La dicotomía entre reactivación de la demanda y disciplina fiscal constituye uno de los falsos dilemas más persistentes del debate económico argentino. Resolverlo conceptualmente no es un ejercicio académico: es la condición intelectual previa para diseñar un programa de crecimiento que no se destruya a sí mismo en el mediano plazo.

El problema mal planteado

Durante décadas, el pensamiento económico argentino operó bajo una premisa implícita que estructuró incorrectamente sus debates centrales: que el estímulo a la demanda agregada y la consolidación fiscal son objetivos necesariamente antagónicos. Bajo esa lógica, toda política expansiva requería déficit, y todo ajuste fiscal implicaba contracción de la actividad. El resultado histórico fue una oscilación pendular entre ciclos de expansión con desestabilización financiera y ciclos de ajuste con destrucción productiva, sin que ninguno de los dos extremos generara las condiciones para una acumulación sostenida de capacidades.

La economía del desarrollo contemporánea —articulada desde las contribuciones de Dani Rodrik sobre política industrial selectiva, pasando por los trabajos de Mariana Mazzucato sobre el Estado emprendedor, hasta los marcos analíticos de la CEPAL sobre heterogeneidad estructural— ofrece una respuesta teóricamente más sofisticada y empíricamente más robusta: la demanda agregada puede reactivarse de manera sostenida sin expansión del déficit fiscal, siempre que la intervención del Estado opere sobre la composición de la demanda y no exclusivamente sobre su volumen. Esta distinción —entre cantidad y calidad de la demanda— es el núcleo conceptual que el desarrollismo del siglo XXI aporta al debate argentino y que la política económica vigente no ha incorporado con la sistematicidad que la coyuntura exige.

Anatomía de la demanda agregada argentina y sus fracturas estructurales

La demanda agregada, en su formulación canónica, se compone de consumo privado, inversión, gasto público y exportaciones netas. El análisis desarrollista agrega una dimensión que el modelo neoclásico tiende a subvaluar: la calidad composicional de cada uno de esos componentes determina tanto la sostenibilidad del ciclo como su capacidad de generar encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás en la estructura industrial.

El consumo privado argentino exhibe actualmente una doble fractura estructural. Por un lado, la compresión salarial acumulada durante el proceso de ajuste —necesaria para restaurar márgenes fiscales y corregir precios relativos distorsionados— erosionó la propensión marginal al consumo de los hogares de menores ingresos, precisamente los que presentan mayor sensibilidad al ciclo y mayor densidad de demanda sobre el sector industrial doméstico. Por otro lado, la persistencia inflacionaria en torno al 2,9% mensual —con diez meses consecutivos sin desaceleración efectiva y una acumulación interanual que supera el 33%— opera como un impuesto regresivo no legislado que contrae sistemáticamente el poder adquisitivo real de los salarios formales, independientemente de los ajustes nominales que los convenios colectivos puedan negociar.

La inversión privada, por su parte, enfrenta el problema clásico de coordinación que la teoría del desarrollo identificó desde los trabajos pioneros de Paul Rosenstein-Rodan sobre el gran empuje: en ausencia de señales coordinadas sobre la dirección sectorial del crecimiento, los inversores privados tienden a subestimar sistemáticamente las oportunidades productivas porque cada uno descuenta la probabilidad de que los demás inviertan en los sectores complementarios que darían viabilidad a su propia inversión. Sin una intervención deliberada de coordinación —que no necesariamente implica gasto deficitario— ese equilibrio de bajo nivel tiende a perpetuarse.

La síntesis posible: demanda dirigida con disciplina fiscal

La proposición central que el análisis desarrollista puede aportar al momento argentino es conceptualmente precisa aunque políticamente demandante: el equilibrio fiscal y la reactivación de la demanda agregada son compatibles cuando el instrumento de reactivación no es el volumen del gasto sino su redirección estratégica hacia sectores con alta densidad de encadenamientos, elevado multiplicador de empleo formal y capacidad de generar divisas que retroalimenten el ciclo de manera autónoma.

