El escenario político argentino se calienta mientras el Gobierno de Javier Milei enfrenta crecientes desafíos en su intento de aprobar el Presupuesto 2025. La oposición, lejos de ser un bloque monolítico, presenta una serie de demandas y propuestas alternativas que ponen en jaque la estrategia oficialista.

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El debate presupuestario entra en una fase crucial esta semana, con la esperada comparecencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de la ANSES, Mariano de los Heros, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, se ha convertido en un punto de fricción significativo.

Diversos sectores de la oposición, incluyendo el bloque Unión por la Patria y figuras clave como Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal, insisten en la necesidad de que Caputo se presente ante el Congreso para explicar los detalles del proyecto presupuestario. Esta demanda no solo proviene de la oposición más dura, sino también de sectores dialoguistas cuyo apoyo es crucial para el oficialismo.

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La aritmética legislativa revela la complejidad del escenario: el oficialismo necesita sumar 129 votos para aprobar el presupuesto, una cifra que supera la alianza actual con el PRO, el MID y algunos radicales. Este déficit de votos obliga al Gobierno a negociar y considerar modificaciones sustanciales al proyecto original.

Esteban Paulón, diputado de Hacemos Coalición Federal, ha sido tajante al afirmar que "así como está, este presupuesto es invotable". Su bloque está preparando un proyecto alternativo que busca equilibrar el ajuste fiscal con la protección de sectores vulnerables, particularmente los jubilados.

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Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR) también propone cambios significativos. El partido cuestiona varios aspectos del proyecto, incluyendo modificaciones a la ley de Asignaciones Familiares, la fórmula de movilidad jubilatoria, y recortes en educación y conservación ambiental.

En paralelo al debate presupuestario, el Congreso se prepara para discutir una reforma a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta iniciativa, impulsada por diversos sectores de la oposición, busca modificar la normativa vigente desde 2006, limitando potencialmente el poder del Ejecutivo en la emisión de DNU.

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El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, ha calificado esta movida como una "jugada política" destinada a limitar al presidente Milei. Sin embargo, los promotores de la reforma argumentan que busca corregir omisiones y confusiones en la ley actual, especialmente a la luz del controversial DNU 70/23 emitido por Milei.

Este complejo panorama legislativo se desarrolla mientras el Gobierno intenta avanzar con otras iniciativas, como la "Ley Hojarasca" propuesta por el ministro Federico Sturzenegger, que busca eliminar numerosas normativas consideradas obsoletas.

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La capacidad del Gobierno de Milei para navegar estas turbulentas aguas parlamentarias será crucial para el éxito de su agenda económica. El desafío no solo radica en conseguir los votos necesarios, sino en hacerlo sin comprometer los principios fundamentales de su programa de gobierno.

Mientras tanto, la oposición parece haber encontrado un punto de convergencia en su crítica al proyecto presupuestario, aunque las alternativas propuestas varían significativamente entre los distintos bloques. Esta diversidad de posiciones podría ofrecer al oficialismo oportunidades de negociación, pero también complica el panorama al multiplicar los frentes de debate.

En las próximas semanas, la atención estará puesta no solo en el contenido del Presupuesto 2025, sino también en la habilidad política del Gobierno para construir consensos y en la respuesta de la oposición a las eventuales concesiones que se realicen. El resultado de este proceso no solo definirá la dirección económica del país para el próximo año, sino que también podría reconfigurar las alianzas políticas de cara al futuro.