Los acreedores del juicio por la expropiación de YPF recrudecieron su estrategia legal contra Argentina. Los fondos Eton Park y Petersen, financiados por Burford Capital, presentaron una carta ante el tribunal neoyorquino quejándose por demoras en la entrega de comunicaciones. Reclaman acceso a mensajes, chats y correos electrónicos de funcionarios actuales y de gestiones anteriores.

La condena original asciende a 16.000 millones de dólares pero Argentina apeló el fallo y aún no realizó ningún pago. Ante la imposibilidad de cobrar, los demandantes recurren a maniobras procesales para presionar al país. Su objetivo inmediato es forzar al Gobierno a sentarse en una mesa de negociación para acordar términos de cancelación.

Alter ego: la teoría que busca embargar bienes de organismos estatales
Los acreedores intentan demostrar que entidades como Banco Central, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas funcionan como extensiones del Estado. Si la jueza Loretta Preska aceptara esta tesis, podrían solicitar embargos sobre activos de esos organismos. Esta estrategia ampliaría significativamente el universo de bienes susceptibles de ejecución judicial.

Para sustentar su argumento necesitan evidencia documental sobre la relación entre estas instituciones y el Gobierno nacional. Por eso exigen acceso a comunicaciones internas de funcionarios con responsabilidades en el manejo de esas entidades. Los chats y correos electrónicos podrían revelar instrucciones directas o mecanismos de control gubernamental.

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Funcionarios que se negaron a entregar sus dispositivos móviles
El ministro de Economía Luis Caputo rechazó proporcionar sus comunicaciones privadas al tribunal estadounidense. El actual canciller Pablo Quirno adoptó la misma posición negativa frente al requerimiento judicial. Ambos funcionarios argumentan que sus teléfonos contienen información personal no vinculada al caso.

Otras cuatro personas también declinaron colaborar con la solicitud de los demandantes según documentos judiciales. Adicionalmente, varios exfuncionarios directamente no respondieron al pedido formulado por la defensa argentina. Esta falta de cooperación generó las quejas presentadas ante la magistrada Preska esta semana.

Exfuncionarios kirchneristas que no contestaron el requerimiento
Sergio Massa encabeza la lista de exministros que ignoraron la solicitud de entregar sus dispositivos electrónicos. El excandidato presidencial no brindó ninguna respuesta sobre su disposición a colaborar con el proceso. Su silencio dificulta la posición argentina ante el tribunal neoyorquino.

Juan Manzur, Eduardo De Pedro y Agustín Rossi tampoco contestaron si aportarán sus comunicaciones oficiales. Federico Bernal, Flavia Royón, Raúl Rigo, Matías Tombolini y Guillermo Michel completan el grupo de funcionarios albertistas sin respuesta. La Procuración del Tesoro aguarda definiciones de estos exfuncionarios para informar al juzgado estadounidense.

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Funcionarios actuales con respuesta pendiente
El viceministro de Economía José Luis Daza todavía no confirmó si entregará sus comunicaciones digitales. El Tesorero General Jorge Horacio Domper se encuentra en la misma situación de indefinición. Luis Francisco De Ridder, exsubsecretario de Hidrocarburos, tampoco brindó una respuesta definitiva.

Nicolás Posse, exjefe de Gabinete de la gestión Milei, figura entre quienes no contestaron el pedido oficial. La defensa argentina necesita respuestas concretas para cumplir con los plazos establecidos por la jueza Preska. Cada demora alimenta las acusaciones de maniobras dilatorias formuladas por los acreedores.

Quiénes aceptaron cooperar con el tribunal estadounidense
Carlos Guberman, secretario de Hacienda, confirmó su disposición a entregar los dispositivos solicitados por la Justicia norteamericana. María Tettamanti, secretaria de Energía, adoptó una postura colaborativa similar ante el requerimiento judicial. Luis Pierrini, secretario de Transporte, también aceptó proporcionar sus comunicaciones oficiales.

Guillermo Francos, exjefe de Gabinete, figura entre los funcionarios que accedieron a cooperar con el proceso. Estas respuestas positivas permiten avances parciales en el cumplimiento de las órdenes judiciales. Sin embargo, resultan insuficientes para satisfacer completamente las demandas de los acreedores.

Plazos fijados por la jueza Preska: fechas clave
Los demandantes solicitaron que Argentina complete la producción de documentos para once funcionarios antes del 16 de diciembre. Para los catorce restantes, pidieron establecer el 23 de diciembre como fecha límite. Estas exigencias buscaban acelerar un proceso que consideran deliberadamente demorado.

La magistrada finalmente estableció el 10 de enero como plazo para verificar avances concretos en la entrega de información. Adicionalmente, programó una nueva audiencia para el 29 del mismo mes. Estas fechas definirán el próximo capítulo del prolongado litigio entre Argentina y los fondos acreedores.

Sanciones posibles: multas y desacato contra Argentina
Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, anticipó que los demandantes podrían solicitar sanciones contra el país próximamente. Las opciones incluyen multas monetarias que se acumularían hasta el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales. El desacato representaría la medida más severa disponible para el tribunal.

Una declaración de desacato multiplicaría las penalidades económicas impuestas a Argentina según explicó el especialista. Esta escalada complicaría significativamente la posición negociadora del Gobierno en eventuales tratativas. Los acreedores demuestran disposición a utilizar todas las herramientas procesales disponibles para cobrar su sentencia.

Argumento de la defensa argentina ante las exigencias
La Procuración del Tesoro sostiene que los dispositivos móviles pertenecen a los funcionarios en carácter personal. Por esta razón, el Estado no puede obligarlos a ceder sus teléfonos sin consentimiento voluntario. Este argumento busca justificar las demoras y negativas ante el tribunal neoyorquino.

Argentina realizó entregas parciales de información a medida que algunos involucrados aceptaron colaborar. La defensa asegura que cumple progresivamente con las órdenes judiciales dentro de las limitaciones existentes. Sin embargo, los acreedores rechazan estas explicaciones y las califican como excusas dilatorias.

Perspectivas: la apelación que podría cambiar el escenario
Argentina aguarda la resolución de su recurso ante la Corte de Apelaciones sobre la causa principal de expropiación. Un fallo favorable podría revertir o reducir significativamente la condena de 16.000 millones de dólares. Esta posibilidad mantiene al Gobierno en una estrategia de resistencia judicial prolongada.

Mientras tanto, los fondos acreedores continúan presionando mediante acciones colaterales como el pedido de comunicaciones. El resultado de la apelación definirá si Argentina debe finalmente negociar un acuerdo de pago. Las próximas semanas serán determinantes para el futuro del litigio más costoso que enfrenta el país en tribunales extranjeros.