Bitcoin como Política Pública: Análisis Crítico de la Adopción Estatal de Criptomonedas y sus Implicancias para la Soberanía Monetaria

La política económica no puede reducirse a marcos monetarios o tecnológicos simplistas. Como sugería Adolfo Canitrot en sus reflexiones sobre los desafíos de la transformación económica, abordar cuestiones sistémicas requiere enfoques pragmáticos y multidimensionales que trasciendan fronteras ideológicas tradicionales. La adopción estatal de Bitcoin ilustra con claridad meridiana esta complejidad: lo que comenzó como experimento tecnológico marginal en 2009 ocupa hoy un lugar central en debates sobre soberanía monetaria, inclusión financiera y geopolítica del dinero.

Determinantes estructurales de la adopción: más allá del entusiasmo tecnológico
El Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2025 confirma un desplazamiento del impulso hacia el Sur Global. Asia-Pacífico lidera el crecimiento con India, Vietnam y Pakistán a la cabeza, registrando un incremento interanual del 69% en el valor de transacciones. América Latina sigue de cerca con un aumento del 63%, mientras África subsahariana acelera particularmente en remesas y pagos cotidianos.

Sin embargo, estas métricas agregadas oscurecen dinámicas distributivas relevantes. La adopción de criptomonedas no opera como fenómeno neutral: redistribuye poder entre quienes poseen alfabetización digital y acceso a infraestructura tecnológica versus poblaciones excluidas de estos recursos. En economías marcadas por informalidad laboral y brechas de conectividad, las promesas de inclusión financiera frecuentemente benefician a sectores ya privilegiados mientras marginan a los más vulnerables.

Tres factores estructurales determinan la viabilidad de la adopción: marco regulatorio claro que reduzca incertidumbre jurídica, infraestructura tecnológica suficiente (conectividad, smartphones, familiaridad con pagos digitales), y confianza social en instituciones que administren la transición. La ausencia de cualquiera de estos elementos condena los experimentos al fracaso, independientemente del entusiasmo gubernamental.

El Salvador: laboratorio de ensayo y error con costos sociales asimétricos
El caso salvadoreño constituye el experimento más emblemático y controvertido de adopción estatal de Bitcoin. La decisión del gobierno de Nayib Bukele en 2021 de declarar la criptomoneda moneda de curso legal fue interpretada como apuesta estratégica para atraer inversión, ganar visibilidad internacional y reducir dependencia de instituciones financieras tradicionales.

No obstante, el experimento enfrentó obstáculos estructurales que evidenciaron la distancia entre ambición retórica y realidad económica. Con un PIB per cápita cercano a 4.100 dólares y elevados niveles de informalidad, El Salvador carecía de la infraestructura digital necesaria para una adopción masiva. La desconfianza social operó como freno decisivo: ocho de cada diez salvadoreños nunca utilizaron Bitcoin y apenas el 1% de las remesas se canalizó a través de la billetera oficial del Gobierno.

La presión del Fondo Monetario Internacional marcó el punto de inflexión. En el marco de un acuerdo de financiamiento de 1.400 millones de dólares, El Salvador retiró en 2024 el estatus de moneda de curso legal a Bitcoin, limitando su uso al ámbito privado. Esta rectificación evidenció una lección fundamental: la innovación financiera impuesta por decreto, sin confianza ciudadana ni capacidad institucional suficiente, tiene recorrido corto.

Sin embargo, caracterizar el experimento exclusivamente como fracaso resulta reduccionista. El Salvador mantiene reservas superiores a 6.100 bitcoins, valoradas en aproximadamente 500 millones de dólares, y continúa aspirando a posicionarse como polo tecnológico regional. Las lecciones aprendidas, tanto positivas como negativas, informan debates globales sobre los límites de la adopción estatal de criptoactivos.

Estados Unidos: del escepticismo al abrazo estratégico
La transformación de la postura estadounidense hacia Bitcoin ilustra cómo consideraciones geopolíticas pueden reconfigurar posiciones aparentemente consolidadas. El presidente Trump, quien calificó a Bitcoin de "estafa" en 2021, proclamó durante su segunda campaña presidencial la aspiración de convertirse en el primer "cripto presidente" y transformar a Estados Unidos en "capital mundial de las criptomonedas".

