La máxima instancia judicial argentina atraviesa jornadas determinantes para resolver uno de los expedientes más trascendentales del panorama político nacional. El tribunal debe pronunciarse sobre la ratificación de la sentencia que impuso 6 años de cárcel e inhabilitación vitalicia a Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en contratos de obra pública durante su gestión presidencial.

La decisión judicial podría reconfigurar completamente el mapa electoral del país. El próximo encuentro plenario de los magistrados está programado para el martes 10 de junio, fecha que marca un hito en el calendario político argentino.

Fuentes cercanas al máximo tribunal sugieren que la tendencia apunta hacia la confirmación del fallo emitido por la Cámara Federal de Casación Penal en 2024, instancia que previamente había respaldado las sanciones dictadas por el Tribunal Oral Federal 2 en 2022. La estrategia procesal contemplaría la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, mecanismo que faculta el rechazo de recursos extraordinarios sin necesidad de reabrir el análisis del caso.

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Las mismas fuentes indican que se evalúa emitir una resolución fundamentada en dicho artículo, manteniendo firme la sentencia cuestionada, pero incorporando votos individuales justificados dada la relevancia institucional del asunto.

Respecto a las posiciones de cada magistrado, se anticipa un voto con argumentación propia de Horacio Rosatti, mientras que Ricardo Lorenzetti también desarrollaría fundamentos independientes. Carlos Rosenkrantz, el tercer juez en funciones, podría alinearse con los argumentos de Rosatti o elaborar una posición separada manteniendo la misma orientación.

Inicialmente circularon versiones sobre una posible revisión de la condena por parte de Rosenkrantz, coincidiendo con la perspectiva del Procurador Eduardo Casal, pero esa alternativa habría sido descartada en las deliberaciones recientes.

El mecanismo de rechazo directo de recursos defensivos ya fue implementado en casos anteriores de alta resonancia política, incluyendo las condenas contra Milagro Sala y el ex vicepresidente Amado Boudou.

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Una resolución confirmatoria generaría consecuencias inmediatas que trascienden el ámbito penal. La ratificación de la sentencia implicaría la inhabilitación automática de la ex mandataria para competir en cualquier cargo público, además de activar la posibilidad de detención, presumiblemente bajo modalidad domiciliaria.

Si la condena queda firme, el expediente retornará al Tribunal Oral Federal 2, instancia que deberá determinar no solo las condiciones de cumplimiento de la sanción para la ex presidenta, sino también resolver la situación de los otros 8 condenados en la causa, entre ellos Lázaro Báez y José López.

La defensa de Kirchner presentó recientemente una recusación contra el juez Lorenzetti, alegando que había expresado opiniones públicas sobre el caso. El planteo fue rechazado esta semana por la Corte, calificándolo como "manifiestamente inadmisible". Los argumentos del rechazo señalaron la presentación extemporánea de la recusación y que los hechos invocados eran de conocimiento público desde tiempo atrás.

Con el dictamen del Procurador General Eduardo Casal ya recibido, la Corte cuenta con todos los elementos necesarios para resolver los recursos interpuestos. Las opciones procesales disponibles incluyen: rechazar las quejas por aspectos formales o falta de fundamentación adecuada, confirmando inmediatamente las condenas; solicitar la causa principal y derivar las quejas a la Procuración General para dictamen posterior; admitir la queja y confirmar la sentencia apelada; admitir el recurso y revocar la sentencia ordenando una nueva; o admitir la queja y aplicar el artículo 16 de la ley 48, pudiendo absolver a Cristina o modificar la calificación según solicitó el Procurador.

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La investigación que dio origen a este proceso judicial se centró en el direccionamiento de numerosos contratos de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, favoreciendo sistemáticamente al empresario Lázaro Báez. La Justicia determinó que Kirchner fue responsable de una maniobra coordinada para beneficiar al empresario vinculado al círculo kirchnerista.

El caso Vialidad llegó a la Corte con dos condenas confirmadas. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 sancionó a Cristina Kirchner con 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este fallo en 2024, aunque rechazó agravar la pena a 12 años incluyendo asociación ilícita, como habían solicitado los fiscales Diego Luciani, Sergio Mola y Mario Villar, respaldados por el Procurador Casal.

La composición actual de la Corte Suprema presenta una particularidad crucial para este caso. Con solo 3 jueces en funciones tras el retiro de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, cualquier resolución requiere unanimidad absoluta. Una eventual disidencia obligaría a convocar conjueces, como ocurrió en la causa conocida como "la ruta del dinero K".

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Los tiempos políticos añaden presión adicional a esta decisión de enorme trascendencia institucional. Cristina confirmó días atrás su candidatura como diputada provincial por la Tercera Sección Electoral bonaerense, en una maniobra estratégica ejecutada antes del cierre de listas previsto para el 19 de julio. Si logra oficializar su candidatura antes del pronunciamiento de la Corte, obtendría fueros provinciales que impedirían su arresto inmediato y neutralizarían la aplicación efectiva de la inhabilitación.

El calendario electoral resulta determinante en esta ecuación. Mientras la presentación de candidaturas nacionales vence el 17 de agosto, los comicios provinciales donde competirá Kirchner cierran casi un mes antes. Esta diferencia temporal reduce progresivamente el margen para que una eventual decisión confirmatoria de la Corte tenga cumplimiento efectivo.

Aunque la condena aún no alcanzó firmeza definitiva, la inminente decisión del tribunal genera tensiones dentro del oficialismo y el entorno presidencial. El gobierno de Javier Milei observa atentamente el desarrollo del expediente, considerando algunos sectores que la polarización con el kirchnerismo podría resultar funcional: mantener a Cristina en actividad política permite agitar la confrontación con una figura que divide la opinión pública.

La Corte Suprema enfrenta un momento institucional delicado donde cualquier resolución generará consecuencias políticas, jurídicas e institucionales de largo alcance. En el epicentro de esta tormenta se encuentra Cristina Kirchner, navegando simultáneamente entre la campaña electoral y la expectativa de una definición judicial que podría alterar definitivamente su futuro político.