Esta redirección estratégica opera a través de mecanismos que no requieren expansión del déficit sino reorganización de la estructura de incentivos dentro de la restricción fiscal existente. El primero de ellos es la política tributaria diferencial por complejidad productiva: una estructura impositiva que alivie la carga sobre las actividades manufactureras de mayor densidad tecnológica —hoy gravadas con alícuotas de ingresos brutos que compiten destructivamente con la importación— y la sostenga sobre rentas extraordinarias de sectores primarios cuya elasticidad de oferta es relativamente inelástica a la tributación marginal. Esta recomposición no altera el equilibrio agregado de recaudación; altera la señal de rentabilidad relativa que los inversores privados enfrentan al asignar capital entre sectores.

El segundo mecanismo es la banca de desarrollo como instrumento de inversión contracíclica dirigida. La Alemania del Kreditanstalt für Wiederaufbau, el Brasil del BNDES en sus períodos de mayor eficacia, la Corea del Sur del Korean Development Bank —todos operaron como mecanismos de movilización de ahorro privado hacia inversión productiva de largo plazo, sin que esa intermediación implicara necesariamente expansión del déficit público. El BICE argentino existe institucionalmente pero opera con una escala y una arquitectura de incentivos que no le permiten cumplir esa función sistémica. Su rediseño estratégico —con líneas específicas para electromovilidad, transición energética, economía del conocimiento y modernización del tejido pyme industrial— representaría un multiplicador de demanda privada financiado con ahorro doméstico intermediado, no con emisión.

El tercer mecanismo, quizás el de mayor impacto distributivo en el corto plazo, es la recomposición del salario real como componente de demanda —no solo como costo de producción. El pensamiento económico ortodoxo tiende a conceptualizar el salario exclusivamente desde el lado de la oferta: como un precio del trabajo que afecta la competitividad de las empresas. El desarrollismo lo conceptualiza simultáneamente desde el lado de la demanda: como el principal determinante del consumo doméstico en economías donde la propensión marginal a consumir de los hogares trabajadores es estructuralmente superior a la de los hogares de mayores ingresos. Una política de ingresos que indexe los salarios mínimos a la productividad sectorial —no a la inflación pasada, sino a las ganancias de productividad efectivas de cada rama— genera demanda sostenible sin presión inflacionaria de costos, porque el incremento salarial encuentra su contraparte en mayor productividad por unidad producida.

El equilibrio fiscal como plataforma, no como destino

La contribución más importante que el análisis desarrollista puede hacer al debate económico argentino contemporáneo es redefinir el significado del equilibrio fiscal dentro de la jerarquía de objetivos del programa económico. El equilibrio fiscal no es el fin del programa: es la condición que habilita la credibilidad necesaria para que los instrumentos de reactivación operen con eficacia. Un Estado con acceso a mercados de deuda voluntaria en condiciones razonables —que el equilibrio fiscal hace posible— puede financiar inversión pública en infraestructura productiva, en ciencia y tecnología y en capital humano sin que ese financiamiento genere presión monetaria ni deterioro de las expectativas inflacionarias.

La secuencia correcta, en ese marco analítico, es la siguiente: primero, consolidar el equilibrio fiscal para restaurar la credibilidad del Estado como deudor soberano y como institución de coordinación económica. Segundo, utilizar esa credibilidad para acceder a financiamiento de largo plazo destinado exclusivamente a inversión con retorno económico mensurable —no a gasto corriente. Tercero, direccionar esa inversión hacia sectores con alta capacidad de arrastre sobre la demanda privada doméstica, generando el gran empuje coordinado que el mercado por sí solo no puede organizar.

Esta secuencia no es una utopía teórica. Es, con sus variaciones históricas específicas, el sendero que recorrieron las economías que lograron transformaciones estructurales sostenidas en la segunda mitad del siglo XX. Argentina posee los recursos naturales, el capital humano, la base industrial y la tradición institucional para recorrerlo. Lo que ha faltado, con dolorosa recurrencia, es la voluntad de articular el rigor fiscal con la ambición transformadora en lugar de elegir siempre uno a expensas del otro.

El desarrollismo del siglo XXI no propone gastar más. Propone gastar mejor, invertir con dirección estratégica y reconocer que la demanda agregada sostenible no se construye con déficit: se construye con productividad, con salarios reales crecientes y con instituciones que hagan previsible el entorno en que los agentes privados toman sus decisiones de largo plazo.

Gustavo Rodolfo Reija-CEO Netia Group SAS