La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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Cuando la brecha entre lo que el Estado nacional transfiere y lo que efectivamente adeuda a las provincias alcanza una proporción de uno a diecisiete, el debate sobre el federalismo fiscal deja de ser una discusión técnica para convertirse en una radiografía del modelo de poder que subyace al programa de estabilización.
Existe en el análisis de las finanzas públicas subnacionales una distinción que el debate político suele colapsar con consecuencias analíticas severas: la diferencia entre transferencias discrecionales y obligaciones constitucionales. Los Aportes del Tesoro Nacional pertenecen a la primera categoría —son instrumentos de política fiscal que el Ejecutivo nacional puede asignar con criterios propios, sujetos a negociación política y sin automatismo legal que garantice su distribución equitativa. La coparticipación federal, en cambio, pertenece a la segunda: es un mecanismo de distribución de recursos tributarios nacionales cuya base legal es la Ley 23.548 y cuyo incumplimiento configura, en términos jurídicos precisos, una retención ilícita de fondos que corresponden de pleno derecho a las jurisdicciones subnacionales.
Confundir ambas categorías —o peor, sustituir una por la otra— no es un error técnico inocente. Es una operación política que transforma derechos constitucionales en favores discrecionales, convierte gobernadores en solicitantes y concentra en el Ejecutivo nacional un poder de presupuesto que el diseño federal argentino distribuye explícitamente para evitar exactamente esa concentración.
Los números del primer bimestre de 2026 ilustran esa operación con una precisión que difícilmente pueda atribuirse a la casualidad. Las provincias acumularon una pérdida real de $838.000 millones en concepto de coparticipación respecto al mismo período del año anterior, con una variación real negativa promedio del 6,9% para los 24 distritos del país. Frente a esa magnitud, el gobierno nacional despachó $47.000 millones en ATN durante marzo —exclusivamente hacia provincias alineadas políticamente— con lo cual la transferencia discrecional representa aproximadamente el 5,6% de la deuda coparticipable acumulada en apenas dos meses.
La distribución geográfica del deterioro fiscal subnacional revela una lógica que trasciende el ciclo económico y que no puede explicarse únicamente por la dinámica de la recaudación agregada. Las jurisdicciones con mayor peso relativo en la economía nacional fueron simultáneamente las más castigadas en términos proporcionales: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una contracción real del 8,1% en sus ingresos coparticipables respecto al primer bimestre de 2025, seguida por Córdoba con 7,8% y Santa Fe con 7,7%. La provincia de Buenos Aires, con una pérdida proporcional menor del 5,9%, acumula sin embargo el mayor volumen nominal de deterioro: $161.000 millones en dos meses, una cifra que cuadruplica el total de ATN distribuidos en marzo al conjunto de provincias receptoras.
Esta estructura del deterioro no es aleatoria. Las jurisdicciones más afectadas son precisamente aquellas con mayor autonomía política respecto al gobierno nacional, mayor capacidad de articulación legislativa opositora y mayor peso demográfico en el padrón electoral. Que las provincias gobernadas por fuerzas opositoras no hayan recibido ninguna transferencia de ATN en marzo no es un dato administrativo menor: es la expresión más directa de la lógica con que opera el federalismo fiscal argentino cuando el instrumento discrecional sustituye al mecanismo automático.
El deterioro tiene además un componente estructural que agrava el diagnóstico cíclico. La recaudación nacional registró en febrero una caída real del 9,5%, con un impacto patrimonial para las provincias de aproximadamente $500.000 millones en un solo mes. Pero a esa compresión por menor base recaudatoria se suma la retención de fondos en tres conceptos específicos —educación, seguridad vial e impuesto a los combustibles— cuya coparticipación obligatoria está establecida por ley. El Estado nacional no los distribuye ni los aplica a la construcción de infraestructura vial, que es la única alternativa legal disponible para los recursos de combustibles. Los retiene. Y esa retención no configura una política fiscal audaz: configura un incumplimiento normativo con consecuencias sobre los presupuestos provinciales de servicios esenciales.
El análisis de las finanzas provinciales no es un capítulo menor de la macroeconomía argentina: es uno de sus determinantes estructurales más relevantes y menos discutidos en el debate público. Las provincias ejecutan aproximadamente el 45% del gasto público consolidado del país, concentrado en los dos componentes con mayor efecto multiplicador sobre la demanda doméstica: educación y salud. Cuando los presupuestos subnacionales se comprimen por retención de fondos federales, el ajuste no recae sobre el gasto superfluo —que en la mayoría de las jurisdicciones ya fue racionalizado en ciclos previos— sino sobre la inversión en infraestructura educativa, sobre los salarios docentes y sanitarios, y sobre la obra pública provincial que sostiene encadenamientos hacia el sector de la construcción y los materiales.
En ese marco analítico, el ajuste fiscal subnacional no es fiscalmente neutro desde la perspectiva del consolidado nacional: es un mecanismo de transferencia del costo del equilibrio agregado desde el nivel nacional —donde se registra el superávit— hacia el nivel provincial —donde se absorbe el ajuste sin que ese sacrificio aparezca en los indicadores que el gobierno nacional comunica como logros. El superávit primario nacional se construye, en parte no despreciable, sobre la base del deterioro fiscal de las jurisdicciones subnacionales. Esta asimetría contable no invalida el mérito del equilibrio fiscal como objetivo de política; sí invalida la narrativa que lo presenta como un logro de gestión sin externalidades distributivas sobre el resto del sector público.
La economía institucional ofrece aquí un lente interpretativo preciso. Los regímenes federales de coparticipación no son solamente mecanismos de distribución de recursos: son compromisos creíbles entre niveles de gobierno cuya función esencial es reducir la incertidumbre fiscal de las jurisdicciones subnacionales y permitirles planificar presupuestos plurianuales con parámetros estables. Cuando ese compromiso se incumple sistemáticamente —mediante retención de fondos de asignación específica, demora en transferencias automáticas o sustitución de derechos constitucionales por favores discrecionales— el daño no se circunscribe al bimestre en cuestión: se proyecta sobre la capacidad de las provincias de sostener inversión pública, de negociar crédito subnacional en condiciones razonables y de ejecutar políticas contracíclicas cuando el ciclo económico lo demanda.
Un programa de estabilización que preserve el equilibrio fiscal nacional a costa de la solvencia subnacional no resuelve el problema fiscal argentino: lo desplaza hacia un nivel de gobierno con menor capacidad de financiamiento, mayor exposición social directa y menor visibilidad mediática. El resultado previsible —y en parte ya observable— es una presión creciente sobre los gobiernos provinciales para ajustar precisamente los componentes del gasto público con mayor impacto sobre el bienestar de las mayorías.
La corrección de ese desequilibrio no requiere expandir el déficit nacional. Requiere cumplir la ley, distribuir los fondos que el régimen de coparticipación asigna automáticamente y diseñar un esquema de ATN con criterios técnicos transparentes que reemplacen la discrecionalidad política por reglas verificables. No es una propuesta heterodoxa. Es la condición mínima para que el federalismo argentino funcione como el sistema de gobierno distribuido que la Constitución diseñó —y no como el mecanismo de disciplinamiento político que la coyuntura está convirtiendo en norma.
Análisis elaborado por Mecronomic — Unidad de Análisis Económico.
