El jefe de Gabinete Guillermo Francos convirtió su rutinaria presentación ante la Cámara de Diputados en una estrategia defensiva para contener el daño político generado por las grabaciones filtradas que comprometen a la administración de Javier Milei. Los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, quien dirigía la Agencia Nacional de Discapacidad hasta su reciente destitución, han desatado una tormenta política que amenaza la estabilidad del gobierno libertario.

La crisis se intensificó cuando las grabaciones revelaron presuntos mecanismos de corrupción dentro de la ANDIS, organismos encargado de gestionar pensiones por discapacidad y programas sociales sensibles. Spagnuolo, protagonista central de la controversia, habría detallado esquemas de cobro de comisiones que involucrarían a figuras cercanas al círculo presidencial, incluyendo referencias específicas a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia.

Francos adoptó una postura combativa desde el inicio de su exposición, abandonando el protocolo habitual para lanzar acusaciones directas contra la oposición. El funcionario calificó las filtraciones como una "operación política orquestada" diseñada para desestabilizar al gobierno en vísperas del calendario electoral. Esta estrategia marca un giro significativo respecto al manejo tradicional de crisis institucionales, priorizando el contraataque sobre la explicación detallada de los hechos.

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El timing de la convocatoria parlamentaria generó especulaciones adicionales. Martín Menem, presidente de la Cámara baja, confirmó la sesión informativa precisamente cuando la controversia alcanzaba su punto más álgido, una decisión que el oficialismo justificó como muestra de transparencia pero que críticos interpretaron como maniobra dilatoria para evitar citaciones más rigurosas.

Durante la sesión, Milei intervino públicamente por primera vez desde que estallara el escándalo. El presidente categóricamente negó las acusaciones y anunció acciones judiciales contra Spagnuolo, a quien acusó de mentir deliberadamente. Esta declaración coordinada con la presentación de Francos evidencia una estrategia comunicacional unificada para minimizar el impacto político del caso.

La oposición respondió intensificando sus demandas de transparencia. Legisladores de diversos bloques preparan interpelaciones dirigidas no solo a Francos, sino también al ministro de Salud Mario Lugones y especialmente a Karina Milei, quien según los audios filtrados habría sido beneficiaria directa de las presuntas coimas mediante un porcentaje fijo de las contrataciones irregulares.

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Uno de los momentos más tensos de la sesión ocurrió cuando la diputada Marcela Pagano, ex militante libertaria convertida en crítica del gobierno, interrogó al jefe de Gabinete sobre la presencia de ex agentes de inteligencia en la administración. Este episodio derivó en un intercambio de chicanas que incluyó referencias explícitas al polémico "3%" mencionado en las grabaciones como comisión destinada a la hermana presidencial.

Francos intentó despejar dudas sobre la droguería Suizo Argentina, empresa señalada como canal para el cobro de las presuntas coimas. El funcionario precisó que se trata de una distribuidora farmacéutica, no de un laboratorio, y explicó que sus contratos con el Estado surgieron de licitaciones públicas competitivas donde participaron múltiples oferentes, resultando adjudicatarias tanto Suizo Argentina como la empresa de logística OCA.

La defensa gubernamental incluyó revelaciones sobre el proceso interno que condujo a la remoción de Spagnuolo. Francos asumió públicamente la responsabilidad de haber recomendado al presidente la destitución del funcionario, argumentando que la aparición de las grabaciones hacía insostenible su permanencia en el cargo. Esta admisión busca proteger a Milei de acusaciones de complicidad o negligencia en el manejo de la crisis.

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El contexto electoral añade complejidad al escándalo. Con las elecciones legislativas de octubre aproximándose, tanto el oficialismo como la oposición evalúan el impacto de la controversia en sus respectivas estrategias. Francos dedicó portions significativas de su exposición a contrastar los resultados económicos actuales con la gestión kirchnerista, buscando reorientar el debate hacia terrenos más favorables para el gobierno.

Las tensiones escalaron cuando se incorporó a la discusión el incidente ocurrido en Lomas de Zamora, donde la caravana presidencial fue atacada con piedras durante una actividad proselitista. El oficialismo aprovechó este episodio para denunciar la "violencia política" de sectores opositores, intentando equilibrar las acusaciones de corrupción con señalamientos sobre intolerancia democrática.

La estrategia defensiva gubernamental evidencia reconocimiento interno de la gravedad del escándalo. Más allá de las negativas categóricas y las denuncias de "operación política", las medidas adoptadas incluyen la intervención completa de la ANDIS y auditorías exhaustivas de sus sistemas de compras y contrataciones, sugiriendo que las autoridades identifican problemas estructurales en el organismo.

La crisis plantea desafíos múltiples para la administración Milei. En lo inmediato, deberá navegar el proceso judicial que se avecina y las investigaciones parlamentarias que impulsa la oposición. A mediano plazo, necesitará restaurar la confianza pública en instituciones clave del aparato estatal, particularmente aquellas vinculadas a programas sociales sensibles donde la corrupción afecta directamente a sectores vulnerables.

El manejo de esta controversia podría definir la capacidad del gobierno para mantener su narrativa de renovación política frente a prácticas tradicionales de la dirigencia argentina. La efectividad de la estrategia de contraataque adoptada por Francos se medirá en las próximas semanas, cuando la opinión pública evalúe si las explicaciones oficiales resultan convincentes o si las sospechas de corrupción logran erosionar irreversiblemente el capital político de la administración libertaria.