El Gobierno y las provincias profundizan su enfrentamiento por el Presupuesto 2025, en una disputa que podría dejar al país sin una ley fundamental para su gestión económica. Mientras la Casa Rosada se mantiene inflexible con su política de déficit cero, los gobernadores reclaman el pago de deudas históricas y una mayor participación en los recursos federales.

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"Un país serio no puede no tener un Presupuesto", advirtió el gobernador pampeano Sergio Zioliotto, en una frase que resume la preocupación de los mandatarios provinciales. Sin embargo, el diálogo parece estancado: un reciente pedido de reunión presencial por parte de los gobernadores de la oposición ni siquiera recibió respuesta del Ejecutivo Nacional.

El nudo del conflicto radica en demandas concretas de las provincias:
- Coparticipación de excedentes del Tesoro Nacional
- Pago de deudas por cajas previsionales no transferidas
- Compensación del Pacto Fiscal 2017
- Distribución equitativa de recursos tributarios

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Los gobernadores argumentan que sus reclamos representan apenas el 0,2% del PIB y menos del 2% del presupuesto total previsto, cifras que, según ellos, no comprometerían el equilibrio fiscal. "Solo estamos pidiendo que cumplan la ley y los pactos preexistentes", señalan fuentes cercanas a las negociaciones, recordando que varios de estos reclamos cuentan con respaldo judicial.

La respuesta del Gobierno es tajante: "Si es solo un dos por ciento, que nos digan de dónde lo sacamos", desafían desde Balcarce 50, insistiendo en que cualquier modificación debe mantener el déficit cero. Esta postura genera especial malestar en las provincias del interior, que observan cómo la Ciudad de Buenos Aires ya recibe pagos por deudas de coparticipación mientras sus reclamos siguen pendientes.

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El oficialismo sugiere que podría prorrogar por decreto el Presupuesto 2023, minimizando el impacto de no contar con una nueva ley. Sin embargo, la oposición advierte que esta decisión enviaría "un pésimo mensaje a los mercados" y podría complicar las negociaciones con inversores internacionales y organismos de crédito, poniendo en riesgo la estrategia de salida del cepo cambiario.

La situación genera particular inquietud entre los dirigentes del PRO, que consideran que la aparente indiferencia del Gobierno ante la falta de Presupuesto contradice sus propios objetivos económicos. Sin un acuerdo a la vista y sin garantías de aprobación, crece la probabilidad de que el proyecto ni siquiera llegue a tratarse en sesiones extraordinarias.

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Esta pulseada entre Nación y provincias trasciende lo meramente presupuestario para convertirse en un test crucial sobre la capacidad del Gobierno de construir consensos políticos sin comprometer sus objetivos económicos. El desenlace de esta disputa podría definir no solo la gestión fiscal del próximo año sino también el futuro del programa económico en su conjunto.