El Ministerio de Justicia ha decidido aplicar una nueva suba en todos los formularios utilizados en los Registros del Automotor, abarcando desde el formulario 01 de inscripción inicial hasta el 08 de transferencia. Esta medida se produce apenas unos meses después de una suba similar aplicada en enero. Según fuentes del sector, los aumentos rondarían, en promedio, el 40%. Además, el Gobierno ha optado por incrementar los ingresos percibidos por los encargados de los registros, congelados desde octubre del año pasado.

Desde la cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona, se justifica esta decisión como un "aumento por inflación", argumentando que sin estos ajustes, el Ministerio de Justicia se vería privado de ingresos debido a la significativa baja en la venta de automóviles. Esta situación refleja el impacto de la coyuntura económica en el sector automotriz y las medidas que el Gobierno está tomando para paliar sus efectos en las arcas públicas.

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A pesar de que el Gobierno apuntó a una profunda digitalización de todos los trámites desde el inicio de su gestión, este proceso aún no se ha concretado. Los cambios introducidos figuran en el DNU 823, compuesto por 13 artículos que modifican disposiciones de un decreto de 1958, posteriormente ratificado por una ley de 1997 durante el gobierno de Carlos Menem, que regula el régimen jurídico del automotor.

En paralelo a estos aumentos, el Gobierno ha puesto en marcha diversas medidas de control y fiscalización sobre los Registros del Automotor. Se inició una auditoría de 141 registros que ya se encontraban intervenidos, distribuidos en varias provincias del país, con una mayor concentración en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Adicionalmente, se ha dado inicio a una fiscalización digital de otros 25 registros, con el objetivo de analizar variables como los plazos de cumplimiento de los trámites, la calidad del servicio brindado a los usuarios y la detección de posibles irregularidades, ya sea por negligencia, impericia o ilícitos. En caso de detectar problemas, la siguiente etapa consistirá en una fiscalización in situ.

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Más allá de los aumentos en los formularios, el Gobierno ha decidido incrementar los emolumentos, es decir, los ingresos que perciben los encargados de los Registros. En promedio, este aumento ha sido del 60%. Según una resolución firmada por el ministro de Justicia y publicada en el Boletín Oficial, esta medida busca "garantizar la correcta y eficiente prestación del servicio público a cargo de esas unidades operativas, a través de un servicio de calidad acorde con el valor de los bienes afectados".

Sin embargo, la misma resolución reconoce que los montos estaban congelados desde octubre del año pasado y que las subas otorgadas no reflejan la inflación acumulada en los últimos meses. Esto deja en evidencia que, si bien los aumentos son significativos, podrían no ser suficientes para compensar el impacto de la inflación en los costos operativos de los Registros.

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El gremio que representa a los encargados de los Registros, la Asociación de Encargados de Registros (AAERPA), venía reclamando desde hace tiempo un ajuste en los emolumentos. En una nota enviada al ministro de Justicia hace diez días, manifestaron que la situación era "insostenible" y que había generado renuncias de encargados y despidos de empleados altamente calificados y difíciles de reemplazar debido a la complejidad de la materia y la confianza necesaria en la modalidad de trabajo.

En conclusión, el aumento de los formularios y emolumentos de los Registros del Automotor por parte del Gobierno se produce en un contexto de caída en las ventas de automóviles y una inflación persistente que erosiona los ingresos del sector. Si bien estas medidas buscan paliar el impacto en las arcas públicas y garantizar la calidad del servicio, también ponen de manifiesto los desafíos que enfrenta el sector automotriz y la necesidad de una digitalización efectiva de los trámites. Será crucial monitorear el impacto de estos aumentos en los usuarios y en la operatividad de los Registros, así como avanzar en la modernización del sistema para adaptarse a las demandas actuales.