La comunidad educativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras universidades públicas del país se preparan para una masiva movilización y banderazo en reclamo por la falta de presupuesto que afecta su funcionamiento. La situación ha desatado un conflicto con el Gobierno de Javier Milei, cuya confrontación se ha extendido a todas las universidades públicas
Economía22/04/2024 13News-Economía
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La comunidad educativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras universidades públicas del país se preparan para una masiva movilización y banderazo en reclamo por la falta de presupuesto que afecta su funcionamiento. La situación ha desatado un conflicto con el Gobierno de Javier Milei, cuya confrontación se ha extendido a todas las universidades públicas.
La marcha, denominada "Marcha Universitaria Federal", convocada para mañana, iniciará en las sedes de las 13 facultades de la UBA y confluirá por la tarde en la Plaza de Mayo. Se espera la participación no solo de alumnado, docentes y no docentes de la UBA, sino también de representantes de otras universidades nacionales públicas, así como de sectores políticos y sindicales.
La adhesión de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y espacios políticos como la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores del peronismo ha dado a la movilización un cariz político más amplio. Con este respaldo heterogéneo, las universidades nacionales buscan presionar al Gobierno y torcerle el brazo al Presidente Milei, quien mantiene una postura confrontativa con el sistema universitario y rechaza la movilización.
La discusión presupuestaria es el eje central del conflicto. Si bien el Gobierno anunció un aumento del 70% en marzo y otro 70% en mayo para los gastos de funcionamiento de las universidades, desde la UBA señalaron que la medida era "insuficiente". Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, manifestó que "el Presupuesto tiene que actualizarse porque con este presupuesto no se puede funcionar" y agregó que "los profesores universitarios perdieron un 36% de poder adquisitivo en los últimos 4 meses".
El presupuesto universitario se compone de tres partes: salarios del personal docente y no docente, gastos de funcionamiento y programas especiales. Actualmente, cerca del 90% del total corresponde a salarios y solo un 10% se destina a otros gastos para funcionamiento. Desde la UBA señalan que esa relación debería ser 75% y 25% para que las universidades puedan funcionar correctamente.
La actualización del "70%" anunciada por el Gobierno es sobre el 10% de gastos de funcionamiento, lo que representa apenas un cuarto de lo que las universidades necesitan para funcionar, según explican desde la UBA.
De cara a la movilización, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había anticipado la intención de aplicar el Protocolo para el Orden público, conocido como Protocolo Antipiquetes. Sin embargo, anoche aclaró que la aplicación del protocolo dependerá de la realidad de la gente que vaya a la marcha y advirtió sobre la posibilidad de una "provocación" por parte de sectores como la CGT y la izquierda.
Desde las universidades, se busca tender puentes con el Gobierno para garantizar una movilización pacífica. "Nadie está pensando en hacer un bloqueo. Sería un error enorme que reprimieron a los estudiantes y docentes", sostuvo una representante de una universidad nacional.
La marcha de mañana se perfila como un nuevo frente de batalla que enfrenta el Gobierno de Milei, uniendo a múltiples sectores del espectro político e ideológico en defensa de la educación pública universitaria. El reclamo por un presupuesto adecuado para el funcionamiento de las universidades se enmarca en la "batalla cultural" que ejecuta la Casa Rosada y pone de manifiesto las tensiones entre el Gobierno y el sistema universitario público.
El desarrollo de la movilización y la respuesta del Gobierno serán claves para el futuro de las universidades públicas y la educación superior en Argentina. La comunidad educativa y la sociedad en su conjunto esperan que se alcance un diálogo constructivo y se encuentren soluciones que garanticen el adecuado funcionamiento y la calidad de la educación universitaria pública en el país.
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