La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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El convenio comercial entre Argentina y Estados Unidos genera presión territorial hacia gobernadores, pero exige simultáneamente reformas estructurales en marcos regulatorios de patentes, biotecnología y derechos de autor. Manuel Adorni enumera provincias beneficiarias para construir mayorías legislativas mientras Federico Sturzenegger destaca oportunidades exportadoras, aunque análisis detallados revelan compromisos asimétricos que subordinan autonomía regulatoria local.
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El tratado bilateral obliga al Poder Ejecutivo a derogar resoluciones 118/2012, 546/2012 y 107/2012 reguladoras de criterios de patentamiento químico-farmacéutico, junto con la resolución 283/2015 sobre biotecnología. Estas normativas implementan criterios de Organización Mundial de Comercio y Organización Mundial de la Salud para limitar exclusividad de fórmulas desarrolladas por laboratorios internacionales.
Argentina deberá presentar ante el Congreso para ratificación el Tratado de Cooperación en Patentes firmado en Washington en junio de 1970 antes del 30 de abril. El gobierno nacional debe desmontar mecanismos actuales de concesión que permiten demorar otorgamientos para acortar plazos de exclusividad, facilitando dominio público anticipado de invenciones.
El procedimiento actual permite evaluar si una fórmula constituye innovación genuina o desarrollo incremental de productos existentes. Modificaciones implicarán restricciones sobre "semilla propia" utilizada por productores agrícolas, limitando cantidades que pueden reservar de cosechas para siembra siguiente.
Buenos Aires se compromete a remitir al Poder Legislativo antes de diciembre de 2027 siete acuerdos multilaterales sobre propiedad intelectual. El listado incluye Convenio sobre distribución de señales portadoras transmitidas por satélite de mayo de 1974, Tratado de Budapest sobre depósito de microorganismos de abril de 1977, y Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya sobre registro de dibujos industriales de julio de 1999.
También figura el Protocolo del Arreglo de Madrid relativo a Registro Internacional de Marcas de junio de 1989, Tratado sobre Derecho de Patentes de junio de 2000, Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas de marzo de 2006, y Convención Internacional para Protección de Obtenciones Vegetales revisada en marzo de 1991.
El ejecutivo queda obligado a implementar plenamente Convenio de Berna para Protección de Obras Literarias de julio de 1971, Convenio de París para Propiedad Industrial de 1883 revisado en 1967, y Tratado de Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre derechos de autor de 1996.}
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Washington exige establecer mediante ley "multas pecuniarias elevadas y penas de prisión para delitos de falsificación cometidos por redes delictivas organizadas". El gobierno analiza crear Fiscalía de Propiedad Intelectual especializada en persecución de infracciones.
El convenio incluye compromiso de "investigar y presentar procesos penales contra operadores de sitios web con sede en Argentina que participan en piratería de derechos de autor a escala comercial". Autoridades deberán "aumentar número de allanamientos y decomisos efectivos en mercados y centros de distribución más notorios" buscando productos falsificados y pirateados, apuntando a comercios conocidos como "saladitas".
Buenos Aires elaborará informe analizando causas de retrasos en concesión de patentes, identificando factores atribuibles a gestión administrativa y evaluando viabilidad legal de extensiones de plazos ante demoras irrazonables.
Adorni identifica públicamente jurisdicciones favorecidas para generar compromiso político provincial. Buenos Aires multiplicaría exportaciones ganaderas mediante incremento de tonelaje autorizado, mensaje dirigido hacia legisladores bonaerenses y Axel Kicillof. Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos accederían al mercado estadounidense sin barreras en forestales y floricultura.
Santa Fe y Córdoba aprovecharían apertura farmacéutica con medicamentos de alto valor agregado. Distritos mineros como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca también beneficiados. El jefe de Gabinete subraya que el convenio alcanza 24 provincias y 47 millones de ciudadanos.
Gobernadores como Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Claudio Vidal, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil negocian posiciones individualmente con Casa Rosada, representando bloques legislativos decisivos para ratificación parlamentaria.
Sturzenegger considera el tratado como "tercer hito de liberalización comercial" sumándose a acuerdos con EFTA y Unión Europea-Mercosur. El ministro destaca que Argentina "logra profundizar apertura comercial" implicando "bienes más baratos para argentinos" y liberación "del cerco proteccionista que representa el Mercosur".
