El primer semestre de 2026 volvió a exhibir un superávit primario —$8,7 billones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)—, pero junio encendió una señal de atención: el mes cerró con un déficit primario de $2,3 billones y un déficit financiero de $4,8 billones. Más allá del dato puntual, el informe habilita una lectura menos transitada y más relevante para el mediano plazo: no alcanza con observar el signo del resultado fiscal; hay que examinar de qué está hecho.

Un semestre de dos velocidades

A mitad de año, la Administración Nacional ejecutó el 52,3% de su presupuesto vigente. Ese promedio, sin embargo, esconde una distribución marcadamente desigual. Los intereses de la deuda se ejecutaron al 66,4%, mientras que los gastos de capital —la inversión que amplía la capacidad productiva de la economía— apenas alcanzaron el 24,3%. La inversión real directa quedó en 28,8%; vivienda y urbanismo, en 28,7%; agua potable y saneamiento, en 38,0%; medioambiente, en 40,8%. En términos reales, la inversión pública cayó cerca de 30% interanual y las obras viales, casi 50%. La conclusión es incómoda pero difícil de eludir: el compromiso financiero se honra al pie de la letra, mientras la formación de capital público avanza a media máquina.

La calidad importa tanto como el signo

La teoría fiscal moderna es explícita al respecto. La distinción entre gasto corriente y gasto de capital está en el corazón de la "regla de oro" de las finanzas públicas que formalizó Richard Musgrave y que administraciones como la británica adoptaron de manera expresa: es sensato exigir equilibrio o superávit en la cuenta corriente, pero la inversión que rinde beneficios durante décadas admite un tratamiento diferenciado. La razón es económica, no contable. La literatura del Fondo Monetario Internacional sobre multiplicadores muestra que el gasto de capital tiene un efecto sobre el producto sensiblemente mayor que el gasto corriente, especialmente cuando existe capacidad ociosa en la economía.

En esa misma línea, el trabajo de Bradford DeLong y Lawrence Summers sobre consolidaciones en contextos de debilidad advirtió que recortar inversión puede resultar "autofrustrante": deprime el crecimiento potencial y, con él, la base imponible futura que sostiene el propio equilibrio. Alberto Alesina y Silvia Ardagna, por su parte, documentaron que los ajustes fiscales exitosos y duraderos descansan en la contención del gasto corriente, y no en la poda de la inversión. Un superávit obtenido licuando obra pública, infraestructura sanitaria y equipamiento educativo no equivale a uno logrado por ganancias de eficiencia: el primero traslada el costo al crecimiento de la próxima década.

La asimetría institucional

Aquí aparece la dimensión menos visible del problema. Mientras las partidas de inversión —discrecionales por naturaleza— absorben el grueso del ajuste, otras erogaciones se actualizan de manera automática. El caso más nítido es la dieta de los senadores nacionales, que por el mecanismo de "enganche" a la paritaria del personal legislativo trepará a cerca de $11,9 millones brutos mensuales desde agosto, acumulando en 2026 una suba del orden del 19%, por encima del 16,8% de inflación del semestre. No se trata de un juicio sobre el monto, sino de una observación de economía política: el diseño presupuestario determina quién absorbe el ajuste. Lo indexado se protege; lo discrecional se recorta. Y lo discrecional, en este caso, es precisamente aquello que sostiene la productividad futura.

La literatura sobre instituciones presupuestarias —desde los aportes de Jürgen von Hagen sobre reglas y procedimientos fiscales— enseña que la calidad de una consolidación depende de esas asimetrías. Cuando el gasto que más fácilmente se ajusta coincide con el más productivo, el resultado fiscal mejora en el corto plazo a costa de hipotecar el potencial de largo plazo. El problema no es la regla automática en sí, sino la ausencia de un criterio equivalente que blinde el núcleo de inversión.

El equilibrio que se mira en el espejo del futuro

La sostenibilidad fiscal no se dirime únicamente en la planilla del mes. Un país que subejecuta la inversión en infraestructura, agua, salud y educación mientras honra puntualmente sus compromisos financieros e indexa de forma automática ciertos gastos rígidos está eligiendo —acaso sin declararlo— una determinada distribución del esfuerzo. El interrogante que deja el informe de junio no es si hay superávit, sino de qué está hecho. Un equilibrio construido sobre la postergación sistemática de la inversión productiva puede lucir impecable hoy y volverse insostenible mañana, cuando el crecimiento que no se sembró no aparezca para sostenerlo.

El desafío de política económica, entonces, no consiste en abandonar la disciplina fiscal —condición necesaria e innegociable—, sino en mejorar su calidad: proteger el núcleo de inversión que determina la capacidad de crecer y revisar las reglas que hoy hacen recaer el ajuste sobre las partidas equivocadas. La diferencia entre un ajuste que ordena y uno que empobrece se juega, casi siempre, en esa composición.