NETIA GROUP SAS - Unidad Análisis Económico - Mecronomic

Período: 1 al 7 de febrero de 2026

Resumen Ejecutivo

La primera semana de febrero de 2026 representó un momento crítico para la economía argentina, caracterizado por la firma del acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, tensiones en torno a la metodología de medición inflacionaria tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, y señales mixtas en los indicadores macroeconómicos fundamentales. El gobierno de Javier Milei consolidó su estrategia de inserción internacional mientras enfrentaba desafíos estructurales en materia de actividad económica, acumulación de reservas y convergencia inflacionaria hacia un dígito. Los datos del período evidencian una economía en transición, con sectores ganadores concentrados en commodities y servicios financieros, y sectores perdedores en industria manufacturera y construcción. La dinámica política territorial cobró relevancia ante la necesidad de ratificación congresional del tratado con Washington, generando presiones sobre gobernadores mediante la identificación explícita de provincias beneficiarias del acuerdo comercial.

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1. Contexto Macroeconómico General

El panorama macroeconómico argentino durante la primera semana de febrero presenta características que merecen análisis diferenciado por componente. Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central, publicadas el 5 de febrero con datos recopilados entre el 28 y 30 de enero, reflejan ajustes importantes en las estimaciones de agentes económicos sobre variables fundamentales. La inflación esperada para 2026 se ubicó en 22,4 por ciento interanual, representando una corrección al alza de 2,3 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Esta recalibración responde a factores como la postergación del nuevo esquema de subsidios energéticos, el impacto diferencial del cambio metodológico en el Índice de Precios al Consumidor que finalmente no se implementó en enero, y la persistencia de presiones en servicios regulados que continuarán ajustándose durante el primer trimestre.

El crecimiento económico proyectado para 2026 se mantiene en 3,5 por ciento según el consenso de mercado relevado por el BCRA, con leve incremento de 0,1 puntos respecto al REM anterior, aunque significativamente por debajo del 4 por ciento estimado por el Fondo Monetario Internacional en su Panorama Económico Mundial presentado la tercera semana de enero. Esta divergencia metodológica refleja diferentes supuestos sobre el arrastre estadístico, estimado en 1,2 por ciento, y sobre la composición sectorial del crecimiento. Los organismos internacionales priorizan el efecto expansivo de sectores primarios como minería, hidrocarburos y agroindustria, mientras que consultoras locales incorporan el efecto contractivo de sectores intensivos en empleo como manufactura, construcción y comercio, que representan aproximadamente 45 por ciento del empleo registrado del sector privado frente a apenas 9,2 por ciento de los sectores ganadores.

El tipo de cambio proyectado para diciembre de 2026 alcanza los 1.750 pesos por dólar según el consenso de mercado, implicando una depreciación interanual del 20,9 por ciento, levemente inferior a la inflación esperada del 22,4 por ciento. Esta configuración sugiere una apreciación cambiaria real marginal que preocupa a sectores exportadores no tradicionales y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema de crawling peg al dos por ciento mensual. El gobierno nacional, representado en el Presupuesto 2026, proyecta un tipo de cambio de 1.423 pesos por dólar para diciembre, evidenciando una brecha sustancial de 327 pesos o 23 por ciento respecto a las expectativas privadas. Esta divergencia refleja diferencias en supuestos sobre acumulación de reservas, velocidad de desinflación y timing de eventual liberación cambiaria.

Las proyecciones trimestrales del PIB muestran expansión de 0,9 por ciento en el primer trimestre de 2026 y 1,0 por ciento en el segundo trimestre, ambas sin cambios respecto al REM anterior, sugiriendo consolidación de expectativas sobre recuperación gradual aunque heterogénea de la actividad económica. El cuarto trimestre de 2025 habría registrado crecimiento de 0,4 por ciento respecto al tercer trimestre según estimación desestacionalizada, representando una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto al REM previo. Esta desaceleración en el tramo final de 2025 condiciona las perspectivas para 2026, reduciendo el arrastre estadístico disponible y exigiendo mayor dinamismo efectivo durante el año en curso.

El superávit comercial proyectado para 2026 alcanza los 10.965 millones de dólares, incrementándose 1.963 millones respecto al REM anterior. Las exportaciones se estiman en 91.407 millones de dólares, aumentando 907 millones, mientras las importaciones se proyectan en 80.442 millones, reduciéndose 1.056 millones respecto al relevamiento previo. Esta recomposición del balance comercial responde principalmente a revisiones en volúmenes de commodities agrícolas y energéticos, así como a una reevaluación del ritmo de recuperación de importaciones ante señales mixtas de actividad económica doméstica. El resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero se proyecta en superávit de 16,0 billones de pesos para 2026, incrementándose 273 mil millones respecto al REM anterior. El Top 10 de analistas pronostica superávit primario de 15,3 billones, evidenciando consenso sobre la continuidad del ajuste fiscal aunque con interrogantes sobre su composición entre ingresos y gastos.

2. Inflación: Debate Metodológico y Proyecciones

El primer tema dominante de la semana fue la controversia generada por la salida de Marco Lavagna de la dirección del INDEC, anunciada el lunes 2 de febrero, tras más de seis años al frente del organismo estadístico nacional. Lavagna había sido designado en diciembre de 2019 durante el inicio de la presidencia de Alberto Fernández, previamente habiendo sido legislador por UNA y posteriormente para el Frente Renovador de Sergio Massa. La desvinculación ocurrió inmediatamente antes de que el gobierno confirmara la postergación indefinida del nuevo Índice de Precios al Consumidor basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. El ministro de Economía Luis Caputo confirmó que Pedro Lines, segundo de Lavagna en el organismo, quedaría a cargo de la conducción y que se continuaría utilizando la metodología vigente basada en patrones de consumo de 2004-2005.

La actualización del IPC había sido comprometida con el Fondo Monetario Internacional en el staff report correspondiente al último acuerdo, donde se establecía explícitamente que el INDEC publicaría a finales de 2025 el índice actualizado para reflejar mejor los cambios estructurales en patrones de consumo y mejorar la calidad de los datos. El Informe de Política Monetaria del BCRA publicado a finales de enero había destacado que el nuevo IPC aumentaría significativamente la cantidad de precios relevados y de informantes, mejorando su representatividad, y que en lo referido a composición de la nueva canasta, ganarían peso los servicios en detrimento de los bienes. Esta característica metodológica adquiere relevancia dado que el gobierno nacional continúa implementando ajustes tarifarios y correcciones en servicios públicos durante el primer trimestre de 2026, particularmente tras la postergación del nuevo esquema de subsidios energéticos de enero a febrero.

El debate metodológico tiene implicancias técnicas concretas. Según análisis de consultoras privadas, con niveles actuales de inflación cercanos al dos por ciento mensual, las brechas entre mediciones tienden a ser reducidas. Gonzalo Carrera de Equilibra estimó inflación de 2,2 por ciento para febrero con el IPC vigente y 2,3 por ciento con el índice actualizado, observando diferencia mínima de apenas 0,1 puntos porcentuales. La estimación de febrero contempla aumento promedio de tarifas del diez por ciento, evidenciando que con niveles actuales de inflación las divergencias metodológicas son marginales. Sin embargo, en contextos de subas pronunciadas las diferencias se amplían significativamente. En abril de 2024 la divergencia alcanzó 0,4 puntos porcentuales cuando las tarifas se incrementaron 61 por ciento, los servicios en conjunto 16,5 por ciento, y los bienes 6,3 por ciento.

La cuestión política subyacente radica en que la nueva canasta otorga mayor ponderación a servicios públicos y transporte, rubros bajo control directo del gobierno nacional, permitiendo utilizar ajustes tarifarios como herramienta para incidir de forma más directa sobre el índice general, atrasando o adelantando aumentos según objetivos de política económica. La ponderación de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles pasa de 9,0 por ciento en la canasta 2004-2005 a 12,4 por ciento en la canasta 2017-2018, transporte de 11,0 por ciento a 14,3 por ciento, comunicaciones de 2,8 por ciento a 5,1 por ciento, y educación de 2,3 por ciento a 3,1 por ciento. Simultáneamente, alimentos y bebidas disminuye su ponderación de aproximadamente 35 por ciento a 30 por ciento, reflejando cambios estructurales en patrones de consumo de hogares argentinos durante la década intermedia.

