La estrategia del ministro de Economía Luis Caputo para contener la inflación mediante presión informal sobre grandes empresas atraviesa su momento más complejo desde el inicio de la gestión libertaria. El reciente incremento del tipo de cambio, que alcanzó niveles cercanos al techo de la banda de flotación, limita significativamente el poder de negociación gubernamental para revertir los ajustes tarifarios preventivos que implementaron las compañías.

La metodología aplicada por el funcionario, caracterizada por reuniones directas con ejecutivos de cadenas supermercadistas y fabricantes de productos masivos, había demostrado efectividad en dos oportunidades anteriores. Sin embargo, las condiciones actuales del mercado cambiario presentan un escenario sustancialmente diferente que reduce las posibilidades de éxito de esta táctica no convencional.

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El primer antecedente exitoso de esta práctica se registró durante los primeros meses de gobierno, cuando la divisa estadounidense se estabilizó en torno a los 1000 pesos y la inflación comenzó su descenso. En aquella ocasión, Caputo logró convencer a diversos sectores empresariales de que sus incrementos tarifarios no respondían a aumentos reales en la estructura de costos, sino a proyecciones pesimistas elaboradas por consultoras económicas.

La argumentación oficial sostenía que los empresarios habían actuado preventivamente ante pronósticos catastrofistas sobre una posible disparada cambiaria que finalmente no se materializó. Esta circunstancia permitió al ministro obtener rebajas nominales en las listas de precios, complementadas en algunos casos por medidas coercitivas como la implementación de decretos para retrotraer aumentos en sectores específicos como las prepagas médicas.

El segundo episodio de intervención gubernamental ocurrió en abril pasado, tras el levantamiento del cepo cambiario. Las empresas habían implementado nuevamente aumentos preventivos bajo la expectativa de que el dólar oficial saltaría hacia el límite superior de la banda, entonces establecido en 1400 pesos. La confluencia posterior de las cotizaciones oficial y paralelas en niveles intermedios inferiores a 1200 pesos proporcionó al ministro los argumentos necesarios para exigir reversiones tarifarias.

Esta segunda victoria de Caputo se reflejó en la evolución del Índice de Precios al Consumidor, que descendió desde el 3,7% de marzo hasta el 2,8% en abril, alcanzando posteriormente su mínimo histórico del 1,5% en mayo. El éxito de estas gestiones se complementó con un estricto control sobre las negociaciones paritarias, limitando los aumentos salariales a niveles no superiores al 1,5% mensual.

La Confederación General del Trabajo respondió con un paro general en abril, denunciando la revisión sistemática de acuerdos salariales ya cerrados entre sindicatos y cámaras empresariales. No obstante, el gobierno mantuvo su posición, aceptando únicamente la inclusión de cláusulas de revisión vinculadas a eventuales incrementos inflacionarios.

El caso paradigmático de los empleados públicos de la administración central ilustra la efectividad de esta estrategia, con ajustes que iniciaron en 1,3% en junio y concluyen en 1,1% para noviembre. Esta contención salarial formó parte integral del plan gubernamental para mantener la estabilidad de precios durante el período de consolidación económica.

Sin embargo, el actual intento de replicar esta metodología enfrenta obstáculos significativamente mayores. La imposibilidad de negar el incremento efectivo del tipo de cambio debilita considerablemente la posición negociadora del ministro. Los argumentos oficiales se han desplazado hacia la estabilización cambiaria en niveles actuales y el impacto positivo del superávit fiscal junto con el refuerzo de reservas mediante ingresos del Fondo Monetario Internacional.

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Los sectores industriales y comerciales muestran escasa receptividad ante estos nuevos argumentos. La Federación de la Industria Molinera ejemplifica esta resistencia, señalando que el trigo representa el 80% del costo de la harina, haciendo inevitable el traslado a precios tras un incremento cambiario del 17%. Esta situación se replica en múltiples rubros donde los insumos principales se vinculan directamente con la cotización estadounidense.

La reducción de márgenes de rentabilidad por la contracción en las ventas agrega complejidad adicional al panorama. A diferencia de períodos anteriores, las empresas carecen de capacidad para absorber incrementos de costos sin compensación parcial mediante ajustes tarifarios. Esta limitación estructural reduce significativamente las posibilidades de negociación gubernamental.

Las comunicaciones preliminares de empresas de consumo masivo anticipan incrementos de hasta 9%, evidenciando la magnitud del desafío que enfrenta la administración económica. El agotamiento de herramientas previamente efectivas coloca a Caputo en una posición de menor fortaleza para influir sobre las decisiones empresariales.

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Las alternativas disponibles incluyen el diferimiento de aumentos en servicios y precios regulados para compensar la probable escalada en alimentos durante agosto. Esta estrategia busca mantener el equilibrio inflacionario general mediante una redistribución temporal de impactos sectoriales.

El mantenimiento de la inflación baja constituye un objetivo fundamental tanto económico como político para la administración. En términos económicos, compensa la volatilidad cambiaria y de tasas de interés, garantizando la continuidad de la actividad productiva y comercial. Políticamente, representa el principal activo que sostiene la imagen presidencial, con un 48,1% de apoyo según mediciones de la consultora Giacobbe.

La transformación en las preocupaciones ciudadanas refuerza esta importancia estratégica. Mientras hace 2 años el 55% de la población identificaba la inflación como su principal inquietud, actualmente menos del 15% menciona el aumento de precios como problemática prioritaria, según relevamientos de la Universidad de San Andrés.

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Paradójicamente, el bajo nivel salarial emergió como la preocupación dominante, mencionada por casi el 40% de los encuestados. Esta realidad impide al gobierno tolerar incrementos inflacionarios que erosionarían su principal logro político y generarían demandas salariales generalizadas en pleno período electoral.

La encrucijada actual de Caputo ilustra las limitaciones de las políticas heterodoxas en contextos de presión cambiaria. El éxito de intervenciones previas no garantiza resultados similares cuando las condiciones estructurales del mercado experimentan modificaciones sustanciales, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad de estrategias basadas en persuasión empresarial más que en instrumentos económicos convencionales.