El gobierno de Milei enfrenta mañana uno de los desafíos legislativos más importantes desde su asunción en diciembre: la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Con los mercados atentos a cada movimiento y un Presidente que busca restarle dramatismo a una posible derrota, el oficialismo negocia hasta último momento cambios en el texto de la norma para conseguir los votos necesarios.

Las comisiones del Senado fueron escenario de intensas discusiones y negociaciones, que llevaron al Gobierno a ceder en diferentes puntos del megaproyecto, a pesar de su postura inicial de no entregarse a concesiones. Los temas que concentraron la mayor cantidad de cambios fueron las facultades delegadas, las empresas a privatizar y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). En cuanto al paquete fiscal, el debate giró en torno al Monotributo Social, el regreso del Impuesto a las Ganancias, el blanqueo de capitales y Bienes Personales.

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Facultades delegadas y privatizaciones
Uno de los puntos más controvertidos de la Ley Bases han sido las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. El proyecto que llega del oficialismo recorta estas facultades y las limita a un año, renovables por el Congreso de la Nación, alejándose así del texto original enviado en diciembre.

En cuanto a las empresas a privatizar, se limitó la facultad del Ejecutivo para intervenir organismos públicos y se redujo la lista de 41 a 9 empresas. El proyecto actual estipula la privatización total de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo SAU. Sin embargo, varios senadores se oponen a privatizar Aerolíneas y Radio Nacional, por lo que se sigue negociando la posibilidad de quitarlas del listado.

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Otras empresas, como Agua y Saneamientos Argentinos, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, SOFSE y Corredores Viales, quedaron como posibles de ser privatizadas de manera parcial o concesionadas. El caso del Correo es especialmente sensible, ya que senadores patagónicos y del norte coinciden en la necesidad de que sea público para asegurar su capilaridad en todo el país.

RIGI y paquete impositivo
El Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) será otro de los puntos calientes del debate. La oposición reformuló el artículo que declaraba "nulo de nulidad absoluta" toda norma provincial que se oponga al RIGI, estableciendo que sólo aplica a las jurisdicciones que decidan adherir. También se incluyó un inciso para desarrollar las cadenas de producción locales y limitar la acción de proveedores con mercadería importada.

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En el paquete impositivo, se reincorporó el Monotributo Social y se incrementaron los techos de las categorías. En Bienes Personales, se aumentó un 20% la alícuota para quienes entraron al blanqueo. En Ganancias, los patagónicos lograron una mejora en el mínimo no imponible, mientras que Tierra del Fuego quedó exento. En el blanqueo de capitales, se extendió de 5 a 10 años la imposibilidad de acceso para funcionarios públicos y sus familiares, y se eliminaron las criptomonedas de la lista de activos a blanquear.

El dictamen en minoría de Lousteau
Frente al dictamen oficialista, el senador radical Martín Lousteau presentó una propuesta alternativa con cambios profundos. Entre las principales diferencias, se destaca la eliminación de las emergencias y las facultades delegadas. En cuanto a privatizaciones, excluye Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y TV Argentina, y obliga al Ejecutivo a presentar una propuesta ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones para el resto de las empresas.

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El dictamen de Lousteau también incorpora la nueva fórmula de movilidad jubilatoria ya aprobada en Diputados, el financiamiento de las universidades y el aumento del piso para Ganancias. En el blanqueo, restringe el acceso a quienes hayan ingresado a uno en los últimos diez años, procesados por lavado, no residentes o testaferros, y establece la coparticipación de los fondos con las provincias.

La votación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado representa un momento decisivo para el gobierno argentino. Las negociaciones de último momento y los cambios introducidos en el dictamen oficialista reflejan la complejidad de alcanzar consensos en un contexto de polarización política y presión de los mercados.

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Temas como las facultades delegadas, las privatizaciones, el RIGI y los impuestos han sido los ejes centrales de la discusión. Mientras el oficialismo busca aprobar un proyecto que, aunque modificado, mantiene lineamientos clave de su propuesta original, la oposición, representada por el dictamen de Lousteau, plantea cambios más profundos y restrictivos.

El resultado de la votación tendrá un impacto significativo en la agenda económica y política del país. Si el oficialismo logra los votos necesarios, podrá avanzar con reformas que considera fundamentales para la estabilidad y el crecimiento. En caso contrario, deberá replantearse su estrategia y buscar nuevos consensos.

Más allá del desenlace, el debate en torno a la Ley Bases y el paquete fiscal ha puesto de manifiesto la necesidad de un diálogo constructivo y de políticas de Estado que trasciendan las diferencias partidarias. Solo a través de acuerdos duraderos y políticas consistentes, Argentina podrá enfrentar los desafíos económicos y sociales que tiene por delante.