Las proyecciones inflacionarias para febrero de 2026 según el último REM del BCRA indican 2,1 por ciento, con leve ascenso a 2,2 por ciento en marzo, iniciando posteriormente proceso descendente de 1,9 por ciento en abril, 1,7 por ciento en mayo, 1,6 por ciento en junio y 1,5 por ciento en julio. Esta trayectoria contrasta marcadamente con la promesa del presidente Javier Milei de que en agosto el IPC comenzaría con cero, es decir que el dato mensual estaría por debajo del uno por ciento, pronóstico que ningún analista convalida actualmente. Consultoras privadas como LCG estiman inflación promedio anual del 27 por ciento para 2026, con primeros meses cerca del dos por ciento ya que consideran difícil que el nivel de inflación converja rápidamente a tasas por debajo del uno por ciento en el corto plazo. El informe destaca tres factores claves para explicar la desaceleración en 2026: baja expectativa de devaluación, apertura comercial que presionará sobre aumento de precios domésticos, y crecimiento magro de la economía que favorece el proceso desinflacionario mediante demanda contenida.

IERAL de Fundación Mediterránea prevé escenario base de 23 por ciento para diciembre 2026 considerando rangos posibles entre 18 y 30 por ciento según comportamiento de demanda de pesos. Si esta aumenta permitiendo al BCRA acumular aproximadamente 9.500 millones de dólares, la inflación podría descender a entre 18 y 19 por ciento interanual. Invecq señala que reducir inflación de tres a dos dígitos suele ser relativamente rápido, sin embargo converger desde esa zona a niveles de un dígito es mucho más desafiante, mencionando ejemplos internacionales donde ese proceso demandó entre 6 y 20 años en otros países. FocusEconomics, en informe con participación de aproximadamente 40 economistas de bancos y consultoras nacionales e internacionales, espera incremento anual promedio de 23,9 por ciento para 2026, representando disminución de 0,4 puntos respecto a proyección anterior. El mínimo proyectado corresponde al FMI con 16,4 por ciento mientras Standard Chartered proyecta el valor más elevado de 38 por ciento.

Las estimaciones de inflación para enero de 2026, que serán publicadas oficialmente el martes 10 de febrero, se ubican en torno al 2,5 por ciento según adelantó el ministro Caputo, consistente con proyecciones privadas. Adcap compiló estimaciones de Analytica (2,5 por ciento), Eco Go (2,3 por ciento), Equilibra (2,3 por ciento), FMyA (2,1 por ciento), Alphacast (2,2 por ciento) y Libertad y Progreso (2,6 por ciento), señalando que las estimaciones para enero se ubican cerca del 2,3 por ciento. Caso de confirmarse, representaría reducción intermensual de 0,5 puntos respecto al 2,8 por ciento de diciembre, regresando al nivel de octubre y cerrando el ciclo de aceleración iniciado en agosto de 2025. Sin embargo, consultoras advierten que a partir de febrero podría revertirse esta tendencia descendente debido a ajustes tarifarios y corrección en transporte público por cambio en esquema de subsidios, retomándose posteriormente el proceso de desaceleración interanual.

3. Acuerdo Comercial con Estados Unidos: Análisis Integral

El jueves 5 de febrero el canciller Pablo Quirno firmó en Washington el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos junto al embajador Jamieson Greer, Representante Comercial estadounidense. La firma representa la concreción formal del acuerdo marco rubricado a fines de noviembre de 2025 y constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia de inserción internacional del gobierno de Javier Milei. El acuerdo será remitido al Congreso argentino para su ratificación conforme lo establecido por la Constitución Nacional, iniciando un proceso político complejo en contexto de sesiones extraordinarias sobrecargadas que incluyen reforma laboral, ley penal juvenil y acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Según información oficial, Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en amplia gama de sectores productivos, permitiendo recuperar exportaciones por aproximadamente 1.013 millones de dólares. En paralelo, Argentina se comprometió a reducir o eliminar aranceles en más de 221 posiciones arancelarias, principalmente vinculadas a bienes de capital e insumos productivos. El arancel general se ubicaría en torno al diez por ciento aunque existirán excepciones orientadas a favorecer desarrollo del sector productivo argentino. La asimetría estructural del acuerdo se evidencia en datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos: Argentina concede 5.600 posiciones arancelarias con 82 por ciento en arancel cero, mientras Estados Unidos ofrece 950 líneas con apenas 36 por ciento libres de gravámenes.

El sector agropecuario constituye uno de los componentes centrales del acuerdo. Estados Unidos concederá acceso preferencial de 100.000 toneladas anuales para carne bovina argentina, representando incremento de 80.000 toneladas adicionales en 2026 que se suman a las 20.000 toneladas con que ya contaba el país. Cancillería argentina estima que esto permitirá incrementar cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas de este producto. No obstante, el mecanismo implementado genera controversias técnicas y jurídicas significativas. El presidente Donald Trump firmó una Proclamación presidencial, equivalente a decreto ejecutivo, incrementando en 80.000 toneladas métricas el cupo para carne magra argentina durante 2026, dividido en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas cada uno. El primer tramo operará entre 13 de febrero y 31 de marzo, el segundo entre 1 de abril y 30 de junio, el tercero entre 1 de julio y 30 de septiembre, y el cuarto entre 1 de octubre y 31 de diciembre.

Trump fundamentó esta Proclamación en sequía productiva norteamericana y alta demanda interna de carne. Sin embargo, el mecanismo genera inseguridad jurídica dado que el presidente estadounidense no tiene competencias administrativas consolidadas para fijar cupos y aranceles, cuestión actualmente litigada en Congreso y Corte Suprema norteamericanos. El problema radica en que si la Corte Suprema deniega en febrero o marzo la competencia presidencial para fijar cupos y aranceles, se caería la exportación de carne argentina, pero igualmente quedaría en pie la importación de bifes norteamericanos establecida en el texto del acuerdo bilateral. El Anexo I del tratado, dedicado exclusivamente a aranceles y contingentes que Argentina concede a productos originarios de Estados Unidos, establece cupo de 80.000 toneladas de carne para que ingrese producto estadounidense a Argentina, libre de aranceles durante 2026, en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas. Estados Unidos exporta carne con hormonas, prohibidas en Argentina y en la Unión Europea, jurisdicción que ya litigó este tema en la Organización Mundial del Comercio, ganó y terminó compensando a Estados Unidos con otros beneficios comerciales.

La cuestión del acero y el aluminio representa uno de los puntos más conflictivos y pendientes del acuerdo. Donald Trump mantiene aranceles del 50 por ciento sobre ambos metales invocando la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos, normativa que habilita al Poder Ejecutivo a imponer restricciones a importaciones cuando estas son consideradas amenaza para seguridad nacional del país. El canciller Quirno afirmó que Estados Unidos ratificó su compromiso de revisar oportunamente estos aranceles, aclarando que los acuerdos son dinámicos y no estáticos y que Estados Unidos está negociando con cantidad importante de países simultáneamente. Presentó carta donde el compromiso estadounidense será continuamente evaluado para lograr rebaja de aranceles esperados tanto en acero como en aluminio, solicitando paciencia pero asegurando que el compromiso está intacto.

Los datos de International Trade Administration estadounidense evidencian la asimetría del tratamiento arancelario. Entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, Estados Unidos importó 36,2 millones de toneladas de acero, donde Canadá proveyó 6,1 millones (16,9 por ciento), Brasil 4,9 millones (13,5 por ciento), México 3,9 millones (10,8 por ciento) y Corea del Sur 3,5 millones (9,7 por ciento), contra apenas 255.461 toneladas colocadas por Argentina (0,7 por ciento del total). Las tarifas impuestas por Trump prácticamente eliminaron colocaciones argentinas: en enero 2026 fueron apenas 27.745 toneladas (menos del 0,2 por ciento de compras norteamericanas) y en febrero se reducen a cero. En aluminio, desde julio 2024 hasta enero 2026 Estados Unidos importó 7,95 millones de toneladas a ritmo inferior a 400.000 toneladas mensuales. Argentina despachó 235.873 toneladas representando 2,9 por ciento del total, mientras enero de 2026 registró únicamente 10.600 toneladas (2,6 por ciento de las 415.000 importadas). Argentina recibe trato equivalente no solo a Canadá que colocó más de cuatro millones de toneladas durante idéntico período, sino también a Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Bahrein que exportaron entre 350.000 y más de 700.000 toneladas cada uno.

