Reforma laboral: obras sociales sindicales perderían $90.000 millones por recorte de aportes patronales

La reforma laboral enviada al Senado por la administración Milei desató una crisis con el movimiento sindical argentino. Dirigentes de la CGT realizaron cálculos que arrojan pérdidas millonarias para el sistema de salud gremial. La central obrera, las dos CTA y las 62 Organizaciones declararon la guerra al proyecto y convocaron una marcha a Plaza de Mayo para el próximo jueves 18 de diciembre.

Según fuentes de la conducción cegetista integrada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, la quita de un punto porcentual en los aportes patronales representa un golpe devastador. El recorte de 6% a 5% en las contribuciones empresariales destinadas a obras sociales implica una merma de 90.000 millones de pesos para el sistema sanitario sindical.

Fondo Solidario de Redistribución: números que alarman a los gremios
José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT, aportó precisiones técnicas sobre las consecuencias del proyecto. La reducción de un punto equivale a 16.500 millones de pesos mensuales menos para el Fondo Solidario de Redistribución. Este mecanismo financia tratamientos de enfermedades complejas y patologías de alto costo para afiliados de todas las obras sociales.

Adicionalmente, la masa a distribuir entre las entidades de salud sindical caería en 96.000 millones de pesos. Estos cálculos fueron realizados sobre datos de agosto pasado según precisó el dirigente. Para compensar semejante recorte habría que incrementar el monotributo en aproximadamente 50.000 pesos mensuales.

Fuentes sindicales consideran que esta medida busca desfinanciar las obras sociales para luego justificar intervenciones estatales. Legisladores de Unión por la Patria comparten esa interpretación sobre las intenciones gubernamentales. El bloque peronista continúa afinando las estimaciones numéricas para fortalecer su estrategia comunicacional.

Fondo de Asistencia Laboral: jubilados financiarían despidos empresarios
Otro punto crítico del proyecto involucra la creación del Fondo de Asistencia Laboral para cubrir futuras indemnizaciones. Los empleadores deberán aportar el 3% de los salarios a este nuevo mecanismo administrado por el Estado. La recaudación estimada alcanzaría unos 2.500 millones de dólares equivalentes a 3,65 billones de pesos.

Sin embargo, como contrapartida las empresas dejarán de contribuir ese mismo 3% al sistema previsional de ANSES. Los sindicalistas denuncian que los jubilados terminarán financiando los despidos que realicen los empresarios. Esta transferencia de recursos afectará la capacidad del organismo para mejorar prestaciones jubilatorias y asignaciones familiares.

El Instituto de Estudios y Formación de CTA elaboró un análisis detallado sobre estas implicancias. Según sus estimaciones preliminares, entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales pasarán de trabajadores a empleadores. Los recursos del nuevo fondo podrán ser gestionados por administradores privados que cobrarán comisiones a determinar por reglamentación.

Cuota solidaria: restricciones que vacían el mecanismo
El Gobierno finalmente no eliminó completamente la cuota solidaria del texto enviado al Parlamento. Sin embargo, le impuso requisitos tan estrictos que prácticamente la dejan sin efecto según fuentes gremiales. El pago quedará condicionado al consentimiento expreso e individual de cada trabajador.

Actualmente los empleadores tienen obligación legal de retener esos aportes para girarlos a los sindicatos correspondientes. El proyecto convierte esa obligación en una facultad optativa sujeta a acuerdo entre las partes. En la práctica, pocos trabajadores darán su conformidad voluntaria para financiar organizaciones gremiales.

Esta cuota representa entre 2% y 3% de los salarios y se aplica a todos los empleados de cada actividad económica. El aporte rige independientemente de si el trabajador está afiliado o no al sindicato de su sector. Los gremios argumentan que todos los empleados se benefician de los convenios colectivos negociados por las organizaciones sindicales.

Impacto fiscal: exenciones impositivas por USD 548 millones
El senador Jorge Capitanich realizó cálculos adicionales que preocupan al bloque peronista y las centrales obreras. El proyecto elimina impuestos internos con un costo fiscal estimado en 548 millones de dólares anuales. Esta cifra equivale aproximadamente a 800.000 millones de pesos que dejará de recaudar el fisco.

Las exenciones beneficiarán a sectores como seguros, telefonía celular y satelital, objetos suntuarios y vehículos. También quedarán eximidos embarcaciones de recreo, aeronaves deportivas y automóviles de alta gama. El peronismo denuncia que la motosierra recaerá sobre la recaudación mientras se beneficia a contribuyentes de alto poder adquisitivo.

Estrategia opositora: dividir el proyecto en el Senado
El bloque de Unión por la Patria prepara una estrategia para frenar la iniciativa en la Cámara Alta. El martes próximo a las 11 horas se realizará una reunión de Labor Parlamentaria donde plantearán su posición. Los peronistas intentarán separar las disposiciones laborales de las modificaciones tributarias.

El peronismo cuenta con 28 senadores y busca sumar a los cinco legisladores del bloque no kirchnerista. Alejandra Vigo y Carlos Espínola lideran ese espacio que podría inclinar la balanza. Simultáneamente, la CGT negociará con gobernadores cercanos al justicialismo pero aliados circunstanciales de Milei.

Gerardo Martínez, dirigente de la construcción, fue designado para gestionar esos contactos con mandatarios provinciales. Los principales objetivos son Rolando Figueroa de Neuquén, Gustavo Sáenz de Salta y Claudio Vidal de Santa Cruz. Convencer a estos gobernadores resultará clave para el destino del proyecto en el recinto senatorial.

Derecho de huelga y convenios colectivos bajo amenaza
Las centrales obreras denuncian que el proyecto dificulta extremadamente el ejercicio del derecho de huelga. Casi todas las actividades económicas quedan categorizadas como servicios esenciales o de importancia trascendental. Durante medidas de fuerza los trabajadores deberían garantizar entre 50% y 75% del servicio normal.

La negociación colectiva también sufriría modificaciones sustanciales según el análisis sindical. Los convenios por empresa o región tendrán primacía sobre los acuerdos por actividad o nacionales. Esta descentralización debilitará el poder negociador de las organizaciones gremiales frente a los empleadores.