La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la regulación de las grandes empresas tecnológicas con la entrada en vigor de los nuevos Reglamentos de Servicios Digitales (DSA) y de Mercados Digitales (DMA). Estas normas, que comenzaron a aplicarse plenamente en febrero y marzo de 2024, respectivamente, buscan garantizar la transparencia, la competencia justa y la protección de los usuarios en el entorno digital.

A pesar del poco tiempo transcurrido desde su implementación, la Comisión Europea ya ha iniciado varios procedimientos contra las grandes plataformas y servicios digitales, invocando tanto el DSA como el DMA. Estas investigaciones ponen a prueba la eficacia de las nuevas regulaciones y someten a examen a gigantes tecnológicos como Meta (Facebook e Instagram), Google, Apple, Amazon, Microsoft y TikTok.

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En el marco del DSA, Bruselas ha abierto investigaciones contra Meta por la posible propagación de publicidad política engañosa y desinformación en sus plataformas, lo que podría afectar a las elecciones europeas de junio. TikTok también está siendo investigada por los riesgos de sus algoritmos y la protección de los menores, mientras que X (Twitter) se enfrenta a un procedimiento por su presunta incapacidad para evitar la propagación de contenido ilegal.

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Por otro lado, el DMA ha permitido a la Comisión designar a Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y TikTok como "guardianes de acceso" o gatekeepers, lo que implica un mayor escrutinio y obligaciones más estrictas. Bruselas ha iniciado investigaciones contra Google y Apple por las directrices de sus tiendas de aplicaciones, y contra Meta por su modelo "paga o traga".

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Las multas por incumplir las obligaciones del DSA pueden alcanzar el 6% de la facturación global de una compañía, mientras que en el caso del DMA, las sanciones pueden llegar hasta el 10% o incluso el 20% en caso de reincidencia.

Estas elecciones europeas serán el primer gran examen para los nuevos reglamentos tecnológicos de la UE, que buscan garantizar un entorno digital más justo, transparente y seguro para los ciudadanos europeos. La aplicación efectiva de estas normas y el resultado de las investigaciones en curso definirán el futuro de la relación entre Bruselas y las grandes tecnológicas.