La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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La administración actual está cerca de lograr su primera privatización importante desde que asumió el poder. Con la aprobación reciente de la Legislatura de Mendoza para transferir las acciones de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), el camino hacia la venta de esta empresa estatal ha dado un paso significativo.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía, se encuentra ahora enfocada en ultimar los preparativos para lanzar una convocatoria internacional. Este proceso busca evaluar las propuestas de compañías interesadas en adquirir el paquete accionario que otorgaría el control de la reconocida metalúrgica.
IMPSA, que no formaba parte del listado inicial de empresas propuestas para privatización en la Ley Bases, ha seguido un proceso paralelo. Las autoridades esperaban la luz verde de los legisladores mendocinos para proceder con la siguiente etapa, que implica definir los detalles técnicos del proceso, incluyendo la elaboración de pliegos y la determinación del valor final de la compañía.
Una vez completada esta fase, se abrirá un concurso público, dando a los potenciales compradores un plazo aproximado de un mes para presentar sus ofertas. Hasta el momento, el grupo estadounidense ARC Energy ha manifestado públicamente su intención de participar en la licitación, aunque se rumorea que existen otros interesados, tanto nacionales como extranjeros, cuyas identidades aún no se han revelado.
La importancia de IMPSA en el sector industrial no es menor. La empresa realiza trabajos cruciales para proyectos energéticos de envergadura en Argentina, como la represa Yacyretá, y colabora con YPF y otras petroleras activas en Vaca Muerta. Además, su alcance se extiende internacionalmente, exportando el 85% de su producción y fabricando equipamiento para diversas industrias, incluyendo la energética, eólica y nuclear.
La historia reciente de IMPSA ha estado marcada por desafíos financieros. Originalmente propiedad de la familia Pescarmona, la empresa acumuló pasivos significativos hasta 2018. En 2020, requirió asistencia estatal para mantener sus operaciones y cumplir con sus obligaciones salariales. Posteriormente, logró reestructurar su deuda y estableció un cronograma de pagos que comienza en 2025.
Actualmente, la estructura accionaria de IMPSA se divide entre el Estado nacional, que posee la mayoría con un 63,7%, la provincia de Mendoza con un 21,2%, y un 15,1% en manos privadas, distribuido entre acreedores y la familia Pescarmona.
La iniciativa de privatizar IMPSA se remonta a abril de 2023, cuando su directorio decidió poner en venta parte de las acciones. Sin embargo, el proceso se aceleró con la llegada del nuevo gobierno, que ha expresado su intención de transferir al sector privado todas las empresas bajo control estatal.
Este movimiento hacia la privatización de IMPSA representa un hito importante para la administración actual, que busca reducir la participación del Estado en la economía. El resultado de este proceso será observado de cerca, ya que podría sentar un precedente para futuras privatizaciones en el país.
