Milei convoca al Congreso en febrero: acuerdo UE-Mercosur y reforma laboral en agenda

Javier Milei oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias antes de viajar a Davos para participar del Foro Económico Mundial. El temario incluye tres proyectos estratégicos: el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la ley de modernización laboral y modificaciones a la normativa sobre glaciares. El Ejecutivo enviará los textos definitivos durante los últimos días de enero.

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Números favorables en ambas cámaras para el acuerdo comercial
El oficialismo confía en reunir los votos necesarios sin demasiadas dificultades. En Diputados, la coalición gobernante parte con aproximadamente 120 legisladores asegurados sumando a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales. Necesita solo nueve adhesiones adicionales para alcanzar la mayoría simple.

El PRO confirmó su respaldo total al tratado. Fulvio Pompeo, referente histórico del partido en asuntos internacionales, lidera el seguimiento técnico del proyecto. El radicalismo también expresó apoyo a través de su flamante presidente Leonel Chiarella, pese a no pertenecer al sector más afín al gobierno libertario.

En el Senado la situación resulta igualmente favorable. Con los votos del macrismo, el radicalismo y legisladores que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz de Salta y Hugo Passalacqua de Misiones, el oficialismo alcanza 36 bancas. Falta apenas una para la mayoría, aunque provincias con fuerte perfil agropecuario probablemente sumen respaldos adicionales.

La premisa del Ejecutivo: aprobar sin modificaciones
El mandatario libertario transmitió un mensaje contundente tras la firma definitiva en Asunción: no tolerará que el Congreso introduzca mecanismos que alteren lo pactado. Cuotas, salvaguardas o medidas equivalentes reducirían drásticamente el impacto económico del acuerdo, según advirtió públicamente.

Esta postura apunta en dos direcciones simultáneas. Internamente, busca disciplinar a legisladores que podrían ceder ante presiones sectoriales. Externamente, envía señales a los 27 países europeos para que mantengan la misma línea durante sus respectivos procesos de ratificación parlamentaria.

El tratado elimina progresivamente el 90% de los aranceles bilaterales durante un cronograma que alcanza los diez años para ciertos productos. Los sectores más beneficiados serían el agropecuario argentino y la industria automotriz europea, aunque ambos bloques enfrentan resistencias internas de los perdedores relativos.

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Reforma laboral: negociación abierta con gobernadores
El segundo proyecto enfrenta un escenario más complejo. Una masa crítica de mandatarios provinciales condicionó su apoyo a que se eliminen artículos con impacto fiscal negativo sobre la coparticipación. El costo estimado asciende a 3.285 millones de dólares anuales para las provincias.

Diego Santilli, ministro del Interior, encabeza las conversaciones con los gobernadores. Ya obtuvo respaldos de Leandro Zdero en Chaco, Marcelo Orrego en San Juan, Alfredo Cornejo en Mendoza y el propio Sáenz en Salta. Las reuniones continúan esta semana con Rolando Figueroa en Neuquén y Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

El gabinete exhibe posturas divididas sobre cuánto ceder. Luis Caputo y Federico Sturzenegger resisten modificaciones al capítulo impositivo. Santilli, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo prefieren negociar para garantizar la aprobación. Milei y su hermana Karina monitorean ambas posiciones.

Contenido laboral versus capítulo tributario
La iniciativa contempla cambios sustanciales en las relaciones laborales: preeminencia del convenio por empresa sobre el convenio de actividad, límites a la ultraactividad, banco de horas, creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado con el 3% de los haberes, y regulación del derecho de huelga.

Sin embargo, el capítulo que genera mayor fricción no es el laboral propiamente dicho. La eliminación de impuestos internos para ciertos sectores y la rebaja de Ganancias para otros provocaría una pérdida recaudatoria total de 5.700 millones de dólares según cálculos del senador Jorge Capitanich.

Buenos Aires sufriría el mayor impacto con 713 millones de dólares menos. Le siguen Santa Fe con 290 millones, Córdoba con 288 millones y Chaco con 162 millones. Estas cifras explican la resistencia de gobernadores que ideológicamente podrían acompañar la modernización normativa.

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El peronismo articula una estrategia conjunta
Desde el bloque opositor advirtieron que todas las provincias deberían alertarse ante el impacto fiscal. Un artículo específico otorga facultades al Ministerio de Economía para modificar alícuotas impositivas, lo cual genera preocupación adicional entre los mandatarios justicialistas.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto suspendió una reunión programada con Santilli alegando alertas meteorológicas. Fuentes cercanas al peronismo sugieren que la postergación responde a una decisión de negociar en bloque junto a sus pares partidarios.

La solución que evalúa el Ejecutivo pasa por desdoblar el proyecto: avanzar con el capítulo laboral puro y postergar las reformas tributarias que erosionan la coparticipación. Esta alternativa permitiría cumplir el objetivo de modernizar las normas laborales sin perder votos provinciales.

Febrero definirá el rumbo de la agenda legislativa
El cronograma ajustado genera presión sobre todas las partes. El acuerdo comercial deberá atravesar el proceso parlamentario completo durante las cuatro semanas de sesiones extraordinarias. Diputados de Provincias Unidas ya solicitaron que funcionarios de Cancillería brinden información detallada en comisiones.

La reforma laboral y la modificación glaciar cuentan con dictámenes previos, por lo que irían directamente al recinto. No obstante, las negociaciones sobre cambios continúan y el texto final podría diferir del original enviado por el Ejecutivo.

Argentina busca posicionarse entre los primeros países en ratificar el tratado con Europa. Brasil, Paraguay y Uruguay también deben aprobar el acuerdo, al igual que los 27 miembros de la Unión Europea, donde Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda mantienen posturas contrarias.