El acuerdo establece compromisos significativos en materia de propiedad intelectual y patentes. Argentina deberá someter al Congreso antes del 30 de abril de 2026 para su consideración y votación sobre ratificación el Tratado de Cooperación en materia de Patentes firmado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984. El texto no especifica consecuencias si el Congreso argentino no aprueba ese tratado. No obstante, el Poder Ejecutivo tendrá obligación de derogar las resoluciones 118/2012, 546/2012 y 107/2012 que regulan criterios de patentamiento en invenciones químico-farmacéuticas, y la resolución 283/2015 que regula patentamientos de biotecnología. Estas normas hacen referencia a acuerdos de Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de la Salud. El acuerdo con Estados Unidos no incluye compromisos de adoptar amparo de esa normativa multilateral.

El gobierno de Javier Milei tendrá que desmontar el sistema por el cual se otorgan o no patentes y elaborar uno nuevo. En Argentina las patentes de invención duran 20 años contados desde momento en que empresa la solicita. Se estila en muchos casos demorar el otorgamiento para acotar plazo de exclusividad del autor, pasando así a dominio público antes y permitiendo que laboratorios que no hicieron desarrollo puedan usar las fórmulas. Las resoluciones que debe derogar el gobierno argentino implican cambiar procedimiento, incluso hasta de determinar criterio de patentabilidad, es decir, definir si una fórmula es nueva o simple desarrollo de algo ya hecho. En caso de patentes de semillas implicaría limitar uso de semilla propia que hacen productores, es decir, limitar cantidad que pueden guardar de su propia cosecha para volver a sembrar.

Argentina también se compromete a remitir al Poder Legislativo antes de fines de 2027 para su ratificación siete tratados internacionales: Convenio sobre distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite hecho en Bruselas el 21 de mayo de 1974; Tratado de Budapest sobre reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a fines del procedimiento en materia de patentes hecho en Budapest el 28 de abril de 1977 modificado el 26 de septiembre de 1980; Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de dibujos y modelos industriales hecho en Ginebra el 2 de julio de 1999; Protocolo relativo al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas hecho en Madrid el 27 de junio de 1989; Tratado sobre Derecho de Patentes hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000; Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas hecho en Singapur el 27 de marzo de 2006; y Convención Internacional para Protección de Obtenciones Vegetales hecha en París el 2 de diciembre de 1961 revisada en Ginebra el 19 de marzo de 1991.

El gobierno argentino queda obligado a implementar plenamente acuerdos como el de Berna para Protección de Obras Literarias y Artísticas del 24 de julio de 1971, Convenio de París para Protección de Propiedad Intelectual de 1883 revisado en 1967, y Tratado de Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre derechos de autor de 1996. En lo inmediato el Ejecutivo se compromete a llevar a cabo acciones de combate contra piratería de marcas, estableciendo en ley multas pecuniarias más elevadas y penas de prisión para delitos de falsificación cometidos por redes delictivas organizadas. También asume compromiso de analizar creación de Fiscalía de Propiedad Intelectual especializada en delito de falsificaciones. Se incluye compromiso de investigar y presentar procesos penales contra operadores de sitios web con sede en Argentina que participan en piratería de derechos de autor a escala comercial. El Gobierno tendría que aumentar número de allanamientos y decomisos efectivos en mercados y centros de distribución más notorios de Argentina en busca de productos falsificados y pirateados, lo que se conoce como saladitas que cobraron notoriedad hace un par de décadas.

Buenos Aires quedó comprometido a elaborar informe que analice causas de retrasos en proceso de concesión de patentes, identifique atribuibles a factores administrativos y evalúe viabilidad legal de extensiones del plazo de patentes en caso de retrasos irrazonables. Argentina acepta conjunto de normas y regulaciones impuestas por Trump y Greer: normas técnicas, reglamentos, certificaciones y evaluaciones estadounidenses; organismos certificadores estadounidenses con trato nacional; eliminación de controles propios si Washington los considera barreras. Argentina acepta todo el sistema regulatorio de Estados Unidos sin poner ningún reparo mientras Estados Unidos no acepta el argentino, eliminando principio de reciprocidad. Las medidas sanitarias deberán basarse en ciencia, es decir, en ciencia validada por Estados Unidos. Argentina se compromete a eliminar barreras que Washington considere injustificadas y no podrá firmar acuerdos con terceros que contradigan estas reglas.

En materia de comercio digital, Argentina se auto-prohíbe crear impuestos digitales presentes o futuros, exigir código fuente, algoritmos o transferencia tecnológica, cobrar aranceles a transmisiones electrónicas. Se darán claros beneficios a empresas tecnológicas norteamericanas y mundo de Silicon Valley (Alphabet/Google, Amazon, Apple, Meta/Facebook, Microsoft, X, Tesla, Starlink) con impuestos diferenciales y exenciones tributarias, entrando sin peaje y sin auditoría estructural, archivándose soberanía digital. El acuerdo incorpora disposiciones sobre seguridad económica: Argentina replica medidas de Estados Unidos por seguridad nacional, coordina sanciones, controles de exportación y revisiones de inversiones, no compra insumos nucleares a ciertos países (China, Rusia o Irán), y coopera en defensa, ciberseguridad y control tecnológico. Más que tratado de libre comercio, el acuerdo es alineamiento automático y geopolítico explícito.

El acuerdo consagra apertura total de inversiones norteamericanas en minería, minerales críticos, energía, telecomunicaciones e infraestructura. Empresas estatales deben operar como privadas. Subsidios se permiten solo si están en proceso de privatización y bajo vigilancia. Estados Unidos, mediante instituciones como Banco de Exportaciones e Importaciones (EXIM Bank) y Corporación Financiera para Desarrollo Internacional (DFC), si cumplen requisitos, considerará apoyar financiación de inversiones en sectores claves de Argentina en colaboración con socios del sector privado estadounidense. El acuerdo no tendrá tribunal, sino que se manejará con poder unilateral, donde no hay arbitraje y cada parte evalúa incumplimientos según su propia ley. Estados Unidos tiene más herramientas legales y económicas para hacer cumplir disposiciones.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, consideró la firma del tratado como tercer hito de liberalización comercial de este Gobierno sumándose al tratado con EFTA y al de Unión Europea-Mercosur. El funcionario señaló que Argentina con este acuerdo logra profundizar apertura comercial, implicando bienes más baratos para argentinos y permitiendo liberarse en algún sentido del cerco proteccionista que por momentos representa el Mercosur. Remarcó que apertura argentina es conquista, implicando maquinaria y bienes de capital/tecnología más baratos, equipos industriales, instrumentos de precisión, equipamiento médico, autopartes y material de transporte más accesible, por ejemplo locomotoras y vagones necesarias para reconversión de red de transporte de cargas ferroviarias. También implica insumos industriales químicos, plásticos y caucho más baratos potenciando competitividad de cadenas industriales. Anticipó que precios de ropa seguirán cayendo.

Sturzenegger comentó que se abre cupo de 10.000 vehículos que no pagarán arancel. Sumado a baja de impuestos internos, calculó que un Tesla que hasta unos meses costaba 85.500 dólares pasaría a costar 52.800 dólares. Consideró que darle más competencia al mercado automotor es tema de vida o muerte porque parque automotor más moderno es fundamental para salvar vidas. La baja de impuestos internos implementada por Luis Caputo hace unos meses permitió salvar 100 vidas en estos meses según estimaciones ministeriales. El ministro señaló que el acuerdo apunta a dar verdaderas oportunidades para productos que puedan ingresar al mercado estadounidense, no solo los ya producidos sino los que se podrían producir en Argentina. Para determinar qué bienes está el país en condiciones de producir a escala consultaron laboratorio especializado en crecimiento económico de Harvard, concluyendo que la lista de sectores incluye productos de transporte, maquinaria y motores relevantes para cadena de defensa, petroquímicos, productos forestales, medicinas y productos médicos, aluminio y acero, así como cobre y litio.

