Vidal critica la corrupción mientras Ritondo respalda a Milei

El PRO experimenta una fractura interna significativa que evidencia posiciones irreconciliables ante el escándalo de presunta corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad y figuras centrales de la administración libertaria. La tensión alcanzó su punto más visible cuando María Eugenia Vidal se distanció públicamente del apoyo que Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, brindó al presidente Javier Milei durante la crisis institucional más grave que enfrenta el gobierno desde su asunción.

El conflicto interno refleja estrategias políticas divergentes sobre cómo posicionarse frente a las denuncias que involucran a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, y los presuntos mecanismos de coimas que habrían beneficiado a Karina Milei a través de contratos con la droguería Suizo Argentina. Esta división expone las dificultades del PRO para mantener coherencia en su rol como aliado estratégico de La Libertad Avanza mientras preserva su identidad como fuerza política independiente.

Ritondo adoptó una postura defensiva inequívoca durante la sesión informativa de Guillermo Francos en la Cámara baja, convirtiéndose en el primer dirigente del PRO que ofreció respaldo público explícito a la gestión presidencial tras las filtraciones de los audios comprometedores. El legislador bonaerense destacó la decisión gubernamental de remover al exfuncionario involucrado, contrastando esta respuesta con anteriores escándalos donde autoridades optaron por ocultarse o minimizar las acusaciones.

La defensa elaborada por el jefe del bloque PRO incluyó elogios al manejo institucional de la crisis, particularmente la celeridad con que la Justicia comenzó a investigar las denuncias sin interferencias gubernamentales. Ritondo argumentó que esta reacción representa una aproximación más republicana comparada con episodios previos donde administraciones cuestionaron la legitimidad o independencia de magistrados intervinientes.

Sin embargo, la posición de Ritondo generó malestar inmediato en sectores significativos de su propio partido. María Eugenia Vidal utilizó redes sociales para expresar una visión diametralmente opuesta, enfatizando que la tolerancia hacia la corrupción no puede condicionarse a consideraciones partidarias o electorales. La exgobernadora bonaerense formuló un llamado categórico proclamando que "más allá de cualquier campaña electoral, digamos corrupción nunca más".

Las críticas de Vidal trascendieron la defensa específica de Milei para abordar aspectos estructurales de la política anticorrupción implementada por La Libertad Avanza. La legisladora cuestionó decisiones gubernamentales que habrían debilitado organismos de control, incluyendo la limitación de facultades a la Unidad de Información Financiera y la demora en designar integrantes de la Auditoría General de la Nación.

La exgobernadora también señaló restricciones al acceso de información pública y el estancamiento en el Congreso de proyectos de transparencia como la ley de Ficha Limpia, argumentando que estos factores incrementan las oportunidades para que funcionarios corruptos evadan controles institucionales. Esta argumentación constituye una crítica directa a las prioridades legislativas y de gestión del gobierno libertario.

El análisis de Vidal sobre las consecuencias de la corrupción adquiere particular relevancia en el contexto del escándalo ANDIS. La dirigente explicó que los actos corruptos trascienden consideraciones morales para generar impactos concretos en la vida ciudadana, incluyendo fondos que no llegan a beneficiarios legítimos, desequilibrios fiscales que alimentan la inflación, y deficiencias en infraestructura que comprometen la seguridad pública.

Esta perspectiva integral contrasta con abordajes que limitan el análisis de corrupción a aspectos éticos o procedimentales. Vidal enfatizó que durante su experiencia gubernamental comprendió las dificultades para identificar colaboradores totalmente confiables, problema común a todas las organizaciones políticas que requiere marcos institucionales sólidos para minimizar riesgos de irregularidades.

La ausencia de Mauricio Macri en el debate público añade complejidad a la crisis interna del PRO. El expresidente mantuvo silencio institucional absoluto sobre el escándalo mientras participaba en competencias de bridge en Dinamarca, evitando pronunciamientos que podrían inclinar la balanza en el conflicto entre las posiciones de Ritondo y Vidal. Esta estrategia de no intervención podría reflejar incertidumbre sobre la evolución del caso o preferencia por mantener flexibilidad política.

La reacción diferenciada dentro del PRO también evidencia cálculos electorales distintos sobre el impacto del escándalo en las perspectivas de La Libertad Avanza para los comicios de octubre. Ritondo, arquitecto del acuerdo electoral con los libertarios en territorio bonaerense, tiene intereses estratégicos en preservar la alianza, mientras que Vidal puede priorizar el distanciamiento para proteger credibilidad anticorrupción del espacio político.

El presidente Milei rompió su silencio sobre las acusaciones durante incidentes ocurridos en una caravana de campaña en Lomas de Zamora. El mandatario negó categóricamente la veracidad de las afirmaciones de Spagnuolo, calificándolas como mentiras deliberadas, y anunció acciones judiciales contra quien fuera su abogado personal. Esta declaración representa su primer pronunciamiento público directo sobre el escándalo que involucra a su hermana.

La respuesta presidencial coincidió temporalmente con episodios de violencia política que afectaron su actividad proselitista en territorio bonaerense. Vidal expresó repudio unánime por estos incidentes, manteniendo separación entre críticas a la gestión gubernamental y condena a manifestaciones violentas que considera inaceptables independientemente de diferencias políticas.

La crisis interna del PRO refleja tensiones más amplias sobre el posicionamiento de partidos tradicionales frente a La Libertad Avanza. La coalición enfrenta el desafío de mantener identidad propia mientras preserva acuerdos electorales que considera estratégicos para competir con el kirchnerismo. Esta dualidad genera conflictos inevitables cuando emergen escándalos que ponen a prueba límites éticos de la colaboración política.

Las declaraciones de Vidal sugieren que sectores del PRO priorizan coherencia programática anticorrupción por encima de conveniencias electorales inmediatas. Esta posición podría resonar con votantes que valoran consistencia ética independientemente de cálculos partidarios. Sin embargo, también arriesga fragmentar espacios de centro-derecha en un contexto donde la unidad resulta crucial para enfrentar alternativas populistas.

La evolución de esta controversia interna determinará la capacidad del PRO para mantener cohesión mientras navega alianzas complejas con La Libertad Avanza. El silencio de Macri no podrá prolongarse indefinidamente, y su eventual posicionamiento influirá decisivamente en la resolución del conflicto entre las visiones de Ritondo y Vidal sobre los límites éticos de la colaboración política en contextos de crisis institucional.