La Ley GENIUS estableció el primer sistema regulatorio federal para monedas estables, legitimando las stablecoins mientras refuerza el papel del dólar como moneda de reserva global al impulsar demanda de deuda estadounidense. Esta arquitectura regulatoria revela una sofisticación estratégica: integrar innovación tecnológica sin ceder soberanía monetaria.

Las decisiones simbólicas complementaron el marco normativo. La orden ejecutiva de marzo creando una Reserva Estratégica de Bitcoin y una Reserva de Activos Digitales, junto con la apertura para que ahorros jubilatorios puedan invertirse parcialmente en criptomonedas, configuran un giro de 180 grados respecto a la hostilidad previa. Simultáneamente, el descarte explícito de un dólar digital del banco central señala los límites de la innovación monetaria que Washington está dispuesto a tolerar.

Unión Europea: regulación como expresión de soberanía
El bloque europeo adoptó una postura marcadamente más cautelosa, priorizando estabilidad y transparencia sobre velocidad de adopción. El reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) constituye el primer marco legal integral sobre criptoactivos a escala regional, sometiendo a Bitcoin y otros activos digitales a reglas estrictas de supervisión, licenciamiento y protección del consumidor.

El Banco Central Europeo ha sido explícito respecto a los riesgos de volatilidad, especulación y uso ilícito, defendiendo la soberanía monetaria del bloque frente a las finanzas descentralizadas. Esta preocupación se traduce en vigilancia especial sobre stablecoins y el impulso paralelo al euro digital como respuesta institucional al auge de activos privados.

No obstante, el enfoque europeo no resulta hostil a la innovación per se. Francia, Alemania y España han normalizado la presencia de plataformas cripto reguladas, y entidades financieras tradicionales exploran crecientemente servicios vinculados a activos digitales. La diferencia radica en que la integración ocurre dentro de marcos institucionales establecidos, no como disrupción de los mismos.

Criptomonedas en economías inestables: refugio o espejismo
En países como Venezuela o Argentina, las criptomonedas han sido utilizadas como refugio frente a inflación y depreciación de monedas locales. Esta función de reserva de valor para poblaciones afectadas por inestabilidad monetaria representa uno de los casos de uso más legítimos del ecosistema cripto.

Sin embargo, la caracterización de Bitcoin como herramienta de inclusión financiera para sectores vulnerables demanda escrutinio crítico. El acceso efectivo a criptomonedas requiere dispositivos tecnológicos, conectividad estable, alfabetización digital y capacidad de absorción de volatilidad extrema. Estas condiciones excluyen precisamente a las poblaciones más vulnerables que supuestamente serían beneficiarias principales.

Además, cuando ciudadanos recurren a activos externos como reserva de valor, revelan un fracaso institucional profundo: la incapacidad del Estado para proveer moneda estable. Las criptomonedas operan entonces no como solución sino como síntoma de disfuncionalidades que demandan atención en sus causas estructurales, no en sus manifestaciones superficiales.

Consideraciones críticas: innovación, riesgo y equidad distributiva
La experiencia internacional demuestra que Bitcoin no constituye alternativa universal ni burbuja pasajera simple. Su adopción depende del contexto económico, la capacidad institucional y, fundamentalmente, de la confianza social que ningún decreto puede imponer.

Las preguntas relevantes trascienden métricas de adopción o niveles de precio. ¿Quiénes capturan los beneficios de la innovación financiera? ¿Cómo se distribuyen los riesgos de volatilidad extrema entre participantes sofisticados e inversores minoristas? ¿Qué implicancias tiene la fragmentación del sistema monetario global para la capacidad de los Estados de implementar políticas contracíclicas?

En el equilibrio entre innovación y riesgo se está escribiendo el futuro del dinero. Por ahora, ningún país posee la respuesta definitiva. Lo que resulta claro es que la adopción exitosa de nuevas tecnologías financieras requiere simultáneamente regulación sólida, infraestructura adecuada y confianza ciudadana. En ausencia de estos pilares, los experimentos más ambiciosos terminan revelando los límites de la voluntad política frente a las restricciones estructurales que caracterizan a las economías en desarrollo.