El ejecutivo argentino, fortalecido tras el aval al veto presidencial, intensifica su agenda legislativa en múltiples frentes. La administración de Javier Milei se prepara para inaugurar una renovada "mesa política" con aliados parlamentarios, buscando asegurar apoyos cruciales antes de que los debates lleguen al Congreso.

En el centro de atención se encuentra la llamada "Ley Hojarasca", una iniciativa ambiciosa impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Este proyecto busca eliminar o reformar decenas de normativas vigentes, algunas de las cuales datan de diversas épocas y gobiernos. Sturzenegger ha comenzado a revelar detalles sobre las leyes que se pretenden derogar, abarcando desde prohibiciones sobre derechos humanos hasta regulaciones sobre reuniones privadas y confinamiento de enfermos.

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Paralelamente, continúa el debate sobre el Presupuesto 2025 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Para la próxima sesión, se espera la participación de figuras clave como Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Mariano de los Heros, director ejecutivo de la ANSeS.

El gobierno mantiene una postura flexible respecto al Presupuesto, indicando que no les preocupa un posible rechazo, ya que esto les permitiría prorrogar la ley anterior. Sin embargo, reconocen que las negociaciones podrían extenderse varias semanas más, especialmente considerando posibles modificaciones en el financiamiento universitario tras el reciente veto presidencial.

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La estrategia del ejecutivo incluye la apertura de una nueva "mesa política" con bloques aliados, respondiendo a las demandas de sectores dialoguistas de incluir figuras con mayor poder de decisión en las conversaciones. Se espera que en estas reuniones participen no solo Sturzenegger y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, sino posiblemente también Karina Milei y Santiago Caputo, asesores clave del gobierno.

Este movimiento refleja la determinación del gobierno de Milei de avanzar con su agenda de reformas, buscando consolidar alianzas y superar los obstáculos legislativos. La "Ley Hojarasca" se perfila como un nuevo campo de batalla político, donde el ejecutivo intentará demostrar su capacidad para modernizar el marco legal argentino.

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El éxito de estas iniciativas dependerá en gran medida de la habilidad del gobierno para negociar y construir consensos en un panorama político fragmentado. La atención ahora se centra en cómo se desarrollarán estas nuevas dinámicas de diálogo y en qué medida el oficialismo logrará materializar sus ambiciosas propuestas legislativas.