La recaudación fiscal, en lo que va del mes de Febrero, comienza a mostrar una preocupante dinámica, con importantes reducciones en relación al mes de enero que pueden ser entendidas como producto de la feroz caída de la actividad económica en la mayoría de los sectores productivos y comerciales. 

En el día de ayer, el anuncio de Acindar de paralizar la producción de todas sus plantas en Argentina debió encender una luz amarilla de alerta en el tablero de control del Ministerio de Economía. 

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Si bien el Presidente Milei ha venido sosteniendo que la economía iba a transitar meses duros de alta inflación y recesión, los niveles de caída, a los que estamos asistiendo en forma generalizada, preanuncian la posibilidad de un grave peligro que amenaza una de las políticas centrales de la administración, generar niveles sostenibles de superávit fiscal.

La caída en la recaudación tributaria global es de -19%, un porcentaje muy importante, en medio de un escenario en el cual no se ve el fin de la recesión aún.

En su cuenta de X el analista financiero @cbuteler ha publicado un comparativo, con el mes de enero pasado, de los montos recaudados por el fisco correspondientes a los principales tributos.

Sin Reformas Estructurales no hay Paraíso

Hemos venido sostenido en este medio que la política económica en curso no constituye un verdadero plan de estabilización sino que, más bien, representa un plan financiero basado sobre dos pilares: la licuación del gasto público y la destrucción de pesos de la economía.

Por supuesto que terminar con el déficit fiscal es prioridad y que fortalecer la demanda de pesos es esencial para terminar con el peor de los impuestos: la inflación, verdadero motor de la creación de pobres en nuestro país.

Pero para ello se requiere un plan integral que no sólo aborde la pata financiera del problema sino que incluya una política de ingresos, una reforma tributaria integral y una decidida acción sobre todos aquellos aspectos que reducen la competitividad de nuestro sector productivo.

Esta disociación entre buenos resultados financieros y malos indicadores de la economía real, está explicado, también, por una diferencia en las velocidades de avance de las reformas estructurales y las medidas de licuación del gasto y destrucción de pesos.

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Que nuestro país vuelva al sendero del superávit fiscal es un objetivo largamente buscado y escasamente logrado por las administraciones nacionales que gobernaron las últimas décadas.

En términos macroeconómicos, cuando asistimos a un cambio de tendencia en una variable clave, como lo es el resultado fiscal, lo primero que debemos analizar es si el cambio es transitorio o permanente,

En otros términos, el cambio de tendencia se asienta sobre bases estructurales que aseguran su sostenibilidad en el tiempo o responde a efectos transitorios que volverán difícil su permanencia en una tendencia de mediano plazo.

Este punto reviste especial importancia cuando de lo que se trata es, nada menos, del equilibrio de las cuentas públicas.

Décadas de déficit han llevado a la Argentina a un nivel de endeudamiento, interno y externo, e inflación que han generado los niveles de pobreza e indigencia actuales.

La «fábrica de pobres» en que se ha convertido nuestro sistema económico tiene su razón de ser en el persistente déficit fiscal y su financiamiento a través del impuesto inflacionario, el peor de los impuestos, ya que no sólo es el único impuesto no legislado sino que impacta, muy gravemente, sobre los sectores de menores recursos, enviando, mes a mes, a muchos ciudadanos por debajo de la línea de pobreza.

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Allí radica el centro del tema: eliminar el déficit, no necesitar recurrir al endeudamiento y suprimir el impuesto inflacionario sería la política que permitiría sentar las bases para la reconstrucción de la economía argentina y el inicio de un período de crecimiento sostenido.

Por ello, resulta crucial analizar en profundidad el resultado fiscal del mes de enero para evaluar si el mismo es sostenible y, en caso de no serlo, como se debiera avanzar para lograr que lo sea.

Como marco de referencia tomaremos el informe fiscal del mes de enero que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró al respecto.

