La administración libertaria modificó su estrategia legislativa y confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias para diciembre, en un movimiento que busca asegurar la aprobación del Presupuesto 2025. Esta decisión marca un cambio significativo respecto a las declaraciones previas del gabinete nacional y refleja intensas negociaciones con las provincias.

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El cambio de rumbo se materializó en las últimas 48 horas, cuando el Ejecutivo utilizó el proyecto presupuestario como herramienta de negociación con los gobernadores. La estrategia presentada fue directa: la participación de los legisladores provinciales en la sesión determinaría el destino de los fondos. La ausencia implicaría avanzar con el nuevo presupuesto, mientras que una reconducción del presupuesto 2023 quedó planteada como consecuencia de la falta de apoyo.

Fuentes legislativas de primera línea confirmaron a esta redacción la decisión de convocar a extraordinarias, limitadas exclusivamente a diciembre. Esta información se vio respaldada por una comunicación interna de la Dirección General de Recursos Humanos de Diputados, que instruye al personal sobre la obligatoriedad de programar vacaciones para enero 2025.

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La Comisión de Presupuesto y Hacienda, tras tres semanas de inactividad, retomará el debate mañana a las 10. El oficialismo contempla dos escenarios: lograr un dictamen inmediato para llevar el proyecto al recinto la próxima semana, o continuar la discusión el martes para buscar la aprobación el miércoles o jueves siguiente.

Los plazos ajustados generan inquietud entre los legisladores. Un senador opositor consultado señaló que el cronograma propuesto deja al Senado con una única sesión de comisión y la necesidad de tratar el proyecto en el recinto durante la última semana de noviembre, describiendo los tiempos como "muy finitos".

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Respecto a la flexibilidad en la negociación, legisladores oficialistas aseguran que existe apertura para modificaciones, manteniendo como única línea infranqueable el déficit cero. Sin embargo, cuando se consulta sobre reasignaciones específicas, como servicios de deuda u organismos de inteligencia para financiar obra pública, las respuestas son evasivas.

Las conversaciones con las provincias revelaron un panorama complejo. Un gobernador, manteniendo reserva de su identidad, indicó que no se realizaron promesas adicionales más allá de la continuidad de obras en ejecución. Esta afirmación genera escepticismo entre los legisladores, quienes señalan incumplimientos previos del Ejecutivo en compromisos anteriores.

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Un aspecto central de las negociaciones se centra en las autorizaciones para que las provincias puedan gestionar obra pública de manera autónoma. El punto clave radica en la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional permita a los distritos acceder a financiamiento mediante endeudamiento para desarrollar proyectos de infraestructura.

El debate presupuestario se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre el gobierno central y las administraciones provinciales. La necesidad de aprobar el presupuesto antes del fin del período ordinario ha generado un complejo proceso de negociación donde se entrelazan intereses nacionales y provinciales.

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La convocatoria a extraordinarias representa un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, evidenciando la importancia estratégica que el gobierno otorga a la aprobación del presupuesto. El resultado de este proceso legislativo podría establecer nuevos parámetros en la dinámica federal argentina para el próximo año fiscal.