El Gobierno nacional formalizó hoy un cambio radical en su política habitacional al anunciar simultáneamente la disolución del programa Procrear y la implementación de un nuevo sistema de hipotecas divisibles. La medida, oficializada mediante el Decreto 1018/2024, marca el fin de una era en la política de vivienda estatal iniciada en 2012 y señala un viraje hacia soluciones basadas en el mercado.

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La decisión gubernamental se sustenta en una evaluación crítica del desempeño del programa. Según el decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, el Procrear "se ha transformado en una carga significativa para las finanzas públicas" y ha mostrado deficiencias en supervisión y control, generando "gastos innecesarios para el tesoro público".

El decreto establece un proceso ordenado de transición. El Ministerio de Economía asumirá la responsabilidad de liquidar el Fondo Fiduciario Público, mientras que el Banco Hipotecario continuará gestionando los créditos existentes bajo las mismas condiciones establecidas en el contrato original de 2012. Esta disposición busca garantizar la continuidad de los compromisos ya asumidos con los beneficiarios actuales.

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En paralelo, el gobierno introdujo mediante el Decreto 1017/2024 el concepto de "hipotecas divisibles" para proyectos inmobiliarios en desarrollo. Esta innovación permitirá la división y adhesión de propiedades al régimen de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios o subdivisión de parcelas de dominio común, buscando dinamizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda través del sector privado.

La decisión gubernamental se fundamenta en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que identificó múltiples irregularidades en el programa Procrear, incluyendo demoras en la entrega de viviendas, sobrecostos en mantenimiento y seguridad, incumplimientos contractuales y quejas por condiciones inadecuadas de habitabilidad en las unidades entregadas.

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El gobierno argumenta que las recientes reformas del Banco Central, incluyendo la eliminación de pasivos remunerados y los avances en la reducción de la inflación, crearán condiciones propicias para que los bancos comerciales aumenten la concesión de créditos hipotecarios. Esta visión refleja la convicción oficial de que la financiación para la construcción de viviendas es una función propia del sector bancario, tanto privado como público.

La transformación de la política habitacional se enmarca en una revisión más amplia de los fondos fiduciarios estatales. El Ministerio de Economía, designado como fiduciante en representación del Estado Nacional, conducirá junto con la SIGEN una auditoría integral de todos los fondos fiduciarios que contengan bienes o fondos estatales.

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El gobierno sostiene que esta reformulación de la política habitacional, alejándose del modelo de intervención directa estatal hacia uno basado en el mercado, resultará más eficiente y transparente. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de la capacidad del sector privado para ofrecer soluciones de financiamiento accesibles en un contexto de alta inflación y recuperación económica incipiente.

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Esta transformación en la política de vivienda marca un punto de inflexión en el rol del Estado en el sector inmobiliario argentino, apostando por mecanismos de mercado y la participación del sector financiero privado como principales motores para facilitar el acceso a la vivienda.