La aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado representa más que una victoria legislativa para el oficialismo. El proyecto forma parte de los compromisos asumidos por Argentina ante el Fondo Monetario Internacional durante la última revisión del programa de asistencia financiera por 20.000 millones de dólares. La sanción enviaría una señal positiva antes de las negociaciones previstas para febrero próximo.

En agosto pasado, cuando se completó el primer examen del acuerdo vigente, el Ministerio de Economía entregó al organismo multilateral un listado detallado de 12 propuestas de gestión. Estas iniciativas debían ejecutarse entre noviembre de 2025 y finales del año entrante. El documento establecía que el Ejecutivo remitiría al Congreso un proyecto presupuestario con regla de déficit cero incorporada.

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Marco fiscal y superávit como variables centrales del acuerdo
El equilibrio de las cuentas públicas constituye uno de los indicadores más relevantes para la evaluación del programa con el FMI. Javier Milei anticipó que no vetará el proyecto aunque sufra modificaciones durante el tratamiento parlamentario. El Presidente aseguró que reacomodará las partidas presupuestarias para garantizar el resultado fiscal positivo comprometido.

Esta definición política despeja incertidumbres sobre posibles conflictos institucionales tras la votación. El oficialismo prefiere obtener una ley imperfecta antes que cerrar el año sin marco presupuestario aprobado. La flexibilidad exhibida contrasta con la rigidez mostrada en otras negociaciones legislativas durante los últimos meses.

Compromisos cumplidos: desregulación eléctrica y fondos fiduciarios
El Gobierno avanzó en varios puntos del listado presentado al organismo crediticio. La desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista se oficializó durante noviembre mediante normativa específica. Esta reforma permite mayor competencia entre generadores y distribuidores de energía en el territorio nacional.

La eliminación de fondos fiduciarios también registró progresos significativos aunque incompletos. Todavía permanecen activos el Fondo de Garantía Argentino, el destinado a Promoción de la Economía del Conocimiento, el de Infraestructura de Transporte y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. El único exceptuado de la eliminación es aquel orientado a subsidios de gas residencial.

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Privatizaciones: informe elaborado pero sin difusión pública
El acuerdo establecía la publicación de un documento sobre empresas estatales incluidas en la Ley Bases. Este informe debía contener una hoja de ruta detallada para procesos de privatización de compañías públicas. La Agencia de Transformación de Empresas Estatales elaboró el escrito y lo remitió al Palacio de Hacienda.

Sin embargo, los detalles del plan no fueron compartidos públicamente hasta el momento. Esta opacidad genera interrogantes sobre el cronograma previsto para transferencias al sector privado. El FMI monitorea especialmente el avance en materia de racionalización del Estado y reducción de participación estatal en actividades económicas.

Compromisos pendientes: lavado de dinero y registro social único
El listado incluía la publicación de un informe sobre implementación de recomendaciones del GAFI. Este organismo internacional evalúa los mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hasta la fecha no se conocieron novedades oficiales sobre el cumplimiento de este punto específico.

La integración de bases de datos para conformar un registro social único también figura entre las tareas pendientes. Este proyecto se desarrolla en colaboración con el Banco Mundial y apunta a focalizar programas de asistencia social. Adicionalmente, el Gobierno prometió una propuesta para simplificar el sistema tributario que tampoco fue presentada.

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Reservas y tipo de cambio: ajustes recientes al régimen monetario
El FMI advirtió reiteradamente sobre la necesidad de acumular reservas internacionales para cumplir metas del acuerdo. El organismo también recomendó avanzar hacia un esquema cambiario con mayor flexibilidad que el crawling peg vigente hasta hace pocos días.

El Banco Central anunció modificaciones al régimen de bandas de flotación que se actualizarán según el índice inflacionario. Paralelamente, la autoridad monetaria presentó un plan para adquirir entre 10.000 y 17.000 millones de dólares durante los próximos meses. Estos ajustes responden directamente a las observaciones formuladas por técnicos del Fondo.

Subsidios energéticos: nuevo esquema en los próximos días
El Ejecutivo anticipó al organismo internacional una reformulación del sistema de subsidios a tarifas eléctricas y de gas. La segmentación actualmente vigente será reemplazada por un modelo simplificado con únicamente dos categorías diferenciadas.

Los hogares quedarán clasificados entre aquellos que reciben subsidio estatal y quienes abonan el costo pleno de la energía consumida. Esta modificación se formalizará mediante normativa específica antes del cierre del año calendario. El cambio apunta a reducir erogaciones fiscales y mejorar la focalización del gasto social.

Pistas para 2026: sistema previsional y responsabilidad fiscal
El documento entregado al FMI contiene dos propuestas programadas para el año entrante. El equipo económico anticipó que presentará al Congreso un diagnóstico integral del sistema jubilatorio hacia diciembre de 2026. El objetivo declarado es mejorar equidad y sostenibilidad de las cuentas previsionales.

También figura el compromiso de modernizar la Legislación de Responsabilidad Fiscal mediante un proyecto específico. Estas iniciativas configuran la agenda de reformas estructurales que el Gobierno negociará con el organismo multilateral durante las próximas revisiones del programa vigente. La segunda evaluación formal está prevista para febrero según fuentes del Ministerio de Economía.