La apertura incluye maquinaria, bienes de capital, tecnología, equipos industriales, instrumentos de precisión, equipamiento médico, autopartes y material de transporte más accesibles. Locomotoras y vagones necesarios para reconversión de red ferroviaria de cargas, junto con insumos industriales químicos, plásticos y caucho más económicos potenciarían competitividad de cadenas industriales.
Sturzenegger anticipa que precios de ropa "seguirán cayendo" mientras apertura recíproca de mercados ganaderos permitirá quintuplicar exportaciones cárnicas hacia Estados Unidos, ampliando ventas en aproximadamente 800 millones de dólares anuales.
El ministro menciona apertura de cupo de 10.000 vehículos libres de arancel. Combinado con baja de impuestos internos, calcula que un Tesla costaría 52.800 dólares frente a 85.500 anteriores. Competencia aumentada en mercado automotor constituye "tema de vida o muerte" porque "parque automotor más moderno es fundamental para salvar vidas".
La reducción de impuestos internos implementada por Luis Caputo permitió salvar 100 vidas en meses recientes, según estimaciones ministeriales. Fuentes gubernamentales señalan reducciones del 12% en insumos de acero y aluminio, esperando profundización de tendencia descendente.
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Sturzenegger indica que el tratado apunta a "dar verdaderas oportunidades" para productos exportables al mercado estadounidense. Para determinar qué bienes Argentina puede producir a escala consultaron laboratorio especializado en crecimiento económico de Harvard.
La lista resultante incluye productos de transporte, maquinaria y motores relevantes para cadena de defensa, petroquímicos, forestales, medicinas y productos médicos, aluminio, acero, cobre y litio. También abre mercado americano para cadena productiva de bienes aeronáuticos que Washington busca desarrollar en países aliados.
Floricultura y madera generan oportunidades para Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Minería de carbonato de litio, metales y productos textiles específicos completan sectores favorecidos. Sturzenegger calcula que "solamente en carbonato de litio, té negro y hormonas" se amplían mercados en aproximadamente 300 millones de dólares.
El ministro remarca importancia de eliminación de barreras paraarancelarias, particularmente certificaciones. El tratado "genera apertura adicional recíproca muy significativa al avanzar en reconocimiento de estándares recíprocos", permitiendo validación automática de certificaciones estadounidenses en territorio argentino.
Sturzenegger critica ocho gobiernos previos por no ratificar Patent Cooperation Treaty aprobado en Senado hace 29 años, esperando ahora respaldo de Diputados. "La aprobación del PCT va a implicar antes y después para ciencia en Argentina" porque investigadores podrán patentar invenciones nacionalmente.
Patentes presentadas en Argentina otorgarán protección global por 30 meses, debiendo posteriormente obtener patente en cada estado. Derogación de restricciones en patentamiento de medicamentos y semillas protegerá innovaciones locales en biotecnología.
El funcionario anticipa "rápida llegada de nuevas terapias médicas al país" mientras restricciones actuales expulsaron "producción de mejoras genéticas en semillas a otros países". Brasil aumenta producción de soja con semillas diseñadas por científicos argentinos en empresas que no pueden comercializar productos nacionalmente.
Sturzenegger proyecta que normalización de propiedad intelectual en semillas "tiene potencial para duplicar producción agraria en próxima década", constituyendo "quizás reforma estructural más importante para nuestro agro desde siembra directa". La medida permitiría recuperar inversión en desarrollo biotecnológico actualmente realizada fuera del territorio nacional.
El tratado agilizará uso de firma digital, permitiendo que Argentina "da salto de calidad en infraestructura digital sin intervención estatal ni inversión necesaria", comparable al avance logrado con entrada de Starlink para internet satelital. El país "entra en red mundial de comercio digital: marco interoperable, seguro y previsible para startups, fintechs y empresas tecnológicas".
Sturzenegger sostiene que "integrarse al mundo hoy es integrar datos, no solo aduanas", destacando modernización regulatoria en transacciones digitales transfronterizas. El gobierno estima implementación total del acuerdo demandará tres años, considerando aprobación congresional fundamental aunque confiados porque "difícilmente diputados y senadores puedan oponerse a acuerdo que beneficia todas regiones del país".
La conferencia oficial evidencia utilización política del tratado: presionar territorialmente gobernadores mediante promesas sectoriales específicas, construyendo mayorías legislativas necesarias para ratificación parlamentaria del controvertido convenio bilateral que subordina autonomía regulatoria argentina a estándares estadounidenses mediante reformas profundas en propiedad intelectual, certificaciones y marcos normativos productivos.
