El gobierno de Javier Milei ha puesto la mira en dos empresas estatales de envergadura: Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP). Esta decisión, que podría resultar en el despido de más de 4000 empleados, forma parte de una estrategia más amplia de reestructuración del Estado.

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Puntos clave del plan gubernamental:

1. Objetivo principal: Eliminar la duplicación de funciones en el aparato estatal.
2. Empresas afectadas: Corredores Viales y Administración General de Puertos.
3. Dependencia: Ambas empresas están bajo la órbita del Ministerio de Economía.
4. Potencial impacto laboral: Más de 4000 empleos en riesgo.

Según fuentes del gabinete, la justificación para estas medidas radica en que "son empresas que multiplican funciones y atribuciones de otras secretarías". Un funcionario de alto rango declaró a TN: "Corredores Viales y la Administración General de Puertos no tienen razón de ser. Son diagonales que se hicieron para duplicar funciones. Ya hay áreas del Estado que se encargan de sus tareas."

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Desglose de las empresas en la mira:

1. Administración General de Puertos (AGP):
   - Tipo: Sociedad del Estado
   - Empleados: 581 trabajadores de planta permanente
   - Funciones: Regulación del puerto de Buenos Aires y Sistema de Navegación Troncal
   - Titular: Gastón Alejo Benvenuto
   - Crítica del gobierno: Duplica atribuciones de la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

2. Corredores Viales:
   - Tipo: Sociedad Anónima
   - Empleados: 3565
   - Funciones: Manejo de principales rutas y autopistas del país (10 tramos, casi 6000 kilómetros)
   - Presidente: José Luis Acevedo
   - Crítica del gobierno: Funciones similares a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

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Este plan se enmarca en una serie de medidas de reestructuración más amplias:

- Disolución previamente anunciada del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA).
- Cierre reciente de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), con 1388 despidos.
- Disolución del Instituto Argentino del Transporte (IAT).
- Planes para disolver la ex Ciccone Calcográfica y reestructurar la Casa de Moneda.
- Eliminación previa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El arquitecto detrás de estas reformas es Diego Chaher, a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien trabaja en estrecha colaboración con José Rolandi, vicejefe de gabinete, y María Ibarzabal, secretaria de Planeamiento Estratégico.

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Marco legal y salvaguardas:

La reciente sanción de la Ley Bases otorga a Milei facultades extraordinarias para:
- Eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de entes estatales.
- Ceder organismos a las provincias que los soliciten.

Sin embargo, ciertas instituciones quedan fuera del alcance de esta intervención, incluyendo dependencias del Poder Legislativo y Judicial, universidades, CONICET, ANMAT, INCAA, entre otras.

Protección laboral:

El artículo 52 de la Ley Bases establece un marco de protección para los empleados afectados:
- Un año de goce de sueldo mientras esperan reubicación.
- Capacitación para nuevas tareas o servicios tercerizados del Estado.

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Reacciones y perspectivas:

La noticia ha generado preocupación entre los sindicatos y trabajadores del sector público. Críticos argumentan que estas medidas podrían debilitar la capacidad del Estado para gestionar infraestructuras críticas y servicios esenciales.

Por otro lado, defensores de la reforma sostienen que es necesaria para modernizar y eficientizar el aparato estatal, reduciendo el gasto público y mejorando la competitividad del país.

El éxito o fracaso de estas medidas dependerá de varios factores:

1. La capacidad del gobierno para implementar las reformas sin disrupciones significativas en los servicios.
2. La efectividad de los planes de reubicación y capacitación para los trabajadores afectados.
3. La reacción de los sindicatos y la posibilidad de conflictos laborales.
4. El impacto real en la reducción del gasto público y la mejora de la eficiencia estatal.

A medida que se desarrollan estos planes, todos los ojos estarán puestos en cómo el gobierno de Milei navega las complejidades de esta ambiciosa reestructuración estatal. El resultado de estas medidas podría definir no solo el futuro de miles de trabajadores, sino también la dirección de la reforma del Estado argentino en los próximos años.