4. Estrategia Política Territorial del Gobierno

El viernes 6 de febrero el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno ofrecieron conferencia de prensa en Casa Rosada donde brindaron detalles del acuerdo y celebraron fortalecimiento de relación bilateral con potencia norteamericana. Los funcionarios reiteraron que el acuerdo deberá pasar por el Congreso. Consultado sobre si el texto del pacto comercial se incluirá en temario de sesiones extraordinarias de febrero, Adorni no descartó esa posibilidad pero aclaró que también podría ser uno de los primeros proyectos que se envíen en marzo. Al poner de relieve que el acuerdo implica nuevo y enorme mercado para empresas argentinas que tendrán acceso preferencial a universo de más de 340 millones de consumidores, los funcionarios empezaron a mirar a gobernadores, dueños de votos que el oficialismo necesita en Cámara de Diputados y Senado.

El jefe de Gabinete destacó que gracias a apertura ganadera recíproca con Estados Unidos que implica aumento de cuota de carne bovina argentina de 20.000 a 100.000 toneladas, Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como por ejemplo Buenos Aires. La mención del complejo ganadero es lógica porque se trata de uno de los puntos más importantes del acuerdo comercial para Argentina, pero el subrayado sobre la provincia fue claro mensaje a diputados y senadores nacionales de Buenos Aires y tirón de orejas para gobernador Axel Kicillof, uno de los más enfrentados con administración de Milei. De forma similar, Adorni destacó que pacto bilateral también implica que Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias a Estados Unidos.

En la misma línea, destacó que apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos habilita exportaciones de alto valor agregado y beneficia directamente a provincias como Córdoba y Santa Fe, en tanto que provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca también se verán beneficiadas. Es un acuerdo para las 24 provincias argentinas y los 47 millones de ciudadanos de este país, agregó Adorni, además consolida posición de liderazgo nacional, Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y libre comercio y no del estatismo proteccionista en el que estuvimos sumergidos al extremo. Tras ese señalamiento, el jefe de Gabinete remarcó a modo de cierre que el acuerdo tendrá que ser ratificado en Congreso donde los legisladores tendrán responsabilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para todos los argentinos.

La enumeración de provincias que hizo el jefe de Gabinete pareció funcionar más como primera presión a gobernadores de cara al futuro tratamiento del acuerdo con Estados Unidos en Congreso que al mero interés en detallar sus alcances en materia de exportaciones. Legisladores alineados con gobernadores como Martín Llaryora de Córdoba o Maximiliano Pullaro de Santa Fe suelen oscilar en sus posiciones frente a iniciativas del oficialismo, mientras que otros como Claudio Vidal de Santa Cruz, Gustavo Sáenz de Salta o Raúl Jalil de Catamarca acostumbran negociar tema por tema con Casa Rosada. La exposición concreta de eventuales beneficios del acuerdo para cada provincia podría generar que llegado el momento los gobernadores se sientan casi obligados a respaldar proyecto en Congreso por presión de empresas y sectores cuya actividad es fundamental para sus economías locales.

El cuadro parlamentario actual sugiere dificultades para que pueda ser tratado antes de marzo. En temario de sesiones extraordinarias que Milei convocó del 2 al 27 de febrero están reforma laboral que se votará el próximo miércoles 11 de febrero en Senado, y nueva ley penal juvenil que baja edad de imputabilidad a 14 años y que Diputados prevé llevar al recinto al otro día. Ambos temas se cruzarán de una Cámara a otra en caso de ser aprobados. A eso se suma acuerdo comercial entre Mercosur y Unión Europea que también fue incluido en temario e ingresó último jueves a Cámara de Diputados en medio del anuncio sobre convenio con Estados Unidos. Durante conferencia de prensa en Casa Rosada, Quirno también remarcó que es importante que se apruebe durante extraordinarias ese otro convenio porque contiene cláusulas tales que aprobación de uno de los países del Mercosur permite activación provisional del acuerdo Unión Europea-Mercosur.

El tema podría empezar a ser abordado por diputados en segunda quincena de febrero aunque su debate se vería superpuesto con el de reforma laboral en caso de que Senado le dé media sanción el 11 de febrero como busca el Gobierno. La agenda del Congreso se ve así sobrecargada incluso para llegar a aprobar todo lo que Milei ya incluyó en temario de extraordinarias. Si también se sumara acuerdo comercial con Estados Unidos el oficialismo tendría que ordenar cuidadosamente prioridades de su agenda con detalle que hace todo aún más difícil: el 16 y 17 de febrero es feriado por carnaval. Por momento, gobierno de Javier Milei se enfoca en resaltar importancia histórica del acuerdo comercial con Estados Unidos mientras señala beneficios que percibirían provincias a partir de su puesta en marcha con mira puesta en conseguir apoyo de gobernadores y sus legisladores para cuando tema se trate en Congreso ya sea este mes o el siguiente.

5. Banco Central: Acumulación de Reservas y Política Monetaria

El Banco Central de la República Argentina completó 24 jornadas consecutivas con saldo comprador tanto en mercado cambiario como en operaciones en bloque durante la primera semana de febrero, acumulando más de 1.400 millones de dólares en lo que va de 2026, representando más del 13 por ciento de meta anual fijada para acumulación de reservas. El jueves 5 de febrero la entidad adquirió 126 millones de dólares, el miércoles 4 de febrero compró 44 millones, y el martes 3 de febrero se hizo de 57 millones. Durante las 24 ruedas mencionadas el monto total adquirido ascendió a 1.423 millones de dólares en sintonía con inicio de denominada fase 4 del programa económico vigente. Para concretar estas compras el BCRA emite pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización lo que mantiene nivel de liquidez y contribuye a evitar subas en tasas de interés.

Las reservas internacionales experimentaron fluctuaciones significativas durante la semana. El martes 3 de febrero alcanzaron 45.673 millones de dólares tras incremento diario de 564 millones, su mayor nivel desde jueves previo. La fuerte suba se debió al avance de cotizaciones encabezadas por salto del oro que escaló 6,7 por ciento en jornada única. En dos días acumuló saldo positivo de 1.171 millones de dólares por efecto valuación. Sin embargo, el miércoles 4 de febrero las reservas cayeron a 45.417 millones con baja diaria de 256 millones, y el jueves 5 de febrero cayeron nuevamente a 44.750 millones con caída de 667 millones, alejándose del nivel registrado a finales de enero cuando habían tocado 46.240 millones de dólares. Al 5 de febrero las reservas se situaron nuevamente por debajo del umbral de 45.000 millones de dólares, evidenciando la volatilidad inherente a acumulación mediante mecanismos de valuación de activos internacionales más que de compras netas efectivas.

Las estimaciones oficiales para 2026 prevén que adquisición neta de divisas podría ubicarse entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares dependiendo del desarrollo del proceso de remonetización. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, señaló que consolidación de reservas dependerá tanto de demanda de pesos como del ingreso de dólares al país. Con ritmo actual de compras ya se cumplió más del 12 por ciento del mínimo anual fijado en objetivos oficiales. La autoridad monetaria fijó tope diario del cinco por ciento sobre volumen total operado en Mercado Libre de Cambios para compras de divisas con propósito de resguardar estabilidad cambiaria. En ocasiones ese límite fue excedido, hecho que fuentes privadas atribuyen a transacciones realizadas fuera del circuito habitual del MLC.

El BCRA comunicó que cuenta con facultad de comprar dólares fuera del mercado mayorista negociando montos y precios directamente con empresas o entidades con finalidad de evitar alteraciones en funcionamiento habitual del mercado cambiario. En últimas ruedas se observaron volúmenes inusualmente altos en futuros del tipo de cambio y en bonos dollar linked con vencimiento en enero lo que sugiere que hubo suficiente oferta de instrumentos para satisfacer demanda de cobertura y descomprimir presión sobre tipo de cambio. Portfolio Personal Inversiones señaló que la combinación de volumen operado reducido, magnitud de compras del Central y dólar a la baja sugiere que compras se habrían concretado mediante operaciones en bloque, modalidad prevista dentro de actual fase de remonetización.

