El proyecto de Presupuesto Nacional 2025 ingresa en una fase crucial de negociaciones, marcada por tensiones entre el gobierno nacional y las provincias, mientras La Libertad Avanza busca construir consensos en un Congreso fragmentado. El debate legislativo se desarrolla en medio de reclamos provinciales por fondos coparticipables y disputas sobre el financiamiento de áreas críticas como educación y obra pública.

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La Cámara de Diputados se prepara para una nueva ronda de reuniones informativas, aunque sin fecha definida, donde se anticipan entre tres y cuatro dictámenes diferentes. El oficialismo, liderado por José Luis Espert desde la comisión de Presupuesto y Hacienda, trabaja junto a Martín Menem y funcionarios clave del Ejecutivo para asegurar el respaldo necesario a su propuesta.

Encuentro Federal, bajo el liderazgo de Miguel Pichetto, elabora su propio dictamen enfocado en incrementar partidas para jubilaciones y educación universitaria, especialmente cuestionando la suspensión de la inversión del 6% del PBI en educación. Mientras tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda preparan dictámenes de rechazo.

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El senador Bartolomé Abdala destaca que el proyecto de 75 artículos prioriza el equilibrio fiscal, estableciendo controles sobre gastos excedentes. Los funcionarios de Economía mantienen diálogos con bloques clave como la UCR y Provincias Unidas, buscando construir puentes con los gobernadores de diversas jurisdicciones.

Un punto central de controversia es la gestión de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La oposición señala que las transferencias a provincias por este concepto son prácticamente nulas, mientras el debate se extiende a las asignaciones específicas del impuesto a combustibles y el financiamiento del nuevo ente recaudador ARCA, que reemplazó a la AFIP.

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Los gobernadores cuestionan especialmente la retención del 1.9% de la recaudación para gastos operativos del organismo recaudador. Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, lidera un reclamo respaldado por senadores provinciales que buscan la devolución de estos fondos a las jurisdicciones, considerando que solo en 2023 representaron 643 mil millones de pesos.

La transformación de la AFIP en ARCA genera nuevos debates sobre la distribución de recursos. Los mandatarios provinciales argumentan que la reducción de estructura y costos del organismo debería traducirse en mayores fondos coparticipables, especialmente considerando que la recaudación tributaria de octubre aumentó un 186.2% interanual.

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El gobierno nacional mantiene reuniones con gobernadores, incluyendo encuentros con mandatarios del PRO y ex Juntos por el Cambio, buscando acuerdos sobre obras públicas y financiamiento provincial. La jefatura de Gabinete, encabezada por Guillermo Francos, coordina estos esfuerzos junto al equipo económico.

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La discusión presupuestaria refleja tensiones más profundas sobre el modelo de federalismo fiscal argentino. Mientras el gobierno nacional prioriza el equilibrio fiscal, las provincias reclaman mayores recursos para atender necesidades locales, especialmente en infraestructura y servicios básicos como transporte y educación.

Este debate determinará no solo la distribución de recursos para 2025, sino también el futuro de las relaciones fiscales entre Nación y provincias, en un contexto de transformación administrativa y búsqueda de eficiencia en la gestión pública.