La administración del presidente Javier Milei está ultimando una audaz iniciativa económica que podría transformar radicalmente el sistema financiero argentino, al permitir el uso libre de los dólares no declarados que millones de ciudadanos mantienen fuera del circuito bancario oficial. Según fuentes cercanas al Ministerio de Economía, el titular de la cartera, Luis Caputo, anunciaría próximamente una medida que busca romper con décadas de fracasos en los intentos tradicionales de blanqueo de capitales.

La estrategia del equipo económico consiste en invertir la lógica habitual: en lugar de exigir que los ahorristas primero declaren sus fondos para luego utilizarlos, se les permitiría emplearlos directamente para cualquier fin sin necesidad de justificar su origen ni enfrentar sanciones del organismo recaudador. Esta "amnistía total" representaría un enfoque completamente novedoso para incorporar al circuito económico formal una parte significativa de los aproximadamente 200.000 millones de dólares que se estiman atesorados por los argentinos en cajas de seguridad, escondites diversos y hasta en los tradicionales "colchones".

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La iniciativa se enmarca en lo que el gobierno ha denominado "dolarización endógena", aunque el propio Milei reconoció recientemente que los ciudadanos no están utilizando sus dólares para transacciones cotidianas: "Les planteamos una dolarización endógena y las personas no lo hicieron; siguen usando pesos", admitió el mandatario. Ante esta realidad, el Ejecutivo parece dispuesto a elevar la apuesta con medidas más agresivas.

En consonancia con esta orientación, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, declaró hace poco en Washington que la administración actual decidió "dejar de luchar contra la economía bimonetaria", interpretando la realidad monetaria argentina como una oportunidad más que como un problema estructural.

La propuesta generaría rechazo entre quienes participaron del reciente blanqueo de capitales, en el cual se declararon activos por más de 20.000 millones de dólares entre agosto y octubre de 2024. Expertos en derecho tributario advierten que la medida podría incluso desencadenar acciones judiciales por parte de quienes cumplieron con los requisitos formales del blanqueo oficial.

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Esta posible amnistía coincide con declaraciones de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien semanas atrás comentó: "No sé si es cierto, pero me han informado que existen más de 200.000 millones de dólares bajo el colchón y en otros sitios desconocidos. Si esos recursos se invirtieran en Argentina, imaginen el potencial de desarrollo del país".

Entre las alternativas que analiza el gobierno para facilitar el uso de estos recursos se mencionan la simplificación de pagos en moneda extranjera mediante sistemas QR, la reducción impositiva para transacciones en dólares, la posibilidad de abonar tributos con divisa estadounidense y la liberación de restricciones temporales para fondos ya blanqueados pero aún inmovilizados.

Otra opción evaluada sería permitir que el sector agroindustrial liquide divisas directamente en el mercado privado sin intermediación del Banco Central, lo que modificaría sustancialmente el esquema cambiario vigente.

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Si bien actualmente es posible realizar pagos en dólares con tarjeta de débito, pocos comercios han implementado esta modalidad. Empresas de medios de pago como Payway han lanzado campañas informativas para que los comerciantes conozcan esta alternativa, que solo requiere registrar la cuenta en moneda extranjera del establecimiento. Por ahora, principalmente agencias de turismo ofrecen esta posibilidad.

Federico Domínguez, especialista en finanzas, considera que una medida efectiva para movilizar los dólares atesorados podría ser habilitar el pago de impuestos en moneda extranjera: "Representaría una señal contundente respecto a la competencia de monedas, y también una manera para que el Tesoro adquiera dólares para cancelar deuda, sin especulaciones sobre el tipo de cambio aplicado".

Fuentes del organismo recaudador indicaron que esta opción no está siendo analizada actualmente, aunque la velocidad con que se desarrollan los acontecimientos económicos bajo la administración Milei sugiere que ninguna alternativa puede descartarse definitivamente.

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Alfredo Romano, director de Romano Group, señaló que otra posibilidad sería ofrecer incentivos fiscales para el pago de impuestos en dólares por parte de personas físicas, aunque aclaró que esta medida requeriría un decreto presidencial, ya que la legislación vigente no contempla la divisa estadounidense como medio de pago oficial para obligaciones tributarias.

Esta estrategia permitiría al Tesoro acumular reservas en el Banco Central sin necesidad de comprar divisas en el mercado, evitando así la inyección de pesos en la economía. Como contrapartida, podría reducir la oferta de dólares en el mercado único de cambios.

Otra iniciativa evaluada sería la eliminación del impuesto al débito y crédito para cuentas corrientes en moneda extranjera, incentivando su uso por parte del sector empresarial. También se analiza posibilitar la liquidación primaria de granos en dólares, facilitando la operatoria del sector agropecuario al evitar descalces cambiarios con insumos importados.

Algunos economistas especulan con la posibilidad de ampliar el crédito en dólares, incluso para personas y empresas que no generan divisas, aunque advierten sobre los riesgos de solvencia para el sistema financiero, recordando que los préstamos en moneda extranjera sin adecuados controles contribuyeron al colapso del régimen de convertibilidad.

La estrategia gubernamental se desarrolla en un contexto de estabilidad cambiaria, con cotizaciones de las distintas variantes del dólar muy cercanas al piso de la banda establecida entre 1.000 y 1.400 pesos. A fines de abril, el dólar MEP se ubicaba en 1.173 pesos, por debajo del oficial (1.180), mientras el contado con liquidación cotizaba a 1.189 y el paralelo a 1.205 pesos.

Esta calma en el mercado cambiario se explica en gran medida por el ingreso de aproximadamente 13.500 millones de dólares provenientes de créditos del FMI y el Banco Mundial, destinados a cancelar deuda en pesos del Banco Central. Las reservas brutas del organismo monetario alcanzaron cerca de 40.000 millones de dólares, y las netas pasaron a territorio positivo, en torno a los 3.000 millones.

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El gobierno muestra confianza en que los fondos del organismo multilateral, sumados al reciente respaldo del secretario del Tesoro estadounidense -quien sugirió la posibilidad de ofrecer una línea crediticia ante potenciales crisis externas-, contribuirán a mantener la tranquilidad cambiaria, factor clave en el contexto de las elecciones legislativas previstas para octubre.

Sin embargo, analistas advierten que el esquema de tipo de cambio apreciado con respaldo internacional y un sistema de bandas cuyo piso disminuirá aproximadamente 1% mensual, plantea un escenario desafiante para el sector exportador, particularmente el agropecuario, que podría mostrar resistencia a liquidar divisas, dificultando el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI para la acumulación de reservas.

El mensaje del gobierno es claro: busca modificar radicalmente los patrones de consumo y eliminar el temor a ser perseguido por utilizar dólares de origen no declarado. La pregunta que surge es cómo reaccionarán los organismos internacionales dedicados a combatir el lavado de activos ante una iniciativa de estas características.