Analistas sostienen que si bien acumulación de reservas es positiva hay detalle que no debe perderse de vista: BCRA compra dólar spot en buena medida porque a la par ofrece cobertura al sector privado. La contracara del sector privado incrementando su posición larga en futuros y dólar link es BCRA que incrementa su posición corta vendiendo futuros y títulos dólar link que tiene en cartera. Volvió a destacarse incremento de volúmenes operados a fines de diciembre y comienzos de enero particularmente en instrumentos indexados por tipo de cambio de enero lo que sugiere nuevamente presencia oficial. La combinación de cobertura barata y mayores diferenciales de tasa en pesos es combo elegido para desalentar demanda privada de divisas y alentar oferta todo de cara al trilema de política económica que caracteriza este arranque de 2026: acumular reservas, retomar desinflación y recuperar dinamismo de actividad.

El flujo sostenido de compras de divisas se explica por liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y emisión de deuda de empresas privadas. BCRA estima ingresos pendientes de cerca de 3.600 millones de dólares por colocaciones externas corporativas, factores que ampliaron oferta de dólares en mercado oficial. A lo largo de 2025 empresas emitieron deuda por más de 20.000 millones de dólares según consultora PwC lo que permitió transitar períodos de estabilidad cambiaria. Según cálculos de Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, dolarización previa a elecciones alcanzó 35.000 millones de dólares. Sin embargo, este fenómeno comenzó a revertirse en noviembre cuando se observó desarme de posiciones en moneda extranjera. El Informe de Política Monetaria subrayó que una vez superada incertidumbre electoral se observó reversión veloz de dolarización de carteras reflejándose por un lado en caída del stock de instrumentos para cubrirse frente a variaciones del dólar que pasó de 17.000 millones a 8.500 millones, y por otro lado demanda de dólares para ahorro por parte de privados se redujo de promedio de 4.000 millones mensuales registrados en dos meses previos a elecciones a 600 millones por mes posteriormente.

En materia de tasas de interés, el Relevamiento de Expectativas de Mercado anticipa continuidad del proceso de reducción gradual en línea con desaceleración esperada de inflación. Según el REM, tasa de interés nominal anual se ubicaría en 31,80 por ciento en febrero implicando baja frente al nivel vigente en enero. Para marzo consultoras proyectan nueva reducción hasta 30,14 por ciento mientras que para abril tasa descendería a 28,65 por ciento. El sendero previsto para meses siguientes mantiene tendencia descendente aunque a ritmo gradual. Al 5 de febrero las tasas de referencia del sistema financiero mostraban TAMAR (tasa mayorista para depósitos de gran volumen) ubicada en 32,56 por ciento TNA y BADLAR (depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos) en 30,50 por ciento TNA según informó BCRA.

El tipo de cambio mayorista cerró la semana con relativa estabilidad. El martes 3 de febrero cotizó a 1.447,50 pesos por dólar registrando suba de 1,50 pesos equivalente a 0,1 por ciento, todavía por debajo de los 1.455 pesos registrados al final de 2025. Para esa jornada BCRA fijó techo de banda de flotación cambiaria en 1.579,95 pesos situando tipo de cambio oficial a 132,45 pesos o 8,5 por ciento por debajo de ese tope. El miércoles 4 de febrero el Central estableció banda cambiaria superior de 1.569,40 pesos lo que ubicó al dólar mayorista a 123,40 pesos o 8,5 por ciento por debajo de ese límite. El tipo de cambio minorista promedio vendedor se posicionó en 1.467,01 pesos por dólar al 5 de febrero según informe oficial. El dólar MEP operaba a 1.457,63 pesos y brecha con dólar oficial era de 0,8 por ciento. El dólar cripto o dólar Bitcoin operaba a 1.494,94 pesos según Bitso.

6. Actividad Económica y Producción Industrial

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el jueves 6 de febrero el índice de producción industrial manufacturero de diciembre de 2025 evidenciando retroceso interanual del 3,9 por ciento mientras el acumulado de enero a diciembre cerró con aumento del 1,6 por ciento respecto de igual período del año anterior. La dinámica mensual también reflejó leve contracción: según serie desestacionalizada producción industrial mostró en diciembre variación negativa del 0,1 por ciento frente a noviembre. Los datos oficiales muestran que diciembre profundizó secuencia de variaciones negativas en tramo final del año. En noviembre industria ya había registrado caída interanual del 8,7 por ciento mientras que en octubre baja había sido del 2,8 por ciento. Con este resultado sector cerró año con desempeño dispar entre meses aunque con saldo anual positivo que revierte parcialmente contracción del 9,4 por ciento registrada en 2024.

Entre divisiones de actividad que mostraron resultados positivos en diciembre se destacaron industrias metálicas básicas con crecimiento del 7,4 por ciento interanual y 2,7 por ciento en el año, impulsadas por mayor producción de aluminio primario, hierro y acero. Vehículos automotores registraron suba del 2,5 por ciento en diciembre aunque acumularon caída del 6,6 por ciento en año completo, explicada principalmente por menor fabricación en primer semestre. Madera, papel, edición e impresión creció 4,6 por ciento interanual en último mes del año y acumuló alza del 3,8 por ciento en conjunto de 2025. Sustancias y productos químicos crecieron 1,0 por ciento y productos minerales no metálicos con variación positiva del 0,3 por ciento. Refinación de petróleo registró aumento interanual del 4,0 por ciento en diciembre y acumuló suba del 2,2 por ciento en año con incrementos en producción de gasoil, fueloil y asfaltos según INDEC.

Entre sectores que presentaron resultados negativos se destacaron textiles que cayeron 10,5 por ciento en diciembre y acumularon descenso del 14,3 por ciento en año. Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones registraron caída del 10,9 por ciento en último mes y 9,1 por ciento en año completo. Caucho y plástico descendió 5,8 por ciento interanual en diciembre aunque acumuló leve crecimiento del 0,4 por ciento anual. Maquinaria y equipo cayó 4,2 por ciento en mes y 6,6 por ciento en año. Industria manufacturera tuvo incidencia negativa de 2,7 por ciento entre sectores que presentaron resultado negativo siendo el que tuvo mayor incidencia en variación del PIB de diciembre. Rubro de alimentos y bebidas mostró en diciembre crecimiento interanual del 0,8 por ciento y cerró año con aumento acumulado del 2,1 por ciento destacándose subas en preparación de frutas, hortalizas y legumbres, productos lácteos y molienda de cereales mientras se observaron caídas en carne vacuna, molienda de oleaginosas y bebidas.

Las proyecciones de crecimiento del PIB para 2026 se mantienen entre 3,5 y 4 por ciento de acuerdo con organismos internacionales y especialistas consultados por Banco Central. El Fondo Monetario Internacional dio a conocer su Panorama Económico Mundial manteniendo estimación de crecimiento para este año de 4 por ciento reportando que para 2027 espera ese mismo nivel de avance. El documento presentado en Bruselas expone pronóstico de crecimiento más elevado para Argentina que para otros países de región como Brasil (1,6 por ciento) y México (1,5 por ciento). El Banco Mundial por su parte proyectó crecimiento de 3,5 por ciento para 2026 atribuyendo moderación esperada en crecimiento a incertidumbre política interna observada a finales de 2025 lo cual afectaría demanda interna y desempeño de economía en 2026.

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central indicó que en cuarto trimestre de 2025 Producto Bruto Interno ajustado por estacionalidad habría crecido 0,4 por ciento respecto al tercer trimestre es decir 0,4 puntos menos respecto del relevamiento previo. Para 2026 analistas consultados apuntaron a promedio de nivel de PIB real 3,5 por ciento superior al promedio de 2025 lo cual representa leve avance de 0,1 puntos frente al REM anterior. En cuanto a composición sectorial del crecimiento proyecciones muestran que actividad económica sumará otro año de expansión aunque moderada con arrastre estadístico estimado en 1,2 por ciento.

Consultora Invecq señala que actividad cayó hasta abril de 2024 rebotó hasta febrero de 2025 y desde entonces entró en meseta irregular dado que lo que empuja ya no es suficiente para mover lo que está abajo. Economista Esteban Domecq presidente de Invecq señaló que mientras ganadores en actual modelo son minería, hidrocarburos, intermediación financiera y agro que explican apenas 9,2 por ciento de puestos registrados del sector privado los perdedores construcción industria y comercio representan casi 45 por ciento de empleos en blanco. Ese modelo va a seguir profundizándose año próximo. Centro de Política Argentina CEPA confirma esta asimetría sectorial donde sectores traccionadores de crecimiento son intensivos en capital y poco demandantes de mano de obra mientras sectores contractivos son intensivos en empleo.

7. Proyecciones Sectoriales y Distribución del Crecimiento

La producción de hidrocarburos promete ser factor que movilice economía en 2026. Con consumo planchado y aluvión de importaciones industria y comercio seguirán sufriendo. Vaca Muerta continúa su expansión con producción que podría acercarse a meta de un millón de barriles diarios. Sin embargo ese incremento está condicionado a que precio del crudo frene su tendencia a baja. Luego de superar 80 dólares por barril a inicios de este año valor del barril de crudo Brent ronda los 60 dólares. Agencias y consultoras prevén precio promedio que rondaría entre 50 y 60 dólares a lo largo de 2026 lo que podría moderar ritmo de expansión proyectado para formación no convencional. Producción agrícola luego de sucesión de años en los que condiciones de humedad del suelo no fueron ideales para siembra también promete traccionar crecimiento año próximo. Mejores expectativas están puestas en maíz y sobre todo en trigo que espera cosecha récord. Según estimaciones de Bolsa de Comercio de Rosario en campaña 2025-2026 Argentina produciría 27,7 millones de toneladas un 37 por ciento más de trigo que en ciclo anterior.

El sector de minería experimenta impulso significativo particularmente en producción de litio donde Argentina ya logró masa crítica en pleno proceso de expansión productiva. Cobre dejó de producir a escala industrial en 2018 cuando cesó producción Minera Alumbrera en Catamarca. Perspectivas de oferta demanda y precios del mineral rojo alentaron a suiza Glencore a reiniciar operación en Alumbrera partir de 2028 avanzando en proyectos El Pachón y Mara que sumados implican inversiones por 14.000 millones de dólares. Junto a otros cinco proyectos cupríferos de gran escala podrían hacer que hacia mediados de próxima década país produzca más de un millón de toneladas anuales situándose en Top 10 de productores mundiales. Posibilidad de financiamiento y compromisos de compra de Estados Unidos mediante agencias como Eximbank y Corporación Financiera para Desarrollo serán clave para desarrollar proyectos.

Intermediación financiera mostró expansión del 22,8 por ciento interanual en tercer trimestre de 2025 según datos del INDEC consolidándose como uno de los sectores con mayor crecimiento relativo aunque su participación en PIB total es reducida. Actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler crecieron 3,9 por ciento interanual contribuyendo positivamente a dinámica agregada. Minería registró incremento del 8,1 por ciento interanual en último trimestre de 2025 confirmando tendencia expansiva del sector. Sector agropecuario creció 0,8 por ciento interanual mientras construcción creció 1,0 por ciento revirtiendo parcialmente profunda contracción del 17,7 por ciento registrada en 2024 cuando fue el sector que más influyó en descenso de actividad junto con industria manufacturera que cayó 9,2 por ciento y comercio que descendió 7,3 por ciento.

Para 2026 se espera que construcción continúe en niveles deprimidos aunque con señales incipientes de recuperación. Indicador de coyuntura de actividad de construcción cayó 1,3 por ciento en enero de 2025 según último dato disponible evidenciando persistencia de debilidad sectorial. Permisos de construcción y superficie autorizada muestran señales mixtas con algunos proyectos de infraestructura pública y privada en cartera pero sin traducirse aún en reactivación generalizada. Comercio minorista enfrenta contexto de demanda contenida por deterioro del poder adquisitivo de salarios y restricción crediticia que limita financiamiento al consumo. Ventas minoristas muestran desempeño heterogéneo con algunos rubros como electrodomésticos y tecnología mejorando respecto a 2024 pero otros como indumentaria y calzado manteniendo niveles deprimidos.

8. Mercado Laboral y Distribución del Ingreso

Tasa de desocupación abierta para cuarto trimestre de 2025 fue estimada por participantes del REM en 6,8 por ciento de Población Económicamente Activa representando reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto a estimación anterior. Tasa de actividad se ubicó en 48,8 por ciento siendo 0,5 puntos porcentuales mayor a la del tercer trimestre de 2024. Al segundo semestre de 2024 el 38,1 por ciento de población se encontraba bajo línea de pobreza en tanto que 8,2 por ciento de personas se hallaba en situación de indigencia según último dato oficial disponible. Ello supone descenso de 14,8 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2024 mientras indigencia descendió 9,9 puntos porcentuales con respecto al mismo período. No obstante estos indicadores corresponden a mediciones previas a ajustes tarifarios y correcciones de precios relativos implementados durante segundo semestre.

Salarios mostraron recuperación nominal durante 2025 aunque con comportamiento heterogéneo entre sectores. Salarios registrados del sector privado evidenciaron mejor desempeño relativo que salarios del sector público particularmente en ramas vinculadas a exportación. Empresas que se dedican a exportación pagan sueldos que hasta triplican los que reciben mismos trabajadores empleados en firmas que se dedican a mercado interno según estimaciones oficiales. Esta brecha salarial entre sectores transables y no transables se profundizó durante 2025 y proyecciones sugieren continuidad de esta tendencia en 2026. Empleo registrado mostró leve crecimiento en sectores vinculados a minería hidrocarburos agroindustria y servicios financieros mientras sectores como construcción industria manufacturera y comercio evidenciaron estancamiento o leves contracciones.

Negociaciones paritarias para 2026 se desarrollan en contexto de inflación descendente pero aún elevada generando tensión entre sindicatos que buscan recuperación del poder adquisitivo y empresarios que enfrentan contexto de demanda débil y presión competitiva por apertura comercial. Gobierno nacional mantiene posición de no intervención directa en negociaciones colectivas aunque señala que aumentos salariales deben estar alineados con productividad para no generar presiones inflacionarias. Esta postura contrasta con intervención activa del gobierno en determinación de salarios del sector público donde ajustes han sido más contenidos generando brecha creciente con sector privado.

9. Sector Externo y Balanza Comercial

En primer bimestre de 2025 exportaciones argentinas de bienes alcanzaron 12.006 millones de dólares representando incremento interanual de 9,9 por ciento según datos de INDEC. Importaciones de bienes crecieron 33,0 por ciento en primer bimestre del año reflejando recuperación de actividad económica y normalización de acceso a divisas para importaciones. En tercer trimestre de 2025 exportaciones de servicios ascendieron a 4.533 millones de dólares e importaciones a 7.087 millones lo que da como resultado déficit de 2.554 millones. Balanza comercial de bienes mantiene superávit estructural que compensa parcialmente déficit de servicios aunque margen se reduce por dinamismo importador.

Exportaciones argentinas muestran alta concentración en commodities agrícolas y energéticos. Complejo sojero continúa siendo principal rubro exportador aunque ha perdido participación relativa frente a energía y minería. Exportaciones de petróleo crudo y gas natural licuado crecieron significativamente durante 2025 y proyecciones sugieren continuidad de esta tendencia en 2026 condicionada a precios internacionales. Carne vacuna enfrenta contexto particular con restricciones sanitarias en algunos mercados compensadas por nuevas aperturas como la que se espera materializar con Estados Unidos mediante acuerdo comercial bilateral. Sector lácteo y avícola también muestran dinamismo exportador con diversificación de destinos.

Importaciones evidencian composición modificada respecto a años previos. Bienes de capital muestran recuperación desde niveles deprimidos de 2023-2024 reflejando inversiones en sectores como energía minería y agroindustria. Bienes intermedios mantienen participación elevada vinculados a insumos industriales y agropecuarios. Bienes de consumo crecen a ritmo superior que otras categorías aunque desde base baja explicado por normalización de acceso y reducción de aranceles en algunos rubros. Vehículos automotores muestran incremento significativo particularmente en segmento de alta gama beneficiado por reducción de impuestos internos implementada por Ministerio de Economía.

Términos de intercambio muestran evolución desfavorable durante último trimestre de 2025 y primeras semanas de 2026 por caída de precios de commodities exportables particularmente petróleo. Precio del barril de crudo Brent descendió desde máximos cercanos a 85 dólares en octubre de 2025 a niveles próximos a 60 dólares en febrero de 2026 afectando ingresos por exportaciones energéticas. Soja y derivados mantienen cotizaciones estables en mercado internacional aunque proyecciones de USDA sugieren presión descendente por cosechas récord proyectadas en hemisferio sur. Carne vacuna cotiza en niveles elevados en mercado internacional particularmente en Estados Unidos donde escasez relativa de oferta doméstica sostiene precios.

10. Sector Fiscal y Sostenibilidad de la Deuda

Resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero proyectado para 2026 alcanza superávit de 16,0 billones de pesos según consenso de analistas relevados por BCRA incrementándose 273 mil millones respecto al REM anterior. Esta proyección refleja continuidad de ajuste fiscal implementado durante 2025 que logró revertir déficit estructural mediante combinación de reducción de gastos corrientes particularmente subsidios energéticos y transferencias discrecionales a provincias y moderado incremento de presión tributaria en algunos rubros. No obstante composición del ajuste genera interrogantes sobre sostenibilidad política y efectos sobre actividad económica.

Recaudación tributaria muestra comportamiento robusto en rubros vinculados a comercio exterior y sectores exportadores beneficiados por mejora de términos de intercambio relativos y tipo de cambio real competitivo. Impuesto a las Ganancias de personas jurídicas evidencia crecimiento real por recuperación de rentabilidad empresaria en sectores transables. Impuesto al Valor Agregado muestra desempeño más moderado condicionado por debilidad de consumo interno. Contribuciones a seguridad social crecen en línea con empleo registrado aunque composición sectorial del crecimiento limita potencial recaudatorio dado que sectores expansivos son menos intensivos en mano de obra que sectores contractivos.

Gastos primarios muestran reducción real significativa en varias partidas. Subsidios económicos descendieron sustancialmente por implementación de nuevo esquema tarifario que traslada mayor proporción de costos a usuarios finales. Transferencias discrecionales a provincias se redujeron mediante eliminación o reducción de programas específicos generando tensión con gobernadores particularmente de oposición. Gasto en personal mantiene incremento nominal inferior a inflación generando deterioro del salario real del sector público. Prestaciones sociales incluyendo jubilaciones y pensiones muestran ajuste nominal mediante fórmula de actualización que considera inflación pasada generando rezago respecto a inflación corriente.

Deuda pública bruta alcanzó niveles próximos a 400.000 millones de dólares al cuarto trimestre de 2024 según metodología de Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. Deuda en moneda extranjera llegó a 45,9 por ciento del PIB mientras deuda externa representó 23,7 por ciento del producto. Perfil de vencimientos para 2026 presenta concentración en primer semestre con obligaciones por aproximadamente 20.000 millones de dólares incluyendo pagos a organismos internacionales particularmente Fondo Monetario Internacional y vencimientos de títulos públicos en mercados internacionales. Capacidad de refinanciamiento dependerá críticamente de mantenimiento de confianza de mercados en sostenibilidad fiscal y continuidad del programa económico.

Gobierno nacional aspira a acceder a mercados internacionales de capitales durante primer semestre de 2026 para refinanciar vencimientos y potencialmente realizar operaciones de manejo de pasivos que mejoren perfil de deuda. Experiencia de colocaciones de empresas privadas durante 2025 que totalizaron más de 20.000 millones de dólares según PwC sugiere apetito de inversores internacionales por activos argentinos aunque a spreads significativos. Riesgo país medido por EMBI Argentina se mantiene en niveles elevados superiores a 800 puntos básicos reflejando persistencia de primas por riesgo crediticio soberano. Acceso exitoso a mercados internacionales facilitaría acumulación de reservas del BCRA al permitir al Tesoro afrontar vencimientos sin adquirir divisas del mercado cambiario doméstico.

11. Desafíos Estructurales y Sostenibilidad del Programa

El análisis de la primera semana de febrero de 2026 evidencia que la economía argentina enfrenta un trilema complejo: acumular reservas internacionales, retomar convergencia inflacionaria hacia un dígito, y recuperar dinamismo de la actividad económica con inclusión social. Estos tres objetivos presentan tensiones inherentes que dificultan su consecución simultánea en contexto de restricciones estructurales. Acumulación de reservas mediante compras en mercado cambiario implica emisión monetaria no esterilizada que presiona sobre inflación particularmente en contexto de demanda de dinero todavía volátil. Convergencia inflacionaria requiere política monetaria restrictiva y ajuste continuo de precios relativos particularmente tarifas de servicios públicos que afectan poder adquisitivo y actividad económica. Recuperación de actividad con inclusión social demanda dinamismo de sectores intensivos en empleo como industria construcción y comercio precisamente los sectores más perjudicados por apertura comercial y apreciación cambiaria real.

La firma del acuerdo comercial con Estados Unidos representa apuesta estratégica del gobierno por profundizar inserción internacional y consolidar alineamiento geopolítico con Washington. No obstante el tratado presenta asimetrías significativas que generan interrogantes sobre distribución de costos y beneficios. Sectores ganadores como agroindustria minería hidrocarburos y servicios financieros son intensivos en capital poco demandantes de mano de obra y concentrados geográficamente. Sectores perdedores como industria manufacturera construcción y comercio minorista son intensivos en empleo distribuidos más homogéneamente en el territorio y constituyen base social de gobiernos provinciales particularmente de oposición. Esta asimetría genera tensión política que complica ratificación congresional del acuerdo y sostenibilidad social del programa económico.

El debate sobre la metodología del IPC evidencia dimensión política de gestión macroeconómica. Postergación de nuevo índice elimina herramienta que gobierno podría haber utilizado para modular impacto estadístico de ajustes tarifarios sobre medición de inflación. Decisión de mantener canasta vigente refleja preferencia por continuidad metodológica en contexto políticamente sensible donde modificaciones podrían ser interpretadas como manipulación estadística. Sin embargo esta decisión posterga compromiso asumido con Fondo Monetario Internacional y mantiene desactualización de ponderadores que no reflejan adecuadamente patrones actuales de consumo. Resolución definitiva de esta cuestión requerirá coordinación entre objetivos técnicos de calidad estadística y consideraciones políticas de oportunidad.

Acumulación de reservas mediante compras en mercado spot acompañadas de venta de cobertura cambiaria a sector privado mediante futuros y títulos indexados genera pasivo contingente para BCRA. Si tipo de cambio experimenta depreciación significativa pérdidas por posición corta en instrumentos de cobertura podrían neutralizar parcialmente beneficio de mayores reservas brutas. Sostenibilidad de esta estrategia depende de continuidad de desarme ordenado de posiciones dolarizadas del sector privado sin generar presiones abruptas sobre mercado cambiario. Experiencia de primer mes de 2026 sugiere que combinación de tasas de interés en pesos atractivas en términos reales y disponibilidad de cobertura cambiaria subsidiada induce comportamiento cooperativo del sector privado. Persistencia de este equilibrio requiere mantenimiento de credibilidad en programa económico y ausencia de shocks exógenos significativos.

Situación fiscal presenta superávit primario consolidado pero con composición que genera costos políticos y sociales significativos. Reducción de subsidios energéticos traslada costos a usuarios finales afectando poder adquisitivo particularmente de sectores medios y bajos. Disminución de transferencias discrecionales a provincias genera tensión con gobernadores que enfrentan restricciones presupuestarias sin contar con autonomía tributaria significativa. Deterioro del salario real del sector público afecta motivación y capacidad operativa de administración estatal. Ajuste de prestaciones sociales mediante fórmulas de actualización que generan rezago respecto a inflación corriente impacta negativamente a jubilados y beneficiarios de programas sociales. Sostenibilidad política de este ajuste dependerá de velocidad de convergencia inflacionaria y recuperación del poder adquisitivo de ingresos nominales.

12. Proyección de Escenarios para Próximos Meses

El escenario base para el trimestre febrero-abril de 2026 contempla continuidad del programa económico vigente con gradualismo en convergencia inflacionaria recuperación moderada de actividad y acumulación de reservas condicionada a factores estacionales y contexto internacional. Inflación mensual se ubicaría en rango de 2,0 a 2,5 por ciento durante este período con pico relativo en febrero por ajustes tarifarios y moderación posterior. Actividad económica mostraría expansión heterogénea con dinamismo en sectores primarios exportadores y debilidad persistente en sectores industriales y comerciales vinculados a mercado interno. Reservas internacionales experimentarían incremento neto condicionado a liquidación de cosecha agrícola y emisiones de deuda corporativa aunque con volatilidad por efecto valuación de activos internacionales.

Tipo de cambio mantendría ritmo de crawling peg en torno a dos por ciento mensual generando apreciación cambiaria real marginal que preocupa a sectores exportadores no tradicionales. Brecha cambiaria se mantendría contenida en niveles inferiores a cinco por ciento reflejando equilibrio precario entre oferta y demanda de divisas mediado por intervenciones del BCRA y disponibilidad de instrumentos de cobertura. Tasas de interés continuarían trayectoria descendente gradual acompañando desinflación aunque manteniéndose positivas en términos reales para sostener demanda de activos en pesos. Resultado fiscal primario consolidaría superávit aunque con tensiones crecientes por demandas salariales del sector público y presiones de gobiernos provinciales por mayor coparticipación.

El escenario alternativo de mayor volatilidad contempla materialización de shocks exógenos que desestabilicen equilibrios actuales. Caída abrupta de precios internacionales de commodities particularmente petróleo por debajo de 50 dólares por barril afectaría ingresos fiscales y balanza comercial generando presión sobre tipo de cambio. Tensión geopolítica internacional que eleve aversión al riesgo de inversores podría cerrar acceso a mercados internacionales de capitales dificultando refinanciamiento de vencimientos de deuda soberana. Crisis política doméstica vinculada a rechazo congresional del acuerdo con Estados Unidos o conflicto institucional con poderes judiciales provinciales podría minar confianza y desatar corrida cambiaria. Aceleración inflacionaria por traslado más rápido de lo previsto de ajustes de precios relativos pendientes obligaría a BCRA a elevar tasas de interés afectando actividad económica.

El escenario optimista contempla aceleración de recuperación económica impulsada por inversiones en sectores estratégicos y mejora de confianza de consumidores y empresarios. Ratificación congresional expeditiva del acuerdo con Estados Unidos y concreción de inversiones anunciadas en minería e hidrocarburos generarían expectativas favorables. Acceso exitoso a mercados internacionales de capitales con spreads decrecientes facilitaría refinanciamiento de deuda y acumulación de reservas. Convergencia inflacionaria más rápida que la proyectada por efecto ancla del tipo de cambio y apertura comercial permitiría recuperación del poder adquisitivo y expansión del consumo. Cosecha agrícola récord combinada con precios internacionales favorables generaría superávit comercial ampliado fortaleciendo posición externa.

Probabilidades asignadas a estos escenarios reflejan predominancia del escenario base con aproximadamente 60 por ciento de likelihood, escenario de mayor volatilidad con 25 por ciento de probabilidad, y escenario optimista con 15 por ciento de likelihood. Esta distribución probabilística refleja persistencia de vulnerabilidades estructurales que limitan margen de maniobra de autoridades económicas pero también reconoce avances significativos en materia de ordenamiento fiscal y monetario durante 2025. Evolución efectiva dependerá críticamente de factores externos como precios de commodities y acceso a financiamiento internacional, y factores internos como cohesión política del gobierno y capacidad de gestión de conflictos distributivos.

13. Conclusiones y Recomendaciones

La primera semana de febrero de 2026 consolidó tendencias que venían gestándose durante meses anteriores: profundización del alineamiento geopolítico con Estados Unidos, persistencia de desafíos en convergencia inflacionaria, recuperación heterogénea de actividad económica con ganadores y perdedores claramente diferenciados, y acumulación gradual de reservas internacionales mediante mecanismos que generan pasivos contingentes. El acuerdo comercial bilateral con Washington representa apuesta estratégica de inserción internacional pero sus asimetrías estructurales plantean interrogantes sobre distribución de costos y beneficios entre sectores y regiones.

Desde perspectiva de política económica, el gobierno nacional enfrenta trilema complejo entre acumulación de reservas, convergencia inflacionaria y recuperación de actividad económica con inclusión social. Resolución simultánea de estos objetivos requiere secuenciación cuidadosa de reformas estructurales, coordinación entre autoridades fiscales y monetarias, y construcción de consensos políticos amplios que trasciendan preferencias partidarias. Experiencia internacional sugiere que procesos de estabilización macroeconómica son prolongados y requieren persistencia en implementación de políticas consistentes más allá de ciclos electorales.

Recomendaciones de política para próximos meses incluyen: primero, explicitar trade-offs entre objetivos de política económica comunicando claramente a ciudadanía y mercados restricciones que enfrenta gestión macroeconómica; segundo, coordinar calendario de ajustes de precios relativos pendientes particularmente tarifas de servicios públicos para minimizar impacto sobre inflación y distribución del ingreso; tercero, diseñar mecanismos de compensación focalizada para sectores y regiones más afectadas por apertura comercial y ajuste fiscal; cuarto, acelerar agenda de reformas estructurales en mercado laboral, sistema tributario y marco regulatorio para potenciar inversiones y generación de empleo de calidad; quinto, fortalecer coordinación fiscal con provincias mediante rediseño de régimen de coparticipación federal que alinee incentivos y distribuya equitativamente costos del ajuste.

Desde perspectiva empresarial, sectores exportadores particularmente agroindustria minería e hidrocarburos enfrentan oportunidades de expansión por acceso a mercados internacionales y contexto macroeconómico más predecible. No obstante deben considerar riesgos vinculados a volatilidad de precios de commodities, apreciación cambiaria real y cambios en marco regulatorio particularmente en materia ambiental. Sectores industriales vinculados a mercado interno enfrentan desafíos significativos por competencia de importaciones y debilidad de demanda doméstica. Estrategias de reconversión productiva, incorporación tecnológica y búsqueda de nichos de diferenciación serán críticas para sostenibilidad de estas empresas. Sector servicios muestra dinámicas heterogéneas con expansión de actividades financieras, profesionales y tecnológicas, y estancamiento de comercio minorista, turismo interno y construcción.

Riesgos principales para próximos meses incluyen: primero, shock de precios de commodities particularmente petróleo que afecte ingresos fiscales y balanza comercial; segundo, cierre abrupto de acceso a mercados internacionales de capitales por factores globales o domésticos; tercero, crisis política doméstica vinculada a conflictos institucionales o rechazo congresional de iniciativas clave del gobierno; cuarto, aceleración inflacionaria por traslado más rápido de lo previsto de ajustes de precios relativos pendientes; quinto, deterioro de clima social por acumulación de costos de ajuste fiscal y apertura comercial en sectores vulnerables. Monitoreo sistemático de estos factores de riesgo y desarrollo de planes de contingencia constituyen elementos críticos de gestión prudente en contexto de incertidumbre elevada.

Oportunidades principales incluyen: primero, consolidación de posición argentina como proveedor confiable de alimentos, energía y minerales críticos a mercados desarrollados; segundo, atracción de inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos por mejora de clima de negocios y alineamiento geopolítico; tercero, desarrollo de cadenas de valor regionales en industrias intensivas en conocimiento y tecnología; cuarto, recuperación de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones por convergencia inflacionaria; quinto, reconstrucción de capacidades estatales y calidad institucional mediante reforma del sector público. Capitalización de estas oportunidades requiere visión estratégica de largo plazo, coordinación entre actores públicos y privados, y compromiso sostenido con reformas estructurales.

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