Los puntos esenciales del análisis son los siguientes:

• En el mes de enero 2024, el superávit primario, que no tiene en cuenta el pago de intereses, fue 105,2% superior al obtenido un año atrás.
• Los ingresos totales se contrajeron 1,3% en la comparación interanual, impulsados por las caídas de los recursos provenientes de la Seguridad Social (-26,5% a/a) y del Impuesto a las Ganancias (-40,3% a/a), parcialmente compensadas por las subas en el Impuesto PAIS (411,6% a/a) y en los Derechos de Exportación (88,5% a/a). Parte por la mejora del tipo de cambio, parte por cambios regulatorios.
• Los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 11,9% a/a en el primer mes del año y el recorte en los primarios llegó a 30,8% a/a.
• Las jubilaciones y pensiones (-32,5% a/a), los programas sociales (-59,6% a/a) y los gastos en personal (-18,0% a/a) fueron los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos. En los programas sociales influyó la ausencia de registro de algunos programas.
• Pero los intereses de la deuda crecieron 139,1% a/a, básicamente por el pago de cupones de bonos emitidos tras la reestructuración.
• Los subsidios al transporte se incrementaron 144,9% a/a, prioritariamente por las subvenciones a los servicios ferroviarios urbanos.
• No se registró en enero de 2024 ninguna erogación para subsidios energéticos, tal como ocurrió en enero de 2023.
• Al 31 de enero el crédito vigente ascendió a $ 40.250.029 millones, en función de la prórroga del presupuesto 2023 para el ejercicio fiscal 2024.
• Los gastos totales devengados representaron el 11.1% del crédito total vigente a fines de enero, 6.2 puntos porcentuales por encima del nivel registrado un año atrás (4.9%).
• En gastos corrientes se ejecutó el 11.9% de los créditos.
• El nivel más alto de ejecución se registró en intereses de la deuda (30.4%).
• Los gastos de capital devengados fueron del 0.8% del crédito vigente para la partida.

Hasta aquí los datos. Pasemos al análisis.

Resulta evidente, en primera instancia, que el resultado fiscal superavitario de enero se basó en el «efecto licuadora», que el propio presidente Milei ha sostenido que, junto con la motosierra, constituyen dos pilares de esta etapa de la gestión económica.

Funcionar con el presupuesto 2023 implica tener un nivel de créditos presupuestarios nominales sumamente licuados con respecto a la inflación interanual que se viene registrando.

Como se puede apreciar por los datos consignados, la caída, en términos reales, de las partidas de la seguridad social, programas sociales, gastos en personal, subsidios energéticos y paralización de la obra pública ha sido la causa fundamental de resultado fiscal positivo obtenido.

A su vez, por el lado de los ingresos fiscales, resulta preocupante que, en términos reales, los mismos se hayan contraído un 1.3% producto de la baja de la recaudación de tributos vinculados al ciclo de la actividad económica, como seguridad social e impuesto a las ganancias.

El extraordinario aporte del impuesto país también resulta complejo ya que es un tributo vinculado directamente a la existencia del cepo cambiario, restricción que Milei ha anunciado su próxima eliminación.

Entonces, si el cepo deja de existir, que pasará con lo que se recauda en concepto de impuesto país?

La buena noticia del superávit de enero no debe enceguecer al gobierno sino, más bien, debe servir como indicador del carácter macroeconómico del mismo, analizando causas y efectos de mediano plazo.

El plan económico implementado, hasta hoy, tiene un perfil marcadamente financiero. Licuación de gastos y destrucción de pesos.

Para que el equilibrio fiscal sea sostenible y creíble para los inversores, que constituyen la llave con el que se abrirá el sendero del crecimiento, faltan muchas cosas sobre las que avanzar.

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El «plan licuadora» no es sostenible en el mediano plazo. Las reformas estructurales son las que asegurarán que el equilibrio fiscal sea visto como sustentable.

Es cierto que al no haberse aprobado la «Ley Bases» el gobierno se ve privado de una caja de herramientas importante a la hora de avanzar en muchos aspectos de desregulación de la economía.

El empuje debiera estar dado por las reformas estructurales, que brinden un escenario de incremento de la productividad y sostenibilidad inter temporal, condición indispensable para que se reinicie un proceso virtuoso de inversión que, en definitiva, es lo único que asegura el crecimiento a mediano plazo y la consolidación de cualquier reforma.

Es cierto que el fracaso en la aprobación de la Ley Bases y la situación de incertidumbre acerca de la suerte final del DNU 70/23, han contribuido a generar este desacople entre el mundo de las decisiones financieras, a tiro de Decreto, con el mundo de las reformas estructurales.

De lo que no cabe duda es que, desde los máximos niveles de decisión gubernamental, es indispensable que se tiendan los puentes para lograr las mayorías parlamentarias que permitan avanzar con la aprobación de leyes claves tendientes a generar el marco de reformas a las que nos venimos refiriendo.

Bajar el nivel de conflictividad política sería un buen comienzo para atenuar la conflictividad social.