que otorgan libertad a trabajadores y empresarios para acordar mecanismos indemnizatorios alternativos dentro de convenios colectivos. Aunque ningún sector implementó aún estas posibilidades, varios grupos empresariales y gremiales exploran opciones para reducir costos de litigación, incluyendo sectores rural, seguridad y gastronómico, con novedades previstas para el corto plazo.