Una semana decisiva se avecina en el Congreso argentino, donde la oposición prepara una ofensiva legislativa múltiple que pone en jaque las prioridades del gobierno. Con el telón de fondo de un Presupuesto 2025 paralizado por demandas provinciales que suman USD 3.700 millones, el Parlamento se convierte en escenario de batallas simultáneas que podrían redefinir el panorama político nacional.

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Las próximas 72 horas serán cruciales mientras cuatro sesiones especiales amenazan con alterar la agenda oficial. El primer round promete ser explosivo: la reforma sindical impulsada por Martín Tetaz busca limitar las reelecciones indefinidas de los líderes gremiales, estableciendo un máximo de dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno. La propuesta incluye garantías para la democracia interna y representación de minorías que alcancen el 25% de los afiliados.

En paralelo, una coalición inusual entre Unión por la Patria, el bloque de Pichetto y sectores críticos apunta a derogar el polémico DNU 846/2024, cuestionando la legitimidad de los canjes de deuda realizados por el ministro Caputo sin aval legislativo. Esta movida representa un desafío directo a la autonomía del Ejecutivo en materia financiera.

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La mesa de coordinación parlamentaria que alguna vez reunió al oficialismo con el PRO y el MID ya es historia antigua. El distanciamiento entre La Libertad Avanza y sus potenciales aliados se profundiza mientras el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, mantiene congelado el debate presupuestario bajo la consigna "déficit cero o nada".

Los gobernadores, principales damnificados por esta parálisis, encuentran puertas cerradas en sus intentos de negociación. Sus reclamos, que incluyen fondos ATN y deudas previsionales, chocan contra una muralla oficial que prioriza el equilibrio fiscal por sobre las demandas provinciales.

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La agenda legislativa se completa con dos iniciativas adicionales que podrían sumar presión: la regulación de apuestas online, impulsada por Mónica Frade, y un nuevo intento de aprobar la ley de Ficha Limpia, que la semana pasada quedó a un voto del quórum necesario.

El desafío aritmético es considerable: cada sesión requiere 129 diputados presentes, una meta que parece esquiva en un contexto de fragmentación política. Algunos proyectos, como Ficha Limpia, necesitan además esa misma cantidad de votos positivos para su aprobación.

La ausencia de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo complica el panorama. Los bloques dialoguistas confirman que "el presupuesto no está en el radar", mientras la Casa Rosada mantiene su postura inflexible frente a las demandas provinciales.

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Esta semana definirá si la oposición logra imponer su agenda o si el oficialismo consigue mantener el control sobre los tiempos parlamentarios. Con el periodo ordinario de sesiones llegando a su fin el 30 de noviembre, cada hora cuenta en esta carrera contra el reloj que mantiene en vilo a la política nacional.

El resultado de estas batallas parlamentarias no solo impactará en la gobernabilidad inmediata sino que podría reconfigurar las alianzas políticas de cara a un 2025 que ya se perfila como un año de alta tensión institucional.