El panorama económico de Argentina se torna cada vez más complejo, según revela el último informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP). Los datos correspondientes a agosto de 2024 pintan un cuadro preocupante: una caída pronunciada en los ingresos estatales, acompañada de una reconfiguración del gasto público donde los intereses de la deuda ganan protagonismo.

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Los ingresos totales de la Administración Pública Nacional (APN) experimentaron una contracción del 21,3% en términos reales comparado con el mismo mes del año anterior, marcando la caída más pronunciada del año. Este desplome no solo supera las disminuciones de meses previos, sino que también señala un deterioro acelerado de la capacidad recaudatoria del Estado.

El análisis detallado de los ingresos revela tendencias alarmantes. Los ingresos impositivos, que venían mostrando un crecimiento del 4,1% hasta julio, sufrieron una retracción del 12,2%. Pero el golpe más duro provino de las Rentas de la Propiedad, con una caída vertiginosa del 88,6%. Este rubro pasó de representar el 13% de los ingresos totales en agosto de 2023 a apenas un 2% en 2024, principalmente debido a la ausencia de las utilidades del Banco Central percibidas el año anterior.

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Las contribuciones a la Seguridad Social, aunque siguen en terreno negativo con una caída del 7,2%, muestran una leve mejoría respecto a los primeros seis meses del año, sugiriendo una posible recuperación relativa de los salarios.

En el acumulado anual, se destacan el aumento significativo en la recaudación del Impuesto PAIS (+249,9%) y de los Derechos de Exportación (+34,8%), contrastando con las caídas en el IVA (-9,2%), Débitos y Créditos (-10,9%) y Ganancias (-10,9%).

Por el lado del gasto, aunque se observa una contracción del 12,4% en términos reales, esta representa la menor reducción del año. Lo más llamativo es el aumento del 55,8% en el pago de intereses de la deuda, que emerge como el principal rubro de gasto público. Este incremento contrasta con la reducción del 23,2% en el gasto primario.

Las prestaciones de la Seguridad Social cayeron un 10,5%, aunque el informe sugiere que se ha detenido el proceso de deterioro real de las mismas gracias a la implementación del Decreto 274/2024, que estableció la actualización mensual de los haberes previsionales por el índice de inflación.

Los gastos de capital, aunque siguen en terreno negativo con una caída del 65,3%, muestran signos de una leve reactivación comparado con los meses anteriores, donde la inversión pública desde el gobierno nacional parecía virtualmente paralizada.

En el acumulado anual, el gasto total de la Administración Nacional presenta una caída del 27,4%, que se acentúa al 30,1% si se excluyen los pagos de intereses. Esto refleja reducciones significativas en prestaciones de la Seguridad Social (-23,6%), transferencias corrientes (-30,6%) y remuneraciones (-17,9%).

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A pesar de este panorama desafiante, agosto arrojó un superávit primario de $455.160 millones, aunque al incorporar los intereses, se convierte en un resultado financiero negativo de $1,92 billones. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, se registra un superávit financiero de $506.139 millones, contrastando fuertemente con el déficit de $4,24 billones del mismo período en 2023.

Para dimensionar la magnitud de esta mejora, el informe señala que el resultado financiero positivo de 2024 representa el 0,9% de los ingresos totales, mientras que en 2023 se registró un déficit equivalente al 26,4% de esos ingresos, implicando una mejora de 27,7 puntos porcentuales.

Este giro en las finanzas públicas plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo económico actual. Por un lado, la caída en los ingresos refleja una economía en contracción, con un consumo debilitado y una actividad económica en declive. Por otro, el aumento significativo en el pago de intereses de la deuda sugiere una vulnerabilidad creciente ante posibles cambios en las condiciones financieras internacionales.

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La mejora en el resultado fiscal, aunque notable en términos numéricos, se ha logrado principalmente a través de un ajuste severo del gasto público, particularmente en áreas sensibles como la seguridad social y la inversión pública. Este enfoque, si bien puede ser efectivo a corto plazo para equilibrar las cuentas, plantea dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo y su impacto en el tejido social y productivo del país.

El desafío para el gobierno argentino será encontrar un equilibrio entre la necesidad de mantener la disciplina fiscal y la de estimular una economía que muestra signos claros de estancamiento. La caída en la recaudación de impuestos clave como el IVA y Ganancias sugiere una contracción del consumo y la actividad empresarial que, de persistir, podría complicar aún más el panorama fiscal en los próximos meses.

En este contexto, la capacidad del gobierno para refinanciar su deuda en condiciones favorables y para atraer inversiones que reactiven la economía será crucial. La mejora en los resultados fiscales podría ser un argumento a favor en negociaciones con organismos internacionales y potenciales inversores, pero deberá ser balanceada con políticas que promuevan el crecimiento económico y la inclusión social.

A medida que Argentina se adentra en el último trimestre del año, todos los ojos estarán puestos en la evolución de estos indicadores. La capacidad del gobierno para mantener la disciplina fiscal sin ahogar completamente la economía será determinante no solo para la estabilidad económica a corto plazo, sino también para las perspectivas de crecimiento y desarrollo del